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Política
Manifestación pidiendo justicia para los desaparecidos.
Los organizadores de las marchas levantaban grandes carteles con el lema "30.000 detenidos-desaparecidos, presentes", en momentos en que el primer jefe de la dictadura, el ex general Jorge Videla, de 85 años, cumple condena a prisión perpetua en una cárcel común.
Organizaciones humanitarias --entre ellas Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo-- cifran en 30.000 las víctimas.
Mientras, organismos del Estado señalan que el régimen produjo además centenares de miles de exilios, despidos y prohibiciones.
"Juicio y castigo a los cómplices e ideólogos civiles", podía leerse en pancartas levantadas por la multitud, en alusión a los grupos económicos nucleados en la disuelta Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE).
La APEGE fue la que reclamó el fin del gobierno de Isabel Perón (1974-1976), derrocada aquel 24 de marzo hace 35 años, con el impulso de -entre otros- decenas de entidades patronales de industriales, comerciantes y productores rurales.
El mayor ideólogo del asalto al poder fue el economista y hacendado José Martínez de Hoz (designado luego como ministro de Economía del régimen), a quien la Justicia acusa de vinculación con secuestros extorsivos cometidos en aquellos años, entre ellos el de dos empresarios.
El caso Martínez de Hoz volvió a tribunales al declarar la Corte Suprema inconstitucionales los indultos firmados entre 1989 y 1990 por el entonces presidente Carlos Menem, que favorecieron a centenares de ex militares y civiles, entre ellos Videla y el ex jefe de la marina Emilio Massera.
Massera, alias 'El almirante cero' y máximo responsable del centro de torturas y exterminio en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), murió el año pasado en su lecho donde yacía en estado vegetativo por un derrame cerebral.
En la ESMA funciona actualmente el Museo de la Memoria, junto con talleres educativos y otros emprendimientos culturales.
"Desde el retorno a la democracia (en 1983) se ha condenado a 200 personas, incluyendo las del Juicio a las Juntas (en 1985). Existen 820 procesados en todo el país, de los cuales 400 ya tienen al menos una causa en etapa de juicio oral", según un informe de la Procuración General (fiscalía del Estado).
Aquel Juicio a las Juntas condenó a cárcel perpetua a Videla y Massera, pero las leyes de amnistía sancionadas durante la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989) y los indultos de Menem intentaron cerrar el capítulo, hasta que todas las causas fueron reabiertas en el siglo XXI.
Por iniciativa del fallecido ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) fueron derogadas las leyes de amnistía sancionadas en los años 80, lo que permitió hasta ahora condenar a 167 ex militares y ex policías, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Otra consigna de las marchas del jueves es "Restitución de la identidad de los jóvenes apropiados", en referencia a los 500 bebés robados o nacidos en cautiverio de padres desaparecidos, aunque 102 de ellos recuperaron su identidad merced a la labor de Abuelas de Plaza de Mayo.
Más de 500 centros de tormentos y aniquilación funcionaron en todo el país durante la dictadura, incluso con maternidades clandestinas, según se probó en los juicios.
Los manifestantes también reclaman "Aparición con vida de Jorge Julio López", un anciano testigo en los juicios que está desaparecido desde 2006, presuntamente secuestrado por grupos residuales de la dictadura.
Organizaciones humanitarias --entre ellas Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo-- cifran en 30.000 las víctimas.
Mientras, organismos del Estado señalan que el régimen produjo además centenares de miles de exilios, despidos y prohibiciones.
"Juicio y castigo a los cómplices e ideólogos civiles", podía leerse en pancartas levantadas por la multitud, en alusión a los grupos económicos nucleados en la disuelta Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE).
La APEGE fue la que reclamó el fin del gobierno de Isabel Perón (1974-1976), derrocada aquel 24 de marzo hace 35 años, con el impulso de -entre otros- decenas de entidades patronales de industriales, comerciantes y productores rurales.
El mayor ideólogo del asalto al poder fue el economista y hacendado José Martínez de Hoz (designado luego como ministro de Economía del régimen), a quien la Justicia acusa de vinculación con secuestros extorsivos cometidos en aquellos años, entre ellos el de dos empresarios.
El caso Martínez de Hoz volvió a tribunales al declarar la Corte Suprema inconstitucionales los indultos firmados entre 1989 y 1990 por el entonces presidente Carlos Menem, que favorecieron a centenares de ex militares y civiles, entre ellos Videla y el ex jefe de la marina Emilio Massera.
Massera, alias 'El almirante cero' y máximo responsable del centro de torturas y exterminio en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), murió el año pasado en su lecho donde yacía en estado vegetativo por un derrame cerebral.
En la ESMA funciona actualmente el Museo de la Memoria, junto con talleres educativos y otros emprendimientos culturales.
"Desde el retorno a la democracia (en 1983) se ha condenado a 200 personas, incluyendo las del Juicio a las Juntas (en 1985). Existen 820 procesados en todo el país, de los cuales 400 ya tienen al menos una causa en etapa de juicio oral", según un informe de la Procuración General (fiscalía del Estado).
Aquel Juicio a las Juntas condenó a cárcel perpetua a Videla y Massera, pero las leyes de amnistía sancionadas durante la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989) y los indultos de Menem intentaron cerrar el capítulo, hasta que todas las causas fueron reabiertas en el siglo XXI.
Por iniciativa del fallecido ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) fueron derogadas las leyes de amnistía sancionadas en los años 80, lo que permitió hasta ahora condenar a 167 ex militares y ex policías, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Otra consigna de las marchas del jueves es "Restitución de la identidad de los jóvenes apropiados", en referencia a los 500 bebés robados o nacidos en cautiverio de padres desaparecidos, aunque 102 de ellos recuperaron su identidad merced a la labor de Abuelas de Plaza de Mayo.
Más de 500 centros de tormentos y aniquilación funcionaron en todo el país durante la dictadura, incluso con maternidades clandestinas, según se probó en los juicios.
Los manifestantes también reclaman "Aparición con vida de Jorge Julio López", un anciano testigo en los juicios que está desaparecido desde 2006, presuntamente secuestrado por grupos residuales de la dictadura.
