Inicio
Política
Juan Francisco Soto, director del querellante Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), dijo a la AFP que en la repetición del juicio se volverán a presentar los medios de prueba utilizados en el primer proceso que terminó con una sentencia condenatoria contra Ríos Montt.
Soto indicó que presentarán planes militares, informes, peritajes y testificarán 120 sobrevivientes y familiares de víctimas de las matanzas atribuidas al régimen del exdictador entre 1982 y 1983.
El octogenario militar será sometido de nuevo a la justicia luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial de Guatemala, anulara la condena de 80 años de prisión por genocidio impuesta el 10 de mayo de 2013 por otro tribunal, al argumentar errores procesales.
"Si ya se probó una vez el delito de genocidio se volverá a probar, las pruebas son contundentes", declaró Soto, quien lamentó que tres de los testigos que rindieron su declaración en el primer juicio fallecieron debido a su avanzada edad.
Ríos Montt y su exjefe de inteligencia militar, José Rodríguez, son procesados por el asesinato de 1.771 indígenas mayas-ixiles entre 1982 y 1983 en el norte del país durante el cruento conflicto armado interno de 36 años de Guatemala (1960-1996), que dejó unos 200.000 muertos o desaparecidos, según la ONU.
Según la acusación, Ríos Montt orquestó una política de exterminio contra el pueblo indígena, al que señalaba de colaborar con las guerrillas izquierdistas durante la guerra civil.
En los últimos días la defensa del exdictador pidió que la jueza Janeth Váldez, presidente del tribunal, se aparte del caso tras señalar que la jurista tiene una "opinión parcializada" al haber elaborado una tesis sobre el genocidio en Guatemala en la que señala a Ríos Montt de graves violaciones a los derechos humanos.
Los abogados también solicitaron que el militar se ausente en la apertura del juicio al aducir que sufre problemas en la columna vertebral, así como padecimientos cardíacos y oftalmológicos.
Estas acciones han sido consideradas por los activistas como medidas para intentar retrasar el inicio del juicio. A pesar de esas peticiones, el tribunal mantiene vigente la apertura del proceso para este lunes.
