Salafistas tunecinos
El ministro del Interior, Lotfi Ben Jeddou, ya había indicado que Ansar Asshariaa, el principal grupo salafista yihadista del país y que no reconoce la autoridad del Estado, no había presentado ninguna petición de autorización.
"Todos aquellos que desafíen la autoridad del Estado y de sus instituciones, aquellos que intenten sembrar el caos, aquellos que inciten a la violencia y al odio asumirán toda la responsabilidad", advirtió el ministerio.
El ministro había indicado que el gobierno decidiría de aquí al sábado si autorizaba o no la celebración de un congreso, señalando que el Estado no se dejaría "amenazar".
El responsable del partido islamista en el poder Ennahda, Rached Ghannouchi, afirmó esta semana que el gobierno había prohibido la reunión de salafistas, los cuales convocaron en respuesta a "40.000 partidarios" a desafiar a las autoridades y a reunirse para su congreso anual.
El ministerio del Interior amenazó con represalias a "todos aquellos que intenten atacar a las fuerzas de seguridad" y aseguró que la policía y el ejército están "fuertemente movilizados para proteger la seguridad de los ciudadanos y sus bienes".
Además, el ministerio afirmó que el Estado está "comprometido a respetar el derecho a manifestarse pacíficamente, a preservar la libertad de expresión, la práctica religiosa y la predicación pacífica para todos los ciudadanos de acuerdo a los procedimientos y leyes en vigor".
"Todos aquellos que desafíen la autoridad del Estado y de sus instituciones, aquellos que intenten sembrar el caos, aquellos que inciten a la violencia y al odio asumirán toda la responsabilidad", advirtió el ministerio.
El ministro había indicado que el gobierno decidiría de aquí al sábado si autorizaba o no la celebración de un congreso, señalando que el Estado no se dejaría "amenazar".
El responsable del partido islamista en el poder Ennahda, Rached Ghannouchi, afirmó esta semana que el gobierno había prohibido la reunión de salafistas, los cuales convocaron en respuesta a "40.000 partidarios" a desafiar a las autoridades y a reunirse para su congreso anual.
El ministerio del Interior amenazó con represalias a "todos aquellos que intenten atacar a las fuerzas de seguridad" y aseguró que la policía y el ejército están "fuertemente movilizados para proteger la seguridad de los ciudadanos y sus bienes".
Además, el ministerio afirmó que el Estado está "comprometido a respetar el derecho a manifestarse pacíficamente, a preservar la libertad de expresión, la práctica religiosa y la predicación pacífica para todos los ciudadanos de acuerdo a los procedimientos y leyes en vigor".