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Política
En diálogo con EL NUEVO SIGLO, Pinilla aseguró además que hasta el 20 de julio de 2010 tendrá como plazo máximo el Gobierno para que atienda de manera integral a los desplazados por la violencia.
Estas declaraciones las dio el magistrado una semana después de que Acción Social se rajara en la rendición de cuentas que hiciera ante el alto Tribunal.
EL NUEVO SIGLO: ¿No hay una medida contundente para evitar que el Gobierno siga esquivando su responsabilidad de amparar a los desplazados?
NILSON PINILLA PINILLA: Se han proferido una serie de autos que vienen exigiendo a los distintos organismos del Gobierno que cumplan los programas de readaptación, pero la realidad es que el cumplimiento no se da; pero por supuesto que la Corte Constitucional mantiene la función de hacer cumplirlo, porque el Estado tiene la obligación de velar por las personas que no protegió.
E.N.S.: ¿Qué lectura le da la Corte Constitucional a estas evasivas o excusas que han dado las entidades gubernamentales, como Acción Social, en cuanto a los desplazados?
N.P.P.: No lo podríamos tildar de evasivas. Lo que pasa es que evidentemente el problema es muy complejo, muy profundo, en buena parte ambiguo, y los esfuerzos no alcanzan. Además, hay que entender que este es un país con muchas dificultades económicas, pero el Estado también tiene una obligación constitucional muy clara y la va cumplir.
E.N.S.: ¿En cuánto tiempo cree usted que el Gobierno cumpliría con la reparación integral de las víctimas del desplazamiento?
N.P.P.: Hay unas fechas en esas determinaciones que la Corte tomó, que es de julio del 2010.
E.N.S.: ¿Cómo armonizar en la práctica lo que ha ordenado la Corte con la reparación administrativa?
N.P.P.: Son cosas que debe hacer el Legislador, son temas que no son resorte de la rama judicial sino que deberá asumir el Legislador. El mismo mecanismo de coordinación de los órganos e institutos del poder central con los organismos territoriales. Allí hay unos problemas de coordinación entre la Nación, los departamentos y los municipios, y esa descoordinación incide en la dificultad para que la aplicación sea más expedita.
E.N.S.: ¿Cuál cree que sea la salida o solución definitiva para que el Gobierno no dé más largas a la atención de los desplazados?
N.P.P.: El tema es de armonización, y las órdenes judiciales son para cumplirlas. El tema es que haya una integración entre eso y la audiencia de rendición de cuentas por parte de Acción Social, con participación de organismos del Gobierno y organismos de control como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, y organismos no gubernamentales que están muy implicados en el tema, como Codhes, la Acnur y muchos otros organismos que tienen una gran presencia en procurar la satisfacción a las víctimas.
E.N.S.: ¿No hay correctivos para aplicarles a aquellos órganos del Estado que no cumplen con las órdenes judiciales proferidas por la Corte Constitucional?
N.P.P.: Correctivos sí hay, porque se trata de una acumulación de acciones de tutela y de donde se profirieron unas órdenes específicas frente a los desplazados que acudieron a una tutela, pero también unas órdenes generales para toda la comunidad de desplazados, y eso hay que cumplirlo. La Corte Constitucional seguirá muy atenta a esto.
Estas declaraciones las dio el magistrado una semana después de que Acción Social se rajara en la rendición de cuentas que hiciera ante el alto Tribunal.
EL NUEVO SIGLO: ¿No hay una medida contundente para evitar que el Gobierno siga esquivando su responsabilidad de amparar a los desplazados?
NILSON PINILLA PINILLA: Se han proferido una serie de autos que vienen exigiendo a los distintos organismos del Gobierno que cumplan los programas de readaptación, pero la realidad es que el cumplimiento no se da; pero por supuesto que la Corte Constitucional mantiene la función de hacer cumplirlo, porque el Estado tiene la obligación de velar por las personas que no protegió.
E.N.S.: ¿Qué lectura le da la Corte Constitucional a estas evasivas o excusas que han dado las entidades gubernamentales, como Acción Social, en cuanto a los desplazados?
N.P.P.: No lo podríamos tildar de evasivas. Lo que pasa es que evidentemente el problema es muy complejo, muy profundo, en buena parte ambiguo, y los esfuerzos no alcanzan. Además, hay que entender que este es un país con muchas dificultades económicas, pero el Estado también tiene una obligación constitucional muy clara y la va cumplir.
E.N.S.: ¿En cuánto tiempo cree usted que el Gobierno cumpliría con la reparación integral de las víctimas del desplazamiento?
N.P.P.: Hay unas fechas en esas determinaciones que la Corte tomó, que es de julio del 2010.
E.N.S.: ¿Cómo armonizar en la práctica lo que ha ordenado la Corte con la reparación administrativa?
N.P.P.: Son cosas que debe hacer el Legislador, son temas que no son resorte de la rama judicial sino que deberá asumir el Legislador. El mismo mecanismo de coordinación de los órganos e institutos del poder central con los organismos territoriales. Allí hay unos problemas de coordinación entre la Nación, los departamentos y los municipios, y esa descoordinación incide en la dificultad para que la aplicación sea más expedita.
E.N.S.: ¿Cuál cree que sea la salida o solución definitiva para que el Gobierno no dé más largas a la atención de los desplazados?
N.P.P.: El tema es de armonización, y las órdenes judiciales son para cumplirlas. El tema es que haya una integración entre eso y la audiencia de rendición de cuentas por parte de Acción Social, con participación de organismos del Gobierno y organismos de control como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, y organismos no gubernamentales que están muy implicados en el tema, como Codhes, la Acnur y muchos otros organismos que tienen una gran presencia en procurar la satisfacción a las víctimas.
E.N.S.: ¿No hay correctivos para aplicarles a aquellos órganos del Estado que no cumplen con las órdenes judiciales proferidas por la Corte Constitucional?
N.P.P.: Correctivos sí hay, porque se trata de una acumulación de acciones de tutela y de donde se profirieron unas órdenes específicas frente a los desplazados que acudieron a una tutela, pero también unas órdenes generales para toda la comunidad de desplazados, y eso hay que cumplirlo. La Corte Constitucional seguirá muy atenta a esto.
