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Política
Concentración de víctimas del franquismo
"Nos hemos sentido frustrados", dijo en rueda de prensa Pedro Fausto Canales, cuyo padre fue asesinado al inicio de la Guerra Civil (1936-1939). Canales es uno de los tres querellantes que iba a declarar este miércoles ante la juez María Servini de Cubría, desde el consulado argentino en Madrid.
La magistrada decidió suspender "por el momento" las declaraciones después que el embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini, le informara de la recepción de una nota verbal del ministerio de Asuntos Exteriores español "manifestando el descontento y malestar que causaba a las autoridades de ese país" por la forma de recabar esos testimonios, según la resolución judicial argentina.
La cancillería española confirmó a la AFP la remisión a la embajada de una nota verbal en la que "solicita oficialmente que las diligencias judiciales se lleven a cabo en consonancia con lo establecido" en el tratado de extradición y asistencia judicial entre los dos países, pero rechazó haber expresado ningún comentario.
Canales tenía previsto declarar este miércoles junto a Pablo Mayoral, condenado a 30 años de prisión en un consejo de guerra en 1975, y Merçona Puig Antich, hermana del anarquista Salvador Puig Antich, ejecutado en marzo de 1974 acusado del asesinato de un policía tras una todavía cuestionada investigación.
Tras ellos estaba previsto que declararan otros nueve testigos a lo largo de otras tres sesiones en el consulado argentino en Madrid.
"Parece ser que el Ministerio de Asuntos Exteriores se está poniendo un poco nervioso con el avance de esta querella", afirmó Carlos Slepoy, uno de los abogados de los querellantes, quien afirmó que la mayoría de los videoconferenciantes previstos este miércoles viajarán a Argentina para declarar ante la juez.
Los abogados confían en que tras las declaraciones, la juez tendrá suficientes elementos para pedir las declaraciones de los nueve imputados en esta causa.
Entre estos, se encuentran Rodolfo Martín Villa, antiguo ministro de Relaciones Sindicales en 1976, además del exministro de Vivienda y ex secretario general del Movimiento José Utrera Molina, y el exministro de Trabajo Fernando Suárez González.
La magistrada decidió suspender "por el momento" las declaraciones después que el embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini, le informara de la recepción de una nota verbal del ministerio de Asuntos Exteriores español "manifestando el descontento y malestar que causaba a las autoridades de ese país" por la forma de recabar esos testimonios, según la resolución judicial argentina.
La cancillería española confirmó a la AFP la remisión a la embajada de una nota verbal en la que "solicita oficialmente que las diligencias judiciales se lleven a cabo en consonancia con lo establecido" en el tratado de extradición y asistencia judicial entre los dos países, pero rechazó haber expresado ningún comentario.
Canales tenía previsto declarar este miércoles junto a Pablo Mayoral, condenado a 30 años de prisión en un consejo de guerra en 1975, y Merçona Puig Antich, hermana del anarquista Salvador Puig Antich, ejecutado en marzo de 1974 acusado del asesinato de un policía tras una todavía cuestionada investigación.
Tras ellos estaba previsto que declararan otros nueve testigos a lo largo de otras tres sesiones en el consulado argentino en Madrid.
"Parece ser que el Ministerio de Asuntos Exteriores se está poniendo un poco nervioso con el avance de esta querella", afirmó Carlos Slepoy, uno de los abogados de los querellantes, quien afirmó que la mayoría de los videoconferenciantes previstos este miércoles viajarán a Argentina para declarar ante la juez.
Los abogados confían en que tras las declaraciones, la juez tendrá suficientes elementos para pedir las declaraciones de los nueve imputados en esta causa.
Entre estos, se encuentran Rodolfo Martín Villa, antiguo ministro de Relaciones Sindicales en 1976, además del exministro de Vivienda y ex secretario general del Movimiento José Utrera Molina, y el exministro de Trabajo Fernando Suárez González.
