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En conferencia de prensa el vicepresidente de la Comisión a cargo de Política de Competencia, Joaquín Almunia, indicó que se trata de tres investigaciones distintas que involucran a siete clubes de los cuales seis evolucionan en primera división del fútbol español (Real Madrid, Barcelona, Athletic Club de Bilbao, Club Atlético Osasuna, Valencia y Elche) y uno en segunda (Hércules).
En lo que respecta al Real Madrid, el Barcelona, el Athletic Club de Bilbao y el Club Atlético Osasuna, la Comisión quiere saber si el Estado español otorgó desde 1990 "privilegios fiscales" en beneficio de esos clubes.
Estos clubes, explicó la Comisión, están exentos de la obligación de transformarse en sociedades anónimas deportivas, por lo que se benefician de un impuesto preferente del 25% en vez del 30% como se aplica a las sociedades anónimas.
La Defensora del Pueblo, Emily O'Reilly, había indicado el martes en un comunicado en el que presentó la demanda, lo que dio inicio a la investigación de la Comisión, que estas exenciones dieron ventajas a los cuatro clubes de varios miles de millones de euros.
Almunia no hizo comentarios sobre este punto ya que, según dijo, la investigación estaba en curso.
Otra de las investigaciones de la Comisión será sobre la permuta de terrenos entre el Ayuntamiento de Madrid y el club Real Madrid. Aquí la Comisión quiere saber si el club se benefició de alguna ayuda estatal.
La Comisión sospecha que el club se benefició con esta permuta ya que el terreno en cuestión estaba tasado en 1998 en 595.000 euros y que más de una década después la tasación era de 22,7 millones de euros.
Finalmente la Comisión analizará si los "avales concedidos por el Instituto Valenciano de Finanzas para préstamos para financiar a tres clubes (...) cumplieron las normas sobre ayudas estatales de la UE", cuando los tres clubes en cuestión, el Valencia, el Hércules y el Elche atravesaban "aparentemente" dificultades financieras.
La Comisión señala que "cuando se ejecutaron las medidas" los clubes de fútbol atravesaban dificultades financieras, y por lo tanto las medidas deben "evaluarse sobre la base" de la legislación europea que permite a los Estados ayudar a empresas en crisis.
"En la fase actual, la Comisión alberga dudas de que las medidas se ajusten a lo dispuesto (por la legislación)", añade la Comisión en un comunicado citando en particular el hecho de que España no presentó ningún plan de reestructuración que demuestre cómo volverán a ser rentables los clubes.
El vicepresidente Almunia negó no obstante que la Comisión haya iniciado una investigación sobre ayudas públicas para la construcción del estadio San mamés del Atletic de Bilbao, club del que es hincha. Así rectificó las declaraciones del lunes del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García-Margallo, que aseguró que habría una investigación.
¿Conflicto de interés?
Almunia también negó durante su conferencia de prensa cualquier conflicto de interés en relación a estas investigaciones.
El martes, la Defensora del Pueblo había denunciado un conflicto de interés de Almunia por sus "vínculos con uno de los clubes de fútbol", el Athletic de Bilbao, y criticó la lentitud de la Comisión que habría tardado en iniciar esta investigación.
"La Comisión demuestra, y yo en particular he demostrado, que no estoy sujeto a conflictos de intereses en la aplicación de las reglas de competencia", dijo Almunia que negó ser socio del Athletic Club de Bilbao, aunque no escondió su pasión por este club del que es un hincha.
"No sé si responder a estas críticas con sonrisas o si hacerlo con una carta con términos más serios", dijo añadiendo que "se puede discrepar con lo que hace la Comisión o un comisario pero no hacer juicios de intención totalmente infundados".
Almunia insistió que la Comisión analiza "sin prisa pero sin pausa" los casos de ayudas estatales y lamentó no tener más medios humanos para hacer más.
"La propuesta de investigación estaba preparada antes que la Defensora del Pueblo sacara su comunicado", se defendió Almunia.
"En la fase actual" había indicado antes la Comisión en un comunicado, el Ejecutivo europeo "tiene dudas" de que las medidas investigadas se adecúan la legislación europea sobre ayudas estatales.
Los clubes investigados, el Estado español y las comunidades en cuestión tienen ahora un mes para presentar las pruebas correspondientes.
En lo que respecta al Real Madrid, el Barcelona, el Athletic Club de Bilbao y el Club Atlético Osasuna, la Comisión quiere saber si el Estado español otorgó desde 1990 "privilegios fiscales" en beneficio de esos clubes.
Estos clubes, explicó la Comisión, están exentos de la obligación de transformarse en sociedades anónimas deportivas, por lo que se benefician de un impuesto preferente del 25% en vez del 30% como se aplica a las sociedades anónimas.
La Defensora del Pueblo, Emily O'Reilly, había indicado el martes en un comunicado en el que presentó la demanda, lo que dio inicio a la investigación de la Comisión, que estas exenciones dieron ventajas a los cuatro clubes de varios miles de millones de euros.
Almunia no hizo comentarios sobre este punto ya que, según dijo, la investigación estaba en curso.
Otra de las investigaciones de la Comisión será sobre la permuta de terrenos entre el Ayuntamiento de Madrid y el club Real Madrid. Aquí la Comisión quiere saber si el club se benefició de alguna ayuda estatal.
La Comisión sospecha que el club se benefició con esta permuta ya que el terreno en cuestión estaba tasado en 1998 en 595.000 euros y que más de una década después la tasación era de 22,7 millones de euros.
Finalmente la Comisión analizará si los "avales concedidos por el Instituto Valenciano de Finanzas para préstamos para financiar a tres clubes (...) cumplieron las normas sobre ayudas estatales de la UE", cuando los tres clubes en cuestión, el Valencia, el Hércules y el Elche atravesaban "aparentemente" dificultades financieras.
La Comisión señala que "cuando se ejecutaron las medidas" los clubes de fútbol atravesaban dificultades financieras, y por lo tanto las medidas deben "evaluarse sobre la base" de la legislación europea que permite a los Estados ayudar a empresas en crisis.
"En la fase actual, la Comisión alberga dudas de que las medidas se ajusten a lo dispuesto (por la legislación)", añade la Comisión en un comunicado citando en particular el hecho de que España no presentó ningún plan de reestructuración que demuestre cómo volverán a ser rentables los clubes.
El vicepresidente Almunia negó no obstante que la Comisión haya iniciado una investigación sobre ayudas públicas para la construcción del estadio San mamés del Atletic de Bilbao, club del que es hincha. Así rectificó las declaraciones del lunes del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García-Margallo, que aseguró que habría una investigación.
¿Conflicto de interés?
Almunia también negó durante su conferencia de prensa cualquier conflicto de interés en relación a estas investigaciones.
El martes, la Defensora del Pueblo había denunciado un conflicto de interés de Almunia por sus "vínculos con uno de los clubes de fútbol", el Athletic de Bilbao, y criticó la lentitud de la Comisión que habría tardado en iniciar esta investigación.
"La Comisión demuestra, y yo en particular he demostrado, que no estoy sujeto a conflictos de intereses en la aplicación de las reglas de competencia", dijo Almunia que negó ser socio del Athletic Club de Bilbao, aunque no escondió su pasión por este club del que es un hincha.
"No sé si responder a estas críticas con sonrisas o si hacerlo con una carta con términos más serios", dijo añadiendo que "se puede discrepar con lo que hace la Comisión o un comisario pero no hacer juicios de intención totalmente infundados".
Almunia insistió que la Comisión analiza "sin prisa pero sin pausa" los casos de ayudas estatales y lamentó no tener más medios humanos para hacer más.
"La propuesta de investigación estaba preparada antes que la Defensora del Pueblo sacara su comunicado", se defendió Almunia.
"En la fase actual" había indicado antes la Comisión en un comunicado, el Ejecutivo europeo "tiene dudas" de que las medidas investigadas se adecúan la legislación europea sobre ayudas estatales.
Los clubes investigados, el Estado español y las comunidades en cuestión tienen ahora un mes para presentar las pruebas correspondientes.
