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En su fallo unánime, el máximo tribunal rechazó los motivos con los cuales la firma Helmerich & Payne International Drilling Company pretendía entablar una acción judicial contra Caracas.
Con sede en el estado central de Oklahoma, Helmerich & Payne acusaba a Venezuela de haber tomado en forma ilegal once plataformas petroleras, cuando fue expropiada hace siete años.
Venezuela vive actualmente una severa crisis económica agravada por el desplome de los precios del petróleo, principal sector del país, enormemente dependiente de las importaciones.
La escasez de alimentos y medicinas que son consecuencia impulsa desde hace un mes una ola de protestas con manifestantes que exigen elecciones generales al presidente Nicolás Maduro --heredero político de Chávez--, al que acusan de la crisis y de concentrar poder y violar la Constitución.
Pero en 2010, con el precio del barril en plena alza, la "revolución bolivariana" promulgada por Chávez en Venezuela estaba en su apogeo y el antiguo teniente coronel propugnaba meter al país en el "socialismo del siglo XXI".
Desde los agroalimentos a la distribución y la banca, Chávez, que murió de cáncer en 2013, nacionalizó varios sectores de la economía, obligando a las multinacionales a reducir su despliegue.
La energía, en tanto sector estratégico, no escapó a ese proceso.
Más modesta en el sector de las plataformas petroleras en comparación con las gigantes Halliburton o Schlumberger, Helmerich & Payne había transportado al país suramericano sus propios taladores y otros materiales de perforación.
Pero Venezuela afirma haberse convertido en propietaria de los equipos, que tenía Helmerich & Payne de Venezuela, filial de la casa matriz estadounidense en ese país.
El gobierno de Chávez tomó medidas en junio de 2010 para evitar la salida de los equipos del país, y en ese momento la firma estadounidense inició acciones legales.
El meollo legal ante la Corte Suprema estadounidense era precisar bajo cuáles condiciones se podía enjuiciar ante un tribunal estadounidense a un Estado soberano, en este caso la República Bolivariana de Venezuela.
Los Estados soberanos generalmente están a resguardo de acciones legales ante las cortes estadounidenses, aunque existen algunas excepciones muy limitadas.
Según la "Foreign Sovereign Immunities Act" (ley de inmunidades soberanas extranjeras), eventualmente es posible llevar a juicio a un país extranjero cuando éste se haya apoderado de bienes estadounidenses o cuando sus acciones hayan tenido consecuencias directas sobre el funcionamiento comercial de Estados Unidos.
Basado en esa norma, un tribunal de Washington había dado la razón a Helmerich & Payne, permitiéndole actuar contra Caracas sobre el principio de la expropiación.
Pero al final, los jueces de la Corte Suprema concluyeron que los abogados de la compañía estadounidenses habían substanciado sus acciones sobre motivos insuficientemente sólidos de cara a las normas del derecho internacional.
La decisión, leída por el magistrado Stephen Breyer, por lo tanto invalidó el anterior fallo del tribunal de Washington y puso fin a un caso que llegó a conocimiento del máximo tribunal en octubre de 2015.
El juez conservador Neil Gorsuch, nominado por Donald Trump y solo recientemente en el máximo tribunal, no tomó parte de los debates.
Ante la Corte, Caracas paradójicamente obtuvo el apoyo del gobierno de Estados Unidos, inquieto de ser la primera víctima si se generalizan los ataques al sacrosanto principio de la inmunidad soberana de los Estados.
A pesar de ello, Estados Unidos acompaña a otros 18 países del continente en la presión internacional contra Maduro, convocando una cita de cancilleres de la Organización de Estados Americanos. Pero Venezuela, que denuncia un plan de injerencia en sus asuntos, oficializó el viernes el inicio de su salida de la organización.
Con sede en el estado central de Oklahoma, Helmerich & Payne acusaba a Venezuela de haber tomado en forma ilegal once plataformas petroleras, cuando fue expropiada hace siete años.
Venezuela vive actualmente una severa crisis económica agravada por el desplome de los precios del petróleo, principal sector del país, enormemente dependiente de las importaciones.
La escasez de alimentos y medicinas que son consecuencia impulsa desde hace un mes una ola de protestas con manifestantes que exigen elecciones generales al presidente Nicolás Maduro --heredero político de Chávez--, al que acusan de la crisis y de concentrar poder y violar la Constitución.
Pero en 2010, con el precio del barril en plena alza, la "revolución bolivariana" promulgada por Chávez en Venezuela estaba en su apogeo y el antiguo teniente coronel propugnaba meter al país en el "socialismo del siglo XXI".
Desde los agroalimentos a la distribución y la banca, Chávez, que murió de cáncer en 2013, nacionalizó varios sectores de la economía, obligando a las multinacionales a reducir su despliegue.
La energía, en tanto sector estratégico, no escapó a ese proceso.
- Estados soberanos -
Más modesta en el sector de las plataformas petroleras en comparación con las gigantes Halliburton o Schlumberger, Helmerich & Payne había transportado al país suramericano sus propios taladores y otros materiales de perforación.
Pero Venezuela afirma haberse convertido en propietaria de los equipos, que tenía Helmerich & Payne de Venezuela, filial de la casa matriz estadounidense en ese país.
El gobierno de Chávez tomó medidas en junio de 2010 para evitar la salida de los equipos del país, y en ese momento la firma estadounidense inició acciones legales.
El meollo legal ante la Corte Suprema estadounidense era precisar bajo cuáles condiciones se podía enjuiciar ante un tribunal estadounidense a un Estado soberano, en este caso la República Bolivariana de Venezuela.
Los Estados soberanos generalmente están a resguardo de acciones legales ante las cortes estadounidenses, aunque existen algunas excepciones muy limitadas.
Según la "Foreign Sovereign Immunities Act" (ley de inmunidades soberanas extranjeras), eventualmente es posible llevar a juicio a un país extranjero cuando éste se haya apoderado de bienes estadounidenses o cuando sus acciones hayan tenido consecuencias directas sobre el funcionamiento comercial de Estados Unidos.
Basado en esa norma, un tribunal de Washington había dado la razón a Helmerich & Payne, permitiéndole actuar contra Caracas sobre el principio de la expropiación.
Pero al final, los jueces de la Corte Suprema concluyeron que los abogados de la compañía estadounidenses habían substanciado sus acciones sobre motivos insuficientemente sólidos de cara a las normas del derecho internacional.
La decisión, leída por el magistrado Stephen Breyer, por lo tanto invalidó el anterior fallo del tribunal de Washington y puso fin a un caso que llegó a conocimiento del máximo tribunal en octubre de 2015.
El juez conservador Neil Gorsuch, nominado por Donald Trump y solo recientemente en el máximo tribunal, no tomó parte de los debates.
Ante la Corte, Caracas paradójicamente obtuvo el apoyo del gobierno de Estados Unidos, inquieto de ser la primera víctima si se generalizan los ataques al sacrosanto principio de la inmunidad soberana de los Estados.
A pesar de ello, Estados Unidos acompaña a otros 18 países del continente en la presión internacional contra Maduro, convocando una cita de cancilleres de la Organización de Estados Americanos. Pero Venezuela, que denuncia un plan de injerencia en sus asuntos, oficializó el viernes el inicio de su salida de la organización.
