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Nicolás Maduro
Haciéndose eco de irregularidades señaladas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) -ante el cual se tramita la consulta-, el chavismo presentó una querella en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de estar al servicio del gobierno.
"Hemos venido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para introducir una demanda con amparo cautelar, para que se cuiden los derechos constitucionales de los venezolanos", dijo a la prensa Jorge Rodríguez, sin precisar los términos ni alcance del recurso.
Rodríguez -delegado por Maduro para monitorear el proceso con el cual la oposición quiere sacarlo del poder- añadió que la querella evitaría que "sea un fraude brutal perpetrado el que autorice a una organización (política) a cumplir con la siguiente etapa" del revocatorio.
Sin embargo, el vocero se mostró evasivo al ser interrogado por los periodistas acerca de si la demanda se hace contra toda la fase de la recolección de firmas o solo una parte, o si pretende anular el proceso que sigue la oposición para activar la consulta.
"Lo que estamos buscando es que se defienda la Constitución. Esta patraña que montaron (...) lo que buscaba era crear un clima suficiente para que la violencia se desatara", respondió Rodríguez, exhibiendo un dossier con las supuestas faltas, entre las cuales firmas de personas fallecidas, convictos y menores de edad.
El gobierno también introdujo una querella contra la directiva del Parlamento, de mayoría opositora, por "usurpación de funciones" por haber pedido a la OEA debatir la severa crisis del país.
Bajo este argumento, el máximo tribunal vetó la Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud que aprobó la oposición para pedir al Ejecutivo que acepte ayuda humanitaria del exterior.
En la Asamblea General de la OEA, que arrancó este lunes en República Dominicana, la canciller venezolana Delcy Rodríguez acusó al secretario general del organismo Luis Almagro de promover "un golpe de Estado en Venezuela".
Juristas consultados por AFP señalaron que la demanda apuntaría a retrasar el proceso e incluso ocasionar su suspensión.
"En base a que hay un número de supuestas firmas fraudulentas, podrían suspender todo el proceso y seguir alargándolo para que no sea en 2016, con lo cual estarían impidiendo el ejercicio de un derecho", dijo Cecilia Sosa, presidenta de la Corte Suprema de Justicia entre 1996 y 1999.
El también constitucionalista Juan Manuel Raffalli coincidió en que la medida cautelar podría llevar al TSJ a suspender el proceso o "retrotraerlo", con lo cual la oposición tendría que volver a recoger las firmas.
"El TSJ actúa como un operador político, puede decir cualquier cosa", sostuvo Raffalli.
Para la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el referendo solo tiene sentido si se realiza antes del 10 de enero de 2017, pues si Maduro lo pierde se deben convocar elecciones presidenciales.
Pero si tiene lugar después de esa fecha, el vicepresidente -designado por el mandatario socialista- asumirá el cargo hasta 2019.
Siete de cada diez venezolanos apoya un cambio de gobierno, según la encuestadora Datanálisis.
"Es completamente imposible que este año 2016 se pueda convocar un referendo revocatorio", aseguró Rodríguez, reiterando lo dicho por el gobernante el pasado sábado.
"Nosotros no le tenemos miedo (al revocatorio), lo ha dicho en varias oportunidades el presidente Maduro. Si se cumplen los extremos legales en 2017, vamos a ir al referendo revocatorio", añadió, insistiendo en que el chavismo también presentará demandas penales contra los impulsores del referendo.
El principal de ellos es Henrique Capriles, quien realiza desde este lunes una gira suramericana para pedir a los gobiernos que exijan a Maduro respetar la Constitución dando paso al revocatorio.
Consultado el domingo por la AFP sobre la demanda de fraude, anunciada el viernes último, Capriles dijo que era "la típica reacción del que le tiene miedo al pueblo; él (Maduro) le tiene terror al revocatorio porque sabe que el pueblo quiere cambio".
El pasado viernes, el CNE dio luz verde para que la oposición valide 1,3 millones de firmas que ese organismo certificó, de un total de 1,8 millones entregadas el 2 de mayo para activar el revocatorio.
Para poner en marcha la consulta se requiere la validación de unas 200.000 rúbricas, proceso que consiste en que el interesado registre además su huella dactilar en una máquina biométrica.
Este requisito se cumplirá del 20 al 24 de junio, luego de lo cual la MUD tendría que aportar otros cuatro millones de firmas para que se convoque el referendo.
Mientras, la oposición inicio este lunes una campaña para informar a sus seguidores sobre la validación de firmas, en tanto alista movilizaciones el jueves con los llamados "excluidos", unos 600.000 a quienes el CNE no les certificó la rúbrica por diversas razones, entre ellos el propio Capriles.
"Hemos venido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para introducir una demanda con amparo cautelar, para que se cuiden los derechos constitucionales de los venezolanos", dijo a la prensa Jorge Rodríguez, sin precisar los términos ni alcance del recurso.
Rodríguez -delegado por Maduro para monitorear el proceso con el cual la oposición quiere sacarlo del poder- añadió que la querella evitaría que "sea un fraude brutal perpetrado el que autorice a una organización (política) a cumplir con la siguiente etapa" del revocatorio.
Sin embargo, el vocero se mostró evasivo al ser interrogado por los periodistas acerca de si la demanda se hace contra toda la fase de la recolección de firmas o solo una parte, o si pretende anular el proceso que sigue la oposición para activar la consulta.
"Lo que estamos buscando es que se defienda la Constitución. Esta patraña que montaron (...) lo que buscaba era crear un clima suficiente para que la violencia se desatara", respondió Rodríguez, exhibiendo un dossier con las supuestas faltas, entre las cuales firmas de personas fallecidas, convictos y menores de edad.
El gobierno también introdujo una querella contra la directiva del Parlamento, de mayoría opositora, por "usurpación de funciones" por haber pedido a la OEA debatir la severa crisis del país.
Bajo este argumento, el máximo tribunal vetó la Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud que aprobó la oposición para pedir al Ejecutivo que acepte ayuda humanitaria del exterior.
En la Asamblea General de la OEA, que arrancó este lunes en República Dominicana, la canciller venezolana Delcy Rodríguez acusó al secretario general del organismo Luis Almagro de promover "un golpe de Estado en Venezuela".
- Eventual suspensión -
Juristas consultados por AFP señalaron que la demanda apuntaría a retrasar el proceso e incluso ocasionar su suspensión.
"En base a que hay un número de supuestas firmas fraudulentas, podrían suspender todo el proceso y seguir alargándolo para que no sea en 2016, con lo cual estarían impidiendo el ejercicio de un derecho", dijo Cecilia Sosa, presidenta de la Corte Suprema de Justicia entre 1996 y 1999.
El también constitucionalista Juan Manuel Raffalli coincidió en que la medida cautelar podría llevar al TSJ a suspender el proceso o "retrotraerlo", con lo cual la oposición tendría que volver a recoger las firmas.
"El TSJ actúa como un operador político, puede decir cualquier cosa", sostuvo Raffalli.
Para la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el referendo solo tiene sentido si se realiza antes del 10 de enero de 2017, pues si Maduro lo pierde se deben convocar elecciones presidenciales.
Pero si tiene lugar después de esa fecha, el vicepresidente -designado por el mandatario socialista- asumirá el cargo hasta 2019.
- "No le tenemos miedo" al revocatorio
Siete de cada diez venezolanos apoya un cambio de gobierno, según la encuestadora Datanálisis.
"Es completamente imposible que este año 2016 se pueda convocar un referendo revocatorio", aseguró Rodríguez, reiterando lo dicho por el gobernante el pasado sábado.
"Nosotros no le tenemos miedo (al revocatorio), lo ha dicho en varias oportunidades el presidente Maduro. Si se cumplen los extremos legales en 2017, vamos a ir al referendo revocatorio", añadió, insistiendo en que el chavismo también presentará demandas penales contra los impulsores del referendo.
El principal de ellos es Henrique Capriles, quien realiza desde este lunes una gira suramericana para pedir a los gobiernos que exijan a Maduro respetar la Constitución dando paso al revocatorio.
Consultado el domingo por la AFP sobre la demanda de fraude, anunciada el viernes último, Capriles dijo que era "la típica reacción del que le tiene miedo al pueblo; él (Maduro) le tiene terror al revocatorio porque sabe que el pueblo quiere cambio".
El pasado viernes, el CNE dio luz verde para que la oposición valide 1,3 millones de firmas que ese organismo certificó, de un total de 1,8 millones entregadas el 2 de mayo para activar el revocatorio.
Para poner en marcha la consulta se requiere la validación de unas 200.000 rúbricas, proceso que consiste en que el interesado registre además su huella dactilar en una máquina biométrica.
Este requisito se cumplirá del 20 al 24 de junio, luego de lo cual la MUD tendría que aportar otros cuatro millones de firmas para que se convoque el referendo.
Mientras, la oposición inicio este lunes una campaña para informar a sus seguidores sobre la validación de firmas, en tanto alista movilizaciones el jueves con los llamados "excluidos", unos 600.000 a quienes el CNE no les certificó la rúbrica por diversas razones, entre ellos el propio Capriles.
