Semanas después de esta matanza, el parlamento paquistaní autorizó un cambio constitucional que permite la creación de cortes de excepción para juzgar los casos de terrorismo, lo que preocupa a abogados y defensores de los derechos humanos.
Esta reforma era una de las medidas del gobierno para intentar neutralizar las redes de insurgentes después del ataque de Peshawar, que causó al menos 150 muertos, de los cuales más de 130 escolares.
En abril, el ejército paquistaní anunció los primeros veredictos de estas cortes, que condenaron a muerte a seis presuntos rebeldes y a otro a cadena perpetua. Pero dio pocos detalles sobre los cargos que pesaban sobre ellos y el desarrollo de los juicios, no anunciados y a puerta cerrada.
Las ejecuciones fueron suspendidas el jueves por un panel de 17 jueces del Tribunal Supremo, que precisa que los condenados tienen el derecho a recurrir la sentencia.