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Política
La senadora Monica Cirinnà, en el parlamento, con Ivan Scalfaratto
Italia, último país de Europa que no reconoce legalmente a las parejas homosexuales, intenta cubrir ese vacío legal con un proyecto de ley que deberá ser sometido a examen a partir del 28 de enero.
El texto, elaborado por la senadora Monica Cirinná, del Partido Democrático, califica de "unión civil" a la pareja del mismo sexo o heterosexual que convive y otorga derechos y deberes.
Además de la pensión de reversibilidad en caso de muerte de uno de ellos, la ley contempla la posibilidad de adoptar el hijo natural o adoptivo de uno de los miembros de la pareja homosexual, lo que ha desatado duros enfrentamientos.
Los llamados "Cato-dem" han presentado varias de las 6.000 enmiendas, entre ellas una que pone como condición para adoptar al hijo del cónyuge, que no haya sido concebido a través de un vientre de alquiler.
Sin esa garantía, el caso pasa a la justicia, para que el menor sea adoptado por otras familias.
La enmienda prevé una pena de hasta dos años de prisión para los que acceden al alquiler de vientres y una multa de un millón de euros para todo italiano que accede a la gestación subrogada, aún si es legal en el país en el que recurrió.
La enmienda fue rechazada y calificada como "indecente" y "de mala fe", por la organización italiana de defensa de los homosexuales, Arcigay y se espera que sea rechazada durante las deliberaciones.
"Una ley que nace con la idea de reconocer derechos no se puede transformar en una ley que castiga penalmente y amenaza con cárcel", subrayó la asociación.
La ley de unión civil, en la que se evita claramente mencionar la palabra 'matrimonio' está dirigida a parejas y familias que vivían como "fantasmas" en su propio país.
"Un primer paso para cubrir un retardo poco digno para Italia", comentó Gabriele Piazzoni, secretario nacional de Arcigay.
"Italia, despierta, llegó la hora de ser civiles", será el lema de la manifestación del sábado convocada por todos los partidos de izquierda y los mayores sindicatos en 90 plazas del país.
"No queremos impresionar, queremos llegar a la gente", explicó Marilena Grassadonia, presidente de Famiglie Arcobaleno, presidente de la organización que defiende a las familias formadas por homosexuales.
Una semana después, el 30 de enero, organizaciones católicas saldrán a manifestar en Roma a favor de la familia y contra la 'ley Cirinná' que reglamenta el matrimonio gay.
La jerarquía de la iglesia católica italiana, que bajo el pontificado de Francisco evita condenas y anatemas públicas sobre esos temas, se lanzó esta semana contra la ley que calificó de "irresponsable".
Por su parte, el papa argentino defendió este viernes con firmeza el matrimonio católico y condenó las demás uniones para despejar toda "confusión" sobre las uniones, dijo.
Si se adopta la ley, incluso muy modificada, los opositores esperan que sea revocada por el Tribunal Constitucional o a través de referéndum para derogarla, cuyo resultado es incierto.
Encuestas recientes indican que la mayoría de los italianos están a favor de reglamentar las uniones civiles, pero se oponen a que accedan a la adopción.
El texto, elaborado por la senadora Monica Cirinná, del Partido Democrático, califica de "unión civil" a la pareja del mismo sexo o heterosexual que convive y otorga derechos y deberes.
Además de la pensión de reversibilidad en caso de muerte de uno de ellos, la ley contempla la posibilidad de adoptar el hijo natural o adoptivo de uno de los miembros de la pareja homosexual, lo que ha desatado duros enfrentamientos.
- Unión civil contra matrimonio -
Si bien la oposición de derecha ha manifestado que votará a favor del proyecto que el gobierno de izquierda liderado por Matteo Renzi promueve, sectores moderados de centro y sobre todo militantes católicos del partido de gobierno, el Partido Democrático, anunciaron que van a dar batalla contra lo que consideran la legalización del "matrimonio" gay.Los llamados "Cato-dem" han presentado varias de las 6.000 enmiendas, entre ellas una que pone como condición para adoptar al hijo del cónyuge, que no haya sido concebido a través de un vientre de alquiler.
Sin esa garantía, el caso pasa a la justicia, para que el menor sea adoptado por otras familias.
La enmienda prevé una pena de hasta dos años de prisión para los que acceden al alquiler de vientres y una multa de un millón de euros para todo italiano que accede a la gestación subrogada, aún si es legal en el país en el que recurrió.
La enmienda fue rechazada y calificada como "indecente" y "de mala fe", por la organización italiana de defensa de los homosexuales, Arcigay y se espera que sea rechazada durante las deliberaciones.
"Una ley que nace con la idea de reconocer derechos no se puede transformar en una ley que castiga penalmente y amenaza con cárcel", subrayó la asociación.
La ley de unión civil, en la que se evita claramente mencionar la palabra 'matrimonio' está dirigida a parejas y familias que vivían como "fantasmas" en su propio país.
"Un primer paso para cubrir un retardo poco digno para Italia", comentó Gabriele Piazzoni, secretario nacional de Arcigay.
"Italia, despierta, llegó la hora de ser civiles", será el lema de la manifestación del sábado convocada por todos los partidos de izquierda y los mayores sindicatos en 90 plazas del país.
"No queremos impresionar, queremos llegar a la gente", explicó Marilena Grassadonia, presidente de Famiglie Arcobaleno, presidente de la organización que defiende a las familias formadas por homosexuales.
Una semana después, el 30 de enero, organizaciones católicas saldrán a manifestar en Roma a favor de la familia y contra la 'ley Cirinná' que reglamenta el matrimonio gay.
La jerarquía de la iglesia católica italiana, que bajo el pontificado de Francisco evita condenas y anatemas públicas sobre esos temas, se lanzó esta semana contra la ley que calificó de "irresponsable".
Por su parte, el papa argentino defendió este viernes con firmeza el matrimonio católico y condenó las demás uniones para despejar toda "confusión" sobre las uniones, dijo.
Si se adopta la ley, incluso muy modificada, los opositores esperan que sea revocada por el Tribunal Constitucional o a través de referéndum para derogarla, cuyo resultado es incierto.
Encuestas recientes indican que la mayoría de los italianos están a favor de reglamentar las uniones civiles, pero se oponen a que accedan a la adopción.
