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Turistas en Barcelona
El ayuntamiento de la izquierdista Ada Colau, exactivista antidesahucios, aprobó este plan para "empezar a regular el turismo" y "acabar con la barra libre que operaba sin control en la ciudad", dijo la responsable de urbanismo Janet Sanz.
En 2015 ya se suspendió cautelarmente la concesión de nuevas licencias hoteleras. Y anteriormente, el anterior consistorio estableció una moratoria en la apertura de pisos de alquiler turístico ante la proliferación de plataformas tipo Airbnb.
Esta ciudad mediterránea de 1,6 millones de habitantes recibió en 2016 una treintena de millones de visitantes, según datos del ayuntamiento.
Esta actividad genera un 13% del PIB municipal y 68.000 empleos pero también provoca un fuerte encarecimiento de los alquileres, la saturación del espacio público y molestias nocturnas para los vecinos, que lo ven como uno de los principales problemas de la ciudad.
En varios barrios céntricos hay más población flotante que residentes y un 50% de las 121.000 plazas de alojamiento turístico de la ciudad se concentran en un 17% del territorio, señala el consistorio.
"Una ciudad con turismo no es un problema siempre que no vaya en detrimento de los vecinos" y "ya hay demasiada gente que se ha visto expulsada de su barrio por culpa de la presión inmobiliaria vinculada al turismo", dijo Sanz.
El plan, aprobado con el apoyo de los partidos de izquierdas, prohíbe abrir nuevos alojamientos turísticos en el centro incluso en caso de que los existentes cesen su actividad.
En la corona del centro tampoco podrán abrirse nuevos hoteles pero aquellos que cierren podrán ser sustituidos. En el resto de la ciudad limita el crecimiento a 11.000 nuevas plazas turísticas.
Este plan "es una mala herramienta, perjudica el presente de la ciudad y puede hipotecar gravemente el futuro de la misma", dijo el concejal conservador Jordi Martí.
El jueves, las asociaciones de hoteleros, comerciantes y restauradores de la ciudad arremetieron contra este plan defendiendo "el crecimiento hotelero sostenido y sostenible en todas las zonas de la ciudad".
"La opción municipal ha sido la parálisis y el decrecimiento", lamentaron en un comunicado.
Colau, alcaldesa desde 2015, se propuso frenar la burbuja turística de la ciudad y luchar contra los apartamentos sin licencia ofertados por plataformas como Airbnb o Homeaway, a quienes quieren multar con 600.000 euros.
En 2015 ya se suspendió cautelarmente la concesión de nuevas licencias hoteleras. Y anteriormente, el anterior consistorio estableció una moratoria en la apertura de pisos de alquiler turístico ante la proliferación de plataformas tipo Airbnb.
Esta ciudad mediterránea de 1,6 millones de habitantes recibió en 2016 una treintena de millones de visitantes, según datos del ayuntamiento.
Esta actividad genera un 13% del PIB municipal y 68.000 empleos pero también provoca un fuerte encarecimiento de los alquileres, la saturación del espacio público y molestias nocturnas para los vecinos, que lo ven como uno de los principales problemas de la ciudad.
En varios barrios céntricos hay más población flotante que residentes y un 50% de las 121.000 plazas de alojamiento turístico de la ciudad se concentran en un 17% del territorio, señala el consistorio.
"Una ciudad con turismo no es un problema siempre que no vaya en detrimento de los vecinos" y "ya hay demasiada gente que se ha visto expulsada de su barrio por culpa de la presión inmobiliaria vinculada al turismo", dijo Sanz.
El plan, aprobado con el apoyo de los partidos de izquierdas, prohíbe abrir nuevos alojamientos turísticos en el centro incluso en caso de que los existentes cesen su actividad.
En la corona del centro tampoco podrán abrirse nuevos hoteles pero aquellos que cierren podrán ser sustituidos. En el resto de la ciudad limita el crecimiento a 11.000 nuevas plazas turísticas.
Este plan "es una mala herramienta, perjudica el presente de la ciudad y puede hipotecar gravemente el futuro de la misma", dijo el concejal conservador Jordi Martí.
El jueves, las asociaciones de hoteleros, comerciantes y restauradores de la ciudad arremetieron contra este plan defendiendo "el crecimiento hotelero sostenido y sostenible en todas las zonas de la ciudad".
"La opción municipal ha sido la parálisis y el decrecimiento", lamentaron en un comunicado.
Colau, alcaldesa desde 2015, se propuso frenar la burbuja turística de la ciudad y luchar contra los apartamentos sin licencia ofertados por plataformas como Airbnb o Homeaway, a quienes quieren multar con 600.000 euros.
