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España debe "privar de efectos la ley de amnistía de 1977" que "se ha utilizado para archivar prácticamente la totalidad de los casos que llegan ante los jueces", afirmó el colombiano Pablo de Greiff, relator especial de la ONU para la promoción de la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Tras una visita de diez días a España, Greiff destacó haber notado una "distancia inmensa entre las posiciones guardadas por la mayor parte de las instituciones del Estado por un lado y las víctimas y diferentes asociaciones" por otro.
"Esta distancia es mayor que en cualquier otro caso en mi experiencia profesional" de 20 años, subrayó.
En la presentación de sus recomendaciones preliminares, que en septiembre desembocarán en un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Greiff urgió "a las instituciones del Estado a mostrar un compromiso decidido, determinado y con carácter prioritario" en la investigación y reparación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975).
Para ello, en una rueda de prensa antes de partir de Madrid, llamó a "dejar a un lado tendencias políticas" y a implementar "una política de Estado que no dependa del vaivén de los resultados electorales".
Expresó asimismo su preocupación por la falta de colaboración de la justicia española con la jueza argentina María Servini de Cubría que desde 2010 investiga, bajo el principio de justicia universal, más de 100.000 desapariciones forzadas y otros crímenes cometidos en España.
"Tomo nota con preocupación de la posición de la fiscalía de la Audiencia Nacional de denegar la solicitud de extradición interpuesta por la justicia argentina de un presunto responsable por delitos de tortura", afirmó.
Hacía referencia a Antonio González Pacheco, alias "Billy el Niño", de 67 años, exinspector de la brigada político-social franquista, a cuya extradición se opuso el viernes la fiscalía de la principal instancia penal española, por considerar que España es competente para juzgarlo y que ya prescribieron las presuntas torturas que se le imputan en los años 1970.
La justicia española había actuado de forma totalmente opuesta sin embargo, señaló Greiff, en el caso del dictador chileno Augusto Pinochet y del represor argentino Adolfo Scilingo, el primero detenido en Londres en 1998 y el segundo juzgado en 2005 en España y condenado a 1.084 años de cárcel, ambos por iniciativa del exjuez Baltasar Garzón.
A este respecto, el relator de la ONU se mostró preocupado por un proyecto de ley del gobierno conservador de Mariano Rajoy que limita de forma significativa la aplicación de la justicia universal en España.
"Esta propuesta de reforma, si llegase a adoptarse, sería contraria a las recomendaciones" hechas por varios organismos de la ONU, entre ellos el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, que también visitó el país en septiembre, señaló.
El experto colombiano llamó asimismo a crear en España un mecanismo semejante a las comisiones de verdad establecidas en más de 40 países para centralizar la información y "ofrecer reconocimiento oficial a las víctimas".
Llamó también a acabar con los símbolos restantes del franquismo, y entre ellos el conocido como Valle de los Caídos, inmenso mausoleo construido a unos 50 km de Madrid por miles de trabajadores forzados y donde yacen aún los restos del dictador, muerto el 20 de noviembre de 1975.
