Inicio
Política
Álvaro Uribe
“He pedido al doctor Jaime Granados que retire la solicitud de anular procesos en mi contra, mi norma es que me investiguen y rápido”, indicó Uribe en su cuenta de Twitter.
La desautorización a su abogado se produce horas después de que éste radicara un recurso de reposición pidiendo anular los procesos en contra del ex presidente por masacres que se cometieron durante el periodo en el que se desempeñaba como gobernador del departamento de Antioquia.
“Mediante un recurso (de reposición), solicitamos que se declare la nulidad de todos los procesos que se adelantan contra el presiente Uribe por carecer de competencia”, explicó el abogado Granados al radicar la solicitud.
Según Granados, la Corte ya no cuenta con la competencia para llevar este tipo de procesos, dado que las denominadas Salas de Instrucción y de Juzgamiento en Primera Instancia -que se encargarán de juzgar a los aforados, entre ellos Uribe- están próximas a iniciar labores.
“La Corte había dicho que no se podía paralizar la justicia mientras implementaba la sala especial que garantizaba la primera y segunda instancia, pero eso ya dejó de serlo desde el momento en que se tiene en sus manos la elección de los magistrados”, dijo el abogado.
Para Granados, la Corte debe conformar de forma rápida las nuevas salas, "ojalá la próxima semana, para que sea esa sala la que garantice las investigaciones".
Según señala el diario “El Tiempo”, la Corte lleva 14 investigaciones previas en contra del ahora senador Uribe, de las cuales nueve han sido archivadas.
El recurso de reposición fue interpuesto hoy, después de que la Corte determinara que tres masacres perpetradas por grupos paramilitares, ocurridas en los años 1996 y 1997 en Antioquia, así como el asesinato de un líder sindical en Medellín, son delitos de lesa humanidad.
Dichos delitos ocurrieron durante el periodo en el que Uribe fue gobernador de ese departamento (1995-1997) y hacen parte de su expediente.
Uribe es señalado porque en la época en la que ocurrieron los hechos, la Gobernación omitió su deber de proteger a la población y hay testimonios dentro de la investigación que indican que el ex presidente tendría nexos con los grupos paramilitares.
Esta declaración de lesa humanidad significa que los procesos por delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro y desplazamiento forzado, asociados a las masacres y el homicidio, no prescribirán.
La desautorización a su abogado se produce horas después de que éste radicara un recurso de reposición pidiendo anular los procesos en contra del ex presidente por masacres que se cometieron durante el periodo en el que se desempeñaba como gobernador del departamento de Antioquia.
“Mediante un recurso (de reposición), solicitamos que se declare la nulidad de todos los procesos que se adelantan contra el presiente Uribe por carecer de competencia”, explicó el abogado Granados al radicar la solicitud.
Según Granados, la Corte ya no cuenta con la competencia para llevar este tipo de procesos, dado que las denominadas Salas de Instrucción y de Juzgamiento en Primera Instancia -que se encargarán de juzgar a los aforados, entre ellos Uribe- están próximas a iniciar labores.
“La Corte había dicho que no se podía paralizar la justicia mientras implementaba la sala especial que garantizaba la primera y segunda instancia, pero eso ya dejó de serlo desde el momento en que se tiene en sus manos la elección de los magistrados”, dijo el abogado.
Para Granados, la Corte debe conformar de forma rápida las nuevas salas, "ojalá la próxima semana, para que sea esa sala la que garantice las investigaciones".
Según señala el diario “El Tiempo”, la Corte lleva 14 investigaciones previas en contra del ahora senador Uribe, de las cuales nueve han sido archivadas.
El recurso de reposición fue interpuesto hoy, después de que la Corte determinara que tres masacres perpetradas por grupos paramilitares, ocurridas en los años 1996 y 1997 en Antioquia, así como el asesinato de un líder sindical en Medellín, son delitos de lesa humanidad.
Dichos delitos ocurrieron durante el periodo en el que Uribe fue gobernador de ese departamento (1995-1997) y hacen parte de su expediente.
Uribe es señalado porque en la época en la que ocurrieron los hechos, la Gobernación omitió su deber de proteger a la población y hay testimonios dentro de la investigación que indican que el ex presidente tendría nexos con los grupos paramilitares.
Esta declaración de lesa humanidad significa que los procesos por delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro y desplazamiento forzado, asociados a las masacres y el homicidio, no prescribirán.
