Los manifestantes se congregaron desde temprano en un acto multitudinario frente al ayuntamiento de Río de Janeiro, y marcharon acompañando al ataúd hasta la sede del Parlamento regional carioca, entre cánticos, lágrimas y duros reproches contra las autoridades. Las protestas se extendieron hasta la noche.
A esa hora, miles de personas colmaron asimismo la emblemática Avenida Paulista en la metrópoli financiera Sao Paulo. También hubo protestas en Porto Alegre, Salvador y Belém, entre otras ciudades.
Franco, una joven política de 38 años nacida en una favela de Río y una crítica tenaz de la violencia policial en los barrios más pobres, fue asesinada en la noche del miércoles junto a su chofer, cuando circulaba en su auto por una avenida del céntrico barrio carioca de Estácio. Una asesora suya sobrevivió al ataque.
La política recibió varios tiros en la cabeza, según las primeras investigaciones. La Policía y los simpatizantes de la política del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL) consideran que se trató de una ejecución. El brutal crimen dejó a la ciudad en estado de shock y alarmó también a la clase política en Brasilia.
"Es un atentado contra el Estado de derecho y la democracia", dijo el presidente Michel Temer. Temer aseguró también que el Gobierno movilizará a la Policía Federal para esclarecer lo ocurrido.
"Ese crimen no quedará impune", aseguró el mandatario. Varios políticos organizaron un protesta en memoria de Franco en el hemiciclo del Congreso en Brasilia. También los jueces del Tribunal Supremo rindieron tributo a la joven política, que era madre de una niña.
En Río, los activistas se volcaron a las calles para exigir justicia en una ciudad hastiada por las constantes noticias de homicidios, tiroteos y violentos asaltos. "Estoy aquí porque soy mujer y soy negra", dijo a la agencia dpa Rosilene Almeida, que lloraba frente al ayuntamiento por la concejala, la quinta más votada en las elecciones municipales de 2016.
"Río de Janeiro es una sociedad que no da derecho a todos y que vive una violencia muy grande", se quejó también Almeida, una profesora de 54 años.
Muchos ciudadanos culpaban a las autoridades por la escalada de violencia en la segunda ciudad de Brasil, con pancartas en las que exigían encontrar a los culpables. "¿Quién mató a Marielle Franco?" decían los carteles. "Quiero el fin de la Policía Militar", gritaban varios manifestantes. En las redes sociales se difundieron mensajes con la etiqueta #MarielleVive.
La ONU condenó el asesinato "profundamente chocante", así como organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).
"Marielle fue una reconocida defensora de los derechos humanos que actuaba contra la violencia policial y por los derechos de las mujeres y de las personas afrodescendientes, principalmente en las áreas pobres", escribió la oficina en Brasil del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Amnistía y HRW exigieron investigaciones "rápidas" y "rigurosas". "Es necesario poner fin, de una vez por todas, al clima de impunidad existente en el estado de Río de Janeiro, que alimenta el ciclo de violencia", escribió HRW.
La Policía trabajaba con la hipótesis firme de que se trató de un asesinato premeditado, aunque todavía no había pistas sobre la autoría. Según las primeras investigaciones, el auto de los atacantes siguió al de Franco durante unos cuatro kilómetros, después de que la concejala participara en un encuentro con activistas negros.
En varias favelas cariocas impera una situación casi de guerra por violentos enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes, tanto entre ellas como con las fuerzas de seguridad. También operan milicias armadas que extorsionan a los habitantes cobrándoles por los servicios públicos, a menudo con apoyo de funcionarios corruptos.
Franco era de la favela Maré, unas de las más peligrosas de Río. Abogaba por la presencia de mujeres en la política, para llamar la atención de la población más desfavorecida.
Pocos días antes de su muerte había asumido la relatoría de la Cámara de Concejales carioca para supervisar la intervención militar decretada por Temer en febrero para intentar frenar la ola de inseguridad y violencia en la segunda ciudad brasileña.
"¿Cuántos más tienen que morir para que esta guerra acabe?", había tuiteado Franco el martes para protestar por la muerte de un joven al parecer tras un operativo policial en una favela, poco antes del ataque que le costó la vida. Círculos de izquierda veían una relación entre la intervención militar en Río y el asesinato.
Río de Janeiro sufre una creciente ola de violencia desde el final de los megaeventos internacionales de los últimos años, el Mundial de fútbol Brasil 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. La tasa de homicidios el año pasado fue de 40 por 100.000 habitantes, la cifra más alta desde 2009.
A esa hora, miles de personas colmaron asimismo la emblemática Avenida Paulista en la metrópoli financiera Sao Paulo. También hubo protestas en Porto Alegre, Salvador y Belém, entre otras ciudades.
Franco, una joven política de 38 años nacida en una favela de Río y una crítica tenaz de la violencia policial en los barrios más pobres, fue asesinada en la noche del miércoles junto a su chofer, cuando circulaba en su auto por una avenida del céntrico barrio carioca de Estácio. Una asesora suya sobrevivió al ataque.
La política recibió varios tiros en la cabeza, según las primeras investigaciones. La Policía y los simpatizantes de la política del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL) consideran que se trató de una ejecución. El brutal crimen dejó a la ciudad en estado de shock y alarmó también a la clase política en Brasilia.
"Es un atentado contra el Estado de derecho y la democracia", dijo el presidente Michel Temer. Temer aseguró también que el Gobierno movilizará a la Policía Federal para esclarecer lo ocurrido.
"Ese crimen no quedará impune", aseguró el mandatario. Varios políticos organizaron un protesta en memoria de Franco en el hemiciclo del Congreso en Brasilia. También los jueces del Tribunal Supremo rindieron tributo a la joven política, que era madre de una niña.
En Río, los activistas se volcaron a las calles para exigir justicia en una ciudad hastiada por las constantes noticias de homicidios, tiroteos y violentos asaltos. "Estoy aquí porque soy mujer y soy negra", dijo a la agencia dpa Rosilene Almeida, que lloraba frente al ayuntamiento por la concejala, la quinta más votada en las elecciones municipales de 2016.
"Río de Janeiro es una sociedad que no da derecho a todos y que vive una violencia muy grande", se quejó también Almeida, una profesora de 54 años.
Muchos ciudadanos culpaban a las autoridades por la escalada de violencia en la segunda ciudad de Brasil, con pancartas en las que exigían encontrar a los culpables. "¿Quién mató a Marielle Franco?" decían los carteles. "Quiero el fin de la Policía Militar", gritaban varios manifestantes. En las redes sociales se difundieron mensajes con la etiqueta #MarielleVive.
La ONU condenó el asesinato "profundamente chocante", así como organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).
"Marielle fue una reconocida defensora de los derechos humanos que actuaba contra la violencia policial y por los derechos de las mujeres y de las personas afrodescendientes, principalmente en las áreas pobres", escribió la oficina en Brasil del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Amnistía y HRW exigieron investigaciones "rápidas" y "rigurosas". "Es necesario poner fin, de una vez por todas, al clima de impunidad existente en el estado de Río de Janeiro, que alimenta el ciclo de violencia", escribió HRW.
La Policía trabajaba con la hipótesis firme de que se trató de un asesinato premeditado, aunque todavía no había pistas sobre la autoría. Según las primeras investigaciones, el auto de los atacantes siguió al de Franco durante unos cuatro kilómetros, después de que la concejala participara en un encuentro con activistas negros.
En varias favelas cariocas impera una situación casi de guerra por violentos enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes, tanto entre ellas como con las fuerzas de seguridad. También operan milicias armadas que extorsionan a los habitantes cobrándoles por los servicios públicos, a menudo con apoyo de funcionarios corruptos.
Franco era de la favela Maré, unas de las más peligrosas de Río. Abogaba por la presencia de mujeres en la política, para llamar la atención de la población más desfavorecida.
Pocos días antes de su muerte había asumido la relatoría de la Cámara de Concejales carioca para supervisar la intervención militar decretada por Temer en febrero para intentar frenar la ola de inseguridad y violencia en la segunda ciudad brasileña.
"¿Cuántos más tienen que morir para que esta guerra acabe?", había tuiteado Franco el martes para protestar por la muerte de un joven al parecer tras un operativo policial en una favela, poco antes del ataque que le costó la vida. Círculos de izquierda veían una relación entre la intervención militar en Río y el asesinato.
Río de Janeiro sufre una creciente ola de violencia desde el final de los megaeventos internacionales de los últimos años, el Mundial de fútbol Brasil 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. La tasa de homicidios el año pasado fue de 40 por 100.000 habitantes, la cifra más alta desde 2009.