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En ese ataque, ocurrido el 18 de julio de 1994, murieron 85 personas y 500 más resultaron heridas.
Junto a Menem, actual senador nacional por la norteña provincia de La Rioja, también fueron procesados por irregularidades en la investigación su hermano Munir Menem, el ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy, el comisario general retirado de la Policía Federal, Jorge Palacios, y el destituido juez federal Juan José Galeano.
Galeano tuvo a su cargo un tramo extenso de la pesquisa desde el momento del atentado contra la AMIA.
Los procesamientos incluyeron también al ex subsecretario de Inteligencia, Juan Carlos Anchezar, y al comisario retirado Carlos Castañeda.
La decisión fue tomada por el juez federal Ariel Lijo, quien denunció la obstrucción de las investigaciones en el ataque a la mutual judía.
El magistrado solicitó también embargos por 300.000 pesos (unos 78.000 dólares) en perjuicio de cada uno de los acusados.
Según el juez, los hermanos Menem influyeron sobre Galeano para obstruir la investigación.
Los hermanos Menem tuvieron una "determinante incidencia" en el proceso judicial que dirigía Galeano, según la resolución de Lijo, con el objeto de obstruir la investigación de la llamada "pista siria" o "pista iraní" en el atentado.
El juez Lijo los procesó por "por considerarlos instigadores de los delitos de encubrimiento, falsedad ideológica, violación de medios de prueba y abuso de autoridad".
De acuerdo con la investigación, antes del 31 de julio de 1994 existía en el expediente que manejaba Galeano "un marco probatorio" que imponía allanar el domicilio e intervenir los teléfonos de Alberto Kanoore Edul, un comerciante de origen sirio, al igual que la familia Menem.
Dichas intervenciones telefónicas, las cuales fueron destruidas, demostraban que Kanoore Edul estuvo vinculado con Carlos Telleldín, un desvalijador de automóviles, quien fue detenido tras comprobarse que tuvo en su poder la camioneta utilizada como coche-bomba para el atentado.
El fiscal del caso, Alberto Nisman, dijo que existió un plan deliberadamente ideado para proteger a Kanoore Edul, quien según la justicia local planificó el atentado junto al ex agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires, Moshen Rabbani.
"Al momento de efectuar los allanamientos existió una contraorden que determinó la necesidad de incumplir dichas medidas" para proteger a la familia Kanoore Edul y obstaculizar el descubrimiento de prueba relevante para la imputación de miembros de esta familia, determinó Lijo.
"Esas maniobras redundaron en un evidente entorpecimiento de la investigación, en particular, en una de las hipótesis más relevantes que se relacionaba con la corroboración de la participación de una conexión internacional en el atentado a la AMIA", aseguró el magistrado.
En la causa son querellantes la AMIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y los familiares de las víctimas.
En declaraciones a la prensa el presidente de la AMIA, Guillermo Borger, dijo que "la decisión judicial da una nueva luz de esperanza".
Junto a Menem, actual senador nacional por la norteña provincia de La Rioja, también fueron procesados por irregularidades en la investigación su hermano Munir Menem, el ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy, el comisario general retirado de la Policía Federal, Jorge Palacios, y el destituido juez federal Juan José Galeano.
Galeano tuvo a su cargo un tramo extenso de la pesquisa desde el momento del atentado contra la AMIA.
Los procesamientos incluyeron también al ex subsecretario de Inteligencia, Juan Carlos Anchezar, y al comisario retirado Carlos Castañeda.
La decisión fue tomada por el juez federal Ariel Lijo, quien denunció la obstrucción de las investigaciones en el ataque a la mutual judía.
El magistrado solicitó también embargos por 300.000 pesos (unos 78.000 dólares) en perjuicio de cada uno de los acusados.
Según el juez, los hermanos Menem influyeron sobre Galeano para obstruir la investigación.
Los hermanos Menem tuvieron una "determinante incidencia" en el proceso judicial que dirigía Galeano, según la resolución de Lijo, con el objeto de obstruir la investigación de la llamada "pista siria" o "pista iraní" en el atentado.
El juez Lijo los procesó por "por considerarlos instigadores de los delitos de encubrimiento, falsedad ideológica, violación de medios de prueba y abuso de autoridad".
De acuerdo con la investigación, antes del 31 de julio de 1994 existía en el expediente que manejaba Galeano "un marco probatorio" que imponía allanar el domicilio e intervenir los teléfonos de Alberto Kanoore Edul, un comerciante de origen sirio, al igual que la familia Menem.
Dichas intervenciones telefónicas, las cuales fueron destruidas, demostraban que Kanoore Edul estuvo vinculado con Carlos Telleldín, un desvalijador de automóviles, quien fue detenido tras comprobarse que tuvo en su poder la camioneta utilizada como coche-bomba para el atentado.
El fiscal del caso, Alberto Nisman, dijo que existió un plan deliberadamente ideado para proteger a Kanoore Edul, quien según la justicia local planificó el atentado junto al ex agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires, Moshen Rabbani.
"Al momento de efectuar los allanamientos existió una contraorden que determinó la necesidad de incumplir dichas medidas" para proteger a la familia Kanoore Edul y obstaculizar el descubrimiento de prueba relevante para la imputación de miembros de esta familia, determinó Lijo.
"Esas maniobras redundaron en un evidente entorpecimiento de la investigación, en particular, en una de las hipótesis más relevantes que se relacionaba con la corroboración de la participación de una conexión internacional en el atentado a la AMIA", aseguró el magistrado.
En la causa son querellantes la AMIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y los familiares de las víctimas.
En declaraciones a la prensa el presidente de la AMIA, Guillermo Borger, dijo que "la decisión judicial da una nueva luz de esperanza".
