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La reserva de la biosfera maya
"Tal como el muro que el señor [Donald] Trump prevé para México, tenemos efectivamente un muro que ha crecido alrededor de muchas áreas protegidas, excluyendo a las personas que dependen de los bosques para su supervivencia" dijo Andrew Davis, uno de los autores del estudio.
Realizado por Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (Prisma), la investigación sugiere que la política ambiental actual es errónea, no sólo por parte de los gobiernos, sino que también involucra a organizaciones conservacionistas y naciones contribuyentes.
El análisis de Prisma, que comprende de México hasta Panamá, muestra que existen evidencias de que los pueblos indígenas y comunidades rurales, "cuando tienen derechos reconocidos y protegidos sobre sus territorios, superan con regularidad la gestión pública y privada de los bosques".
Como ejemplo citan un estudio económico que indica que en los bosques tropicales de Bolivia, Brasil y Colombia, "los fuertes derechos territoriales indígenas y comunitarios se traducen en tasas de deforestación que son dos o tres veces más bajas que en otras zonas de los bosques".
De acuerdo con el documento, el 38% de las áreas protegidas en Centroamérica se encuentran en territorios indígenas, debido a la alta biodiversidad que hay en ellos, paradójicamente se les impide a las comunidades locales seguir cuidando de ellas.
Así reservas de biosfera en la región fueron establecidas sin una consulta a las comunidades locales, casos como la Reserva de la Biosfera Maya (Guatemala), la Reserva de la Biosfera de Río Plátano (Honduras), la Reserva de la Biosfera de Bosawas (Nicaragua) o el Parque Nacional Darién (Panamá).
"Las políticas gubernamentales bloquean nuestro acceso a los recursos", dijo el presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas, Gustavo Sánchez, en alusión a la Reserva de la Mariposa Monarca, en México.
El responsable agregó que la instalación de esta reserva evitó que se realizaran control de plagas y que se impidiera el "avance desenfrenado de las plantaciones de aguacates", así como de taladores ilegales.
El informe revela que sólo 21 de 188 países incluyeron a los pueblos de los bosques en sus planes para reducir las emisiones de carbono bajo el Acuerdo de París.
Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, instó "a los negociadores de la conferencia sobre biodiversidad en Cancún a que presten atención a los resultados de este estudio". "No alcanzarán sus metas sin la ayuda de los pueblos indígenas del mundo", explicó.
Realizado por Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (Prisma), la investigación sugiere que la política ambiental actual es errónea, no sólo por parte de los gobiernos, sino que también involucra a organizaciones conservacionistas y naciones contribuyentes.
El análisis de Prisma, que comprende de México hasta Panamá, muestra que existen evidencias de que los pueblos indígenas y comunidades rurales, "cuando tienen derechos reconocidos y protegidos sobre sus territorios, superan con regularidad la gestión pública y privada de los bosques".
Como ejemplo citan un estudio económico que indica que en los bosques tropicales de Bolivia, Brasil y Colombia, "los fuertes derechos territoriales indígenas y comunitarios se traducen en tasas de deforestación que son dos o tres veces más bajas que en otras zonas de los bosques".
De acuerdo con el documento, el 38% de las áreas protegidas en Centroamérica se encuentran en territorios indígenas, debido a la alta biodiversidad que hay en ellos, paradójicamente se les impide a las comunidades locales seguir cuidando de ellas.
Así reservas de biosfera en la región fueron establecidas sin una consulta a las comunidades locales, casos como la Reserva de la Biosfera Maya (Guatemala), la Reserva de la Biosfera de Río Plátano (Honduras), la Reserva de la Biosfera de Bosawas (Nicaragua) o el Parque Nacional Darién (Panamá).
"Las políticas gubernamentales bloquean nuestro acceso a los recursos", dijo el presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas, Gustavo Sánchez, en alusión a la Reserva de la Mariposa Monarca, en México.
El responsable agregó que la instalación de esta reserva evitó que se realizaran control de plagas y que se impidiera el "avance desenfrenado de las plantaciones de aguacates", así como de taladores ilegales.
El informe revela que sólo 21 de 188 países incluyeron a los pueblos de los bosques en sus planes para reducir las emisiones de carbono bajo el Acuerdo de París.
Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, instó "a los negociadores de la conferencia sobre biodiversidad en Cancún a que presten atención a los resultados de este estudio". "No alcanzarán sus metas sin la ayuda de los pueblos indígenas del mundo", explicó.
