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Política
Manifestantes protestando contra el fraude en las elecciones en Honduras
"El Consejo de Ministros, mediante decreto ejecutivo (...) ha decidido restringir por un período de diez días la garantía constitucional contenida en el artículo 81", anunció el ministro coordinador del Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, en referencia al artículo que garantiza la libre circulación.
El funcionario dijo que se tomó la decisión en aras de mantener la paz y la tranquilidad, proteger los bienes públicos y privados y preservar la integridad física y la vida de las personas.
La acción del Gobierno se deriva de las protestas que estallaron el miércoles después de que el candidato opositor, Salvador Nasralla, llamara a sus seguidores a salir a las calles tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales del domingo.
Cinco días después de los comicios sigue sin saberse quién será el futuro presidente de Honduras, un hecho inédito en el país.
Los primeros resultados oficiales daban como ganador a Nasralla, pero a mediados de la semana el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le otorgó una ventaja de poco más de un punto al actual presidente, Juan Orlando Hérnandez, que va por la reelección.
Con el 94 por ciento escrutado, Hernández cosecha un 42,92 por ciento de los votos frente a un 41,42 por ciento de Nasralla.
Las autoridades del máximo organismo electoral iniciaron hoy el escrutinio especial de 1.031 actas de votación que presentaban inconsistencias y se espera que el sábado den a conocer el resultado final.
Los manifestantes pasaron el viernes de las protestas pacíficas a los saqueos en supermercados y centros comerciales, de los que se llevaron comida, ropa, equipos de sonido, televisores, estufas, lavadoras y hasta motocicletas, luego de romper las puertas de cristal de los negocios.
En la ciudad de La Ceiba, las autoridades reportaron varios heridos y el fallecimiento de un hombre en el barrio Las Delicias.
Los mayores daños se han registrado en Tegucigalpa, la capital, donde se registraron diez heridos, entre ellos un menor. Además se reportan daños en negocios.
Nasralla denunció hoy la existencia de infiltrados entre los manifestantes. "Yo pido a las personas que se manifiestan en las calles que si ven a los infiltrados generando caos, me los detengan y los apresen", expresó.
El toque de queda entró en vigencia a las 23:00 horas del viernes (5:00 GMT del sábado) y en los próximos días regirá entre las 18:00 y las 6:00 horas, en todo el país.
El decreto también establece que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía cuando la situación lo requiera y pondrán en ejecución los planes necesarios para mantener el orden, la seguridad y garantizar el ejercicio de los derechos democráticos.
Se exceptúan de esas disposiciones los miembros y todo el personal del TSE, los representantes de los partidos políticos, los observadores nacionales e internacionales y los comunicadores sociales acreditados por el máximo organismo electoral.
Además, quedan fuera de esa disposición los trabajadores del transporte de carga, los entes de socorro y emergencia, el personal médico y de enfermería, los miembros de los cuerpos de seguridad y justicia, altos funcionarios del Estado, los miembros del cuerpo diplomático y consular, así como organismos y misiones internacionales debidamente acreditados y el comisionado de los Derechos Humanos.
El decreto ordena detener a toda persona que sea encontrada fuera del horario de circulación establecido por la autoridad o que sea sospechoso de causar daños a las personas y sus bienes o aquellos que se asocien para cometer hechos delictivos.
De igual forma, ordena el desalojo de toda instalación pública o privada, carreteras o puentes que hayan sido tomados por manifestantes.
El funcionario dijo que se tomó la decisión en aras de mantener la paz y la tranquilidad, proteger los bienes públicos y privados y preservar la integridad física y la vida de las personas.
La acción del Gobierno se deriva de las protestas que estallaron el miércoles después de que el candidato opositor, Salvador Nasralla, llamara a sus seguidores a salir a las calles tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales del domingo.
Cinco días después de los comicios sigue sin saberse quién será el futuro presidente de Honduras, un hecho inédito en el país.
Los primeros resultados oficiales daban como ganador a Nasralla, pero a mediados de la semana el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le otorgó una ventaja de poco más de un punto al actual presidente, Juan Orlando Hérnandez, que va por la reelección.
Con el 94 por ciento escrutado, Hernández cosecha un 42,92 por ciento de los votos frente a un 41,42 por ciento de Nasralla.
Las autoridades del máximo organismo electoral iniciaron hoy el escrutinio especial de 1.031 actas de votación que presentaban inconsistencias y se espera que el sábado den a conocer el resultado final.
Los manifestantes pasaron el viernes de las protestas pacíficas a los saqueos en supermercados y centros comerciales, de los que se llevaron comida, ropa, equipos de sonido, televisores, estufas, lavadoras y hasta motocicletas, luego de romper las puertas de cristal de los negocios.
En la ciudad de La Ceiba, las autoridades reportaron varios heridos y el fallecimiento de un hombre en el barrio Las Delicias.
Los mayores daños se han registrado en Tegucigalpa, la capital, donde se registraron diez heridos, entre ellos un menor. Además se reportan daños en negocios.
Nasralla denunció hoy la existencia de infiltrados entre los manifestantes. "Yo pido a las personas que se manifiestan en las calles que si ven a los infiltrados generando caos, me los detengan y los apresen", expresó.
El toque de queda entró en vigencia a las 23:00 horas del viernes (5:00 GMT del sábado) y en los próximos días regirá entre las 18:00 y las 6:00 horas, en todo el país.
El decreto también establece que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía cuando la situación lo requiera y pondrán en ejecución los planes necesarios para mantener el orden, la seguridad y garantizar el ejercicio de los derechos democráticos.
Se exceptúan de esas disposiciones los miembros y todo el personal del TSE, los representantes de los partidos políticos, los observadores nacionales e internacionales y los comunicadores sociales acreditados por el máximo organismo electoral.
Además, quedan fuera de esa disposición los trabajadores del transporte de carga, los entes de socorro y emergencia, el personal médico y de enfermería, los miembros de los cuerpos de seguridad y justicia, altos funcionarios del Estado, los miembros del cuerpo diplomático y consular, así como organismos y misiones internacionales debidamente acreditados y el comisionado de los Derechos Humanos.
El decreto ordena detener a toda persona que sea encontrada fuera del horario de circulación establecido por la autoridad o que sea sospechoso de causar daños a las personas y sus bienes o aquellos que se asocien para cometer hechos delictivos.
De igual forma, ordena el desalojo de toda instalación pública o privada, carreteras o puentes que hayan sido tomados por manifestantes.
