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"El Parlamento conoce bien sus derechos y sus deberes, no interviene en los asuntos del poder judicial y no comenta los veredictos de la justicia", agregó.
"Quiero subrayar que no estamos en contradicción con el veredicto", de la ACC, aclaró, antes de suspender la sesión.
La posición de Katatni está en conformidad con la de la presidencia, para la que el decreto de Mursi, también miembro de los Hermanos musulmanes, "no contradice ni contraviene el veredicto de la Corte constitucional" pues este último no puede ser aplicado "inmediatamente".
Los diputados de los Hermanos musulmanes y los fundamentalistas salafistas, que dominan la Asamblea, estaban presentes, pero los ediles de otros partidos, en particular los liberales, boicotearon la sesión y algunos calificaron el decreto de Morsi de "golpe de Estado constitucional".
La Alta corte constitucional, que el 14 de junio había decretado que la Asamblea no era válida debido a un vicio jurídico en la ley electoral, rechazó el lunes el decreto presidencial ordenando restablecer el Parlamento.
"Los veredictos y el conjunto de las decisiones de la Alta corte constitucional son definitivos (...) y son coercitivos para todas las instituciones del Estado", afirmó la Corte en un comunicado.
Luego de la disolución de la Asamblea, los militares - a los que Hosni Mubarak, expulsado del poder en febrero de 2011, había entregado el mando del país - recuperaron el poder legislativo, provocando la cólera de aquellos que quieren verlos salir de la política.
El ejército, que celebró una reunión de urgencia después del decreto presidencial, llamó a respetar "la ley y la Constitución", declarándose "confiado en que todas las instituciones del Estado respetarán lo que se ha dicho en las declaraciones constitucionales".
Estos últimos acontecimientos ilustran el conflicto iniciado entre el nuevo presidente y el Consejo supremo de las fuerzas armadas (CSFA), sobre todo después de la adopción por los militares de una "Declaración constitucional complementaria" que debilitó considerablemente la función presidencial.
Los Hermanos musulmanes habían acusado a los militares de haber organizado la disolución del Parlamento para adjudicarse el poder legislativo, denunciado un verdadero "golpe de Estado", y afirmando que para ellos la Asamblea popular seguía siendo válida y guardaba todas sus prerrogativas.
De su lado la ACC aseguró que ella "no era parte en ninguna lucha política" y que su misión era "proteger el texto de la Constitución". Sin embargo, está acusada por varios grupos y hombres políticos de ser parcial.
Los Hermanos musulmanes, rivales históricos de los militares que dominan el sistema político desde la caída de la monarquía en 1952, aunque con diferencias entre la época de Naser y la de As Sadat, anunciaron que se manifestarían el martes "para apoyar las decisiones del presidente y por el restablecimiento del Parlamento".
