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Política
Manifestantes en la plaza de la liberación, en El Cairo, Egipto.
La decisión anunciada por la justicia egipcia concierne, además del presidente, que dejó el poder bajo presión de los manifestantes el 11 de febrero, a su esposa Suzanne así como a sus dos hijos, Alaa y Gamal, y sus esposas Heidi Rasekh y Khadiga al-Gammal, según esta fuente.
Un adjunto del ministro de Justicia, Assem el Gawhari, citado más tarde por la agencia oficial Mena, pidió también que "sean tomadas medidas legales para levantar el secreto sobre las cuentas bancarias del ex presidente Hosni Mubarak", así como las de su esposa, sus hijos, sus nueras y los niños menores.
Según el gobierno y la prensa, el día en que abandonó el poder, Mubarak viajó con su familia al balneario egipcio de Sharm el-Cheij, en el mar Rojo.
Ni Mubarak ni los miembros de su familia cercana han aparecido en público desde entonces.
El 21 de febrero, la justicia egipcia anunció que pidió la congelación de los haberes en el extranjero del ex presidente y de su familia cercana.
Según el diario gubernamental Al-Ahram, la familia Mubarak tendría "cuentas secretas en bancos egipcios".
El diario menciona una cuenta de 147 millones de dólares perteneciente a Suzanne Mubarak y sendas cuentas de 100 millones de Alaa y Gamal.
Egipto lanzó desde la caída del presidente numerosas operaciones judiciales contra personalidades políticas y económicas allegadas al antiguo poder, mencionando acusaciones de corrupción o fraude.
Tales procedimientos apuntan sobre todo a Gamal Mubarak, antaño delfín potencial de su padre, muy relacionado con los medios de negocios y mal visto por los militares que dirigen actualmente el país.
El ex ministro del Interior Habib el Adli, figura emblemática de la era Mubarak y considerado responsable de la represión de la reciente revuelta, debe comparecer ante la justicia el 5 de marzo por lavado de dinero.
La corrupción reinante en el seno del régimen era una de las principales quejas de los manifestantes que hicieron caer a Mubarak. Este tema alimenta igualmente los conflictos sociales y salariales que se multiplicaron después de su derrocamiento.
La "Coalición de jóvenes por la revolución", un grupo influyente a través de internet, hizo saber en el sitio Facebook que se había reunido el domingo con miembros del consejo supremo de las fuerzas armadas, la junta compuesta por unos veinte generales a quienes Mubarak legó el poder al partir.
Los jóvenes reclaman, para antes de un mes, la renuncia del gobierno dirigido por Ahmad Chafic, nombrado en los últimos días por Mubarak en la presidencia, y su reemplazo por un gabinete de "tecnócratas independientes, dirigido por una personalidad de consenso".
Ese gobierno ha sido encargado por las fuerzas armadas de administrar los asuntos corrientes.
Asimismo los jóvenes exigen la creación de "un consejo presidencial" compuesto de civiles y de una personalidad militar, así como la liberación de todos los presos políticos y una profunda reforma de los servicios de seguridad.
El ejército prometió un retorno al poder civil dentro de algunos meses después de la realización de elecciones legislativas y presidencial democráticas.
Un adjunto del ministro de Justicia, Assem el Gawhari, citado más tarde por la agencia oficial Mena, pidió también que "sean tomadas medidas legales para levantar el secreto sobre las cuentas bancarias del ex presidente Hosni Mubarak", así como las de su esposa, sus hijos, sus nueras y los niños menores.
Según el gobierno y la prensa, el día en que abandonó el poder, Mubarak viajó con su familia al balneario egipcio de Sharm el-Cheij, en el mar Rojo.
Ni Mubarak ni los miembros de su familia cercana han aparecido en público desde entonces.
El 21 de febrero, la justicia egipcia anunció que pidió la congelación de los haberes en el extranjero del ex presidente y de su familia cercana.
Según el diario gubernamental Al-Ahram, la familia Mubarak tendría "cuentas secretas en bancos egipcios".
El diario menciona una cuenta de 147 millones de dólares perteneciente a Suzanne Mubarak y sendas cuentas de 100 millones de Alaa y Gamal.
Egipto lanzó desde la caída del presidente numerosas operaciones judiciales contra personalidades políticas y económicas allegadas al antiguo poder, mencionando acusaciones de corrupción o fraude.
Tales procedimientos apuntan sobre todo a Gamal Mubarak, antaño delfín potencial de su padre, muy relacionado con los medios de negocios y mal visto por los militares que dirigen actualmente el país.
El ex ministro del Interior Habib el Adli, figura emblemática de la era Mubarak y considerado responsable de la represión de la reciente revuelta, debe comparecer ante la justicia el 5 de marzo por lavado de dinero.
La corrupción reinante en el seno del régimen era una de las principales quejas de los manifestantes que hicieron caer a Mubarak. Este tema alimenta igualmente los conflictos sociales y salariales que se multiplicaron después de su derrocamiento.
La "Coalición de jóvenes por la revolución", un grupo influyente a través de internet, hizo saber en el sitio Facebook que se había reunido el domingo con miembros del consejo supremo de las fuerzas armadas, la junta compuesta por unos veinte generales a quienes Mubarak legó el poder al partir.
Los jóvenes reclaman, para antes de un mes, la renuncia del gobierno dirigido por Ahmad Chafic, nombrado en los últimos días por Mubarak en la presidencia, y su reemplazo por un gabinete de "tecnócratas independientes, dirigido por una personalidad de consenso".
Ese gobierno ha sido encargado por las fuerzas armadas de administrar los asuntos corrientes.
Asimismo los jóvenes exigen la creación de "un consejo presidencial" compuesto de civiles y de una personalidad militar, así como la liberación de todos los presos políticos y una profunda reforma de los servicios de seguridad.
El ejército prometió un retorno al poder civil dentro de algunos meses después de la realización de elecciones legislativas y presidencial democráticas.
