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Beate Zschäpe
"Por favor, no me juzguen por lo que hicieron otros y por algo que yo no quería ni hice", declaró Beate Zschäpe en su alegato final, que pone el broche a uno de los procesos judiciales más complejos y largos que se han juzgado en la potencia europea.
La presunta terrorista, que podría enfrentarse a una pena de cadena perpetua, insistió en que jamás estuvo al tanto de los asesinatos cometidos por sus dos compañeros Uwe Mundlos y Uwe Böhnhardt, ya fallecidos, y dijo también no saber qué criterios siguieron éstos a la hora de elegir a sus víctimas.
Sobre Zschäpe recae la sospecha de integrar junto a Mundlos y Böhnhardt la célula alemana neonazi Resistencia Nacionalsocialista (NSU), acusada de asesinar a ocho inmigrantes turcos, a uno griego y a una policía alemana entre los años 2000 y 2007, y de perpetrar un ataque bomba en Colonia contra el negocio de una familia iraní.
Junto con ella rinden cuentas ante la Justicia Carsten S., Ralf W., André E. y Holger H, acusados de colaboración en la trama de violencia ultraderechista.
La Justicia tiene previsto dictar sentencia sobre el caso el próximo 11 de julio poniendo fin así a un juicio que durante los últimos cinco años citó a declarar a cerca de mil testigos y consultó a cerca de medio centenar de expertos para intentar arrojar luz sobre la célula neonazi que generó terror durante años en Alemania.
Durante el juicio, la Fiscalía también acusó a Zschäpe de consumar varios atracos graves y de prender fuego a la última vivienda que compartía con Mundlos y Böhnhardt una vez que ambos habían muerto. Además, la acusación considera probado que Zschäpe compartió la ideología fanática nacionalsocialista del trío y que contribuyó a sembrar el miedo en los inmigrantes con asesinatos arbitrarios.
El fiscal describió a la principal acusada como "una persona fríamente calculadora" para la cual la vida de los demás carecía de importancia.
Zschäpe ha negado toda participación en las muertes desde que comenzó el juicio y en todo momento responsabilizó a sus dos compañeros. Según la versión oficial, Mundlos y Bohnhardt se suicidaron en 2011 cuando eran perseguidos por la Policía tras el asalto a un banco.
Tras la muerte de ambos, Zschäpe incendió el apartamento en el que vivían en la localidad de Zwickau y se presentó a las autoridades. La fiscalía sostuvo que lo hizo para destruir pruebas, poniendo en riesgo a los demás residentes del edificio.
Además de cadena perpetua para la presunta terrorista, la fiscalía solicitó 12 años de cárcel para Ralf W., un ex funcionario del neonazi Partido Nacional Democrático, acusado de haber conseguido una pistola Ceska con la que los neonazis dieron muerte a nueve inmigrantes.
También pidió tres años de prisión en un correccional juvenil para Carsten S. por haber ayudado a procurar una pistola.
Contra otro de los cinco acusados de complicidad en la trama ultraderechista, el alemán André E., se solicitaron también 12 años de prisión por su presunta participación en el atentado explosivo a una tienda de alimentos en Colonia.
Para Holger G. se piden cinco años de prisión por haber suministrado documentos falsos a los neonazis.
El caso, que comenzó a juzgarse en mayo de 2013, dejó al descubierto graves fallos por parte de la Policía y los servicios de inteligencia germanos, que no tuvieron la mínima sospecha de una posible motivación racista y dirigieron las pesquisas hacia el entorno de las víctimas, suponiendo que eran ajustes de cuentas entre mafias extranjeras.
La presunta terrorista, que podría enfrentarse a una pena de cadena perpetua, insistió en que jamás estuvo al tanto de los asesinatos cometidos por sus dos compañeros Uwe Mundlos y Uwe Böhnhardt, ya fallecidos, y dijo también no saber qué criterios siguieron éstos a la hora de elegir a sus víctimas.
Sobre Zschäpe recae la sospecha de integrar junto a Mundlos y Böhnhardt la célula alemana neonazi Resistencia Nacionalsocialista (NSU), acusada de asesinar a ocho inmigrantes turcos, a uno griego y a una policía alemana entre los años 2000 y 2007, y de perpetrar un ataque bomba en Colonia contra el negocio de una familia iraní.
Junto con ella rinden cuentas ante la Justicia Carsten S., Ralf W., André E. y Holger H, acusados de colaboración en la trama de violencia ultraderechista.
La Justicia tiene previsto dictar sentencia sobre el caso el próximo 11 de julio poniendo fin así a un juicio que durante los últimos cinco años citó a declarar a cerca de mil testigos y consultó a cerca de medio centenar de expertos para intentar arrojar luz sobre la célula neonazi que generó terror durante años en Alemania.
Durante el juicio, la Fiscalía también acusó a Zschäpe de consumar varios atracos graves y de prender fuego a la última vivienda que compartía con Mundlos y Böhnhardt una vez que ambos habían muerto. Además, la acusación considera probado que Zschäpe compartió la ideología fanática nacionalsocialista del trío y que contribuyó a sembrar el miedo en los inmigrantes con asesinatos arbitrarios.
El fiscal describió a la principal acusada como "una persona fríamente calculadora" para la cual la vida de los demás carecía de importancia.
Zschäpe ha negado toda participación en las muertes desde que comenzó el juicio y en todo momento responsabilizó a sus dos compañeros. Según la versión oficial, Mundlos y Bohnhardt se suicidaron en 2011 cuando eran perseguidos por la Policía tras el asalto a un banco.
Tras la muerte de ambos, Zschäpe incendió el apartamento en el que vivían en la localidad de Zwickau y se presentó a las autoridades. La fiscalía sostuvo que lo hizo para destruir pruebas, poniendo en riesgo a los demás residentes del edificio.
Además de cadena perpetua para la presunta terrorista, la fiscalía solicitó 12 años de cárcel para Ralf W., un ex funcionario del neonazi Partido Nacional Democrático, acusado de haber conseguido una pistola Ceska con la que los neonazis dieron muerte a nueve inmigrantes.
También pidió tres años de prisión en un correccional juvenil para Carsten S. por haber ayudado a procurar una pistola.
Contra otro de los cinco acusados de complicidad en la trama ultraderechista, el alemán André E., se solicitaron también 12 años de prisión por su presunta participación en el atentado explosivo a una tienda de alimentos en Colonia.
Para Holger G. se piden cinco años de prisión por haber suministrado documentos falsos a los neonazis.
El caso, que comenzó a juzgarse en mayo de 2013, dejó al descubierto graves fallos por parte de la Policía y los servicios de inteligencia germanos, que no tuvieron la mínima sospecha de una posible motivación racista y dirigieron las pesquisas hacia el entorno de las víctimas, suponiendo que eran ajustes de cuentas entre mafias extranjeras.
