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Política
Morales leyó en un acto público en el presidencial Palacio Quemado el decreto de "nacionalización" que afectará a las empresas distribuidoras de luz "Electropaz" en La Paz y "Elfeo" en Oruro (sur), que atienden una población aproximada de 1,8 millones de personas.
"Se dispone la nacionalización de la totalidad de las acciones que posee la Sociedad Iberbolivia de Inversiones Sociedad Anónima, en las empresas de electricidad de La Paz y de Luz y Fuerza de Oruro", dijo Morales.
La medida también afectó a dos pequeñas empresas de servicios del sector eléctrico: la Compañía Administradora de Empresas Bolivia (CADEB) y la Empresa de Servicios EDESER, también en manos de Iberdrola, con sede en la ciudad de La Paz.
"Nos vemos obligados a tomar esa medida para que las tarifas de servicio eléctrico sean equitativas en los departamentos de La Paz y Oruro y la calidad de servicio eléctrico sea uniforme en área rural y urbana", argumentó Morales al suscribir su decreto.
El mandatario también decretó "pagar el monto correspondiente (indemnización) a la totalidad del paquete accionario de la empresa Iberbolivia Inversiones SA, cuyos valores serán establecidos como resultado de un proceso de valuación a ser realizado por una empresa independiente en un plazo de 180 días".
- La reacción en España -
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Iberdrola reaccionó en Madrid, donde dijo que espera que Bolivia pague "el valor real" por sus cuatro filiales, sin precisar montos, mientras que la prensa española estimó el valor de dicha participación en unos 100 millones de dólares.
El Ministerio de Asuntos Exteriores lamentó por separado en un comunicado el decreto del presidente Morales.
"España lamenta la decisión del gobierno boliviano de nacionalizar estas cuatro empresas, que tienen entre sus accionistas a empresas españolas, argentinas y norteamericanas", afirmó la cancillería.
El gobierno boliviano no precisó el porcentaje que controla Iberdrola en Electropaz, Elfeo, CADEB y EDESER.
El mandatario boliviano tomó la medida sobre Iberdrola ocho meses después de expropiar la Transportadora de Electricidad (TDE), empresa en la que Red Eléctrica de España (REE) tenía casi el 100% de las acciones, lo que había originado un cruce diplomático y los pedidos de Madrid para que cesarán ese tipo de medidas.
REE aún mantiene su decisión de demandar a Bolivia ya que hasta el momento no habido un acuerdo para el pago de la indemnización.
El secretario de Cooperación Internacional de España, Jesús Manuel Gracia, dijo en mayo pasado en La Paz tras reunirse con autoridades del país sudamericano, que Bolivia le aseguró que no haría más nacionalizaciones tras la medida adoptada contra la eléctrica REE.
Luego, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, pidió en agosto pasado en una reunión en su país con su homólogo boliviano David Choquehuanca, "condiciones estables de seguridad jurídica" para las empresas españolas esblecidas en Bolivia.
Durante su gestión, que comenzó en enero de 2006, Morales ya había tomado medidas contra intereses privados españoles y de otros países.
En diciembre de 2010, el gobierno aprobó una nueva Ley de Pensiones, por el que creó la nueva Gestora de la Seguridad Social de Largo Plazo que reemplaza a las administradoras de pensiones Previsión (del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-BBVA de España) y Futuro (Grupo Zurich de Suiza).
Morales también nacionalizó en mayo de 2006 las reservas hidrocarburíferas de la petrolera Repsol, junto a otras empresas como la brasileña Petrobras, la argentina Panamerican, la francesa Total y la británica British Petroleum, a las que obligó a firmar nuevos contratos de servicios.
Asimismo, el mandatario expropió empresas de telecomunicaciones, refinerías de gasolina y fundiciones de mineral.
- Reacciones en Bolivia -
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Tras el último decreto presidencial de nacionalización, decenas de policías y militares ocuparon de manera pacífica las oficinas administrativas de Electropaz en La Paz y Elfeo en Oruro y plantas distribuidoras de energía eléctrica también en La Paz, constató la AFP.
La medida provocó las críticas de la patronal Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y del opositor Movimiento Sin Miedo (MSM, centroizquierda). La CEPB tachó la medida como una "arremetida" contra el sector privado y "sin razón". El MSM señaló que la decisión es "improvisada y coyunturalista" para tapar casos de corrupción.
Mientras se producía la ocupación policial y militar, el dirigente del sindicato de trabajadores de la empresa Elfeo, Rómulo de la Fuente, lamentó la medida oficial "porque siempre hemos sido una empresa privada" y pidió al gobierno "que nos garantice nuestras fuentes laborales".
"Se dispone la nacionalización de la totalidad de las acciones que posee la Sociedad Iberbolivia de Inversiones Sociedad Anónima, en las empresas de electricidad de La Paz y de Luz y Fuerza de Oruro", dijo Morales.
La medida también afectó a dos pequeñas empresas de servicios del sector eléctrico: la Compañía Administradora de Empresas Bolivia (CADEB) y la Empresa de Servicios EDESER, también en manos de Iberdrola, con sede en la ciudad de La Paz.
"Nos vemos obligados a tomar esa medida para que las tarifas de servicio eléctrico sean equitativas en los departamentos de La Paz y Oruro y la calidad de servicio eléctrico sea uniforme en área rural y urbana", argumentó Morales al suscribir su decreto.
El mandatario también decretó "pagar el monto correspondiente (indemnización) a la totalidad del paquete accionario de la empresa Iberbolivia Inversiones SA, cuyos valores serán establecidos como resultado de un proceso de valuación a ser realizado por una empresa independiente en un plazo de 180 días".
- La reacción en España -
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Iberdrola reaccionó en Madrid, donde dijo que espera que Bolivia pague "el valor real" por sus cuatro filiales, sin precisar montos, mientras que la prensa española estimó el valor de dicha participación en unos 100 millones de dólares.
El Ministerio de Asuntos Exteriores lamentó por separado en un comunicado el decreto del presidente Morales.
"España lamenta la decisión del gobierno boliviano de nacionalizar estas cuatro empresas, que tienen entre sus accionistas a empresas españolas, argentinas y norteamericanas", afirmó la cancillería.
El gobierno boliviano no precisó el porcentaje que controla Iberdrola en Electropaz, Elfeo, CADEB y EDESER.
El mandatario boliviano tomó la medida sobre Iberdrola ocho meses después de expropiar la Transportadora de Electricidad (TDE), empresa en la que Red Eléctrica de España (REE) tenía casi el 100% de las acciones, lo que había originado un cruce diplomático y los pedidos de Madrid para que cesarán ese tipo de medidas.
REE aún mantiene su decisión de demandar a Bolivia ya que hasta el momento no habido un acuerdo para el pago de la indemnización.
El secretario de Cooperación Internacional de España, Jesús Manuel Gracia, dijo en mayo pasado en La Paz tras reunirse con autoridades del país sudamericano, que Bolivia le aseguró que no haría más nacionalizaciones tras la medida adoptada contra la eléctrica REE.
Luego, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, pidió en agosto pasado en una reunión en su país con su homólogo boliviano David Choquehuanca, "condiciones estables de seguridad jurídica" para las empresas españolas esblecidas en Bolivia.
Durante su gestión, que comenzó en enero de 2006, Morales ya había tomado medidas contra intereses privados españoles y de otros países.
En diciembre de 2010, el gobierno aprobó una nueva Ley de Pensiones, por el que creó la nueva Gestora de la Seguridad Social de Largo Plazo que reemplaza a las administradoras de pensiones Previsión (del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-BBVA de España) y Futuro (Grupo Zurich de Suiza).
Morales también nacionalizó en mayo de 2006 las reservas hidrocarburíferas de la petrolera Repsol, junto a otras empresas como la brasileña Petrobras, la argentina Panamerican, la francesa Total y la británica British Petroleum, a las que obligó a firmar nuevos contratos de servicios.
Asimismo, el mandatario expropió empresas de telecomunicaciones, refinerías de gasolina y fundiciones de mineral.
- Reacciones en Bolivia -
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Tras el último decreto presidencial de nacionalización, decenas de policías y militares ocuparon de manera pacífica las oficinas administrativas de Electropaz en La Paz y Elfeo en Oruro y plantas distribuidoras de energía eléctrica también en La Paz, constató la AFP.
La medida provocó las críticas de la patronal Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y del opositor Movimiento Sin Miedo (MSM, centroizquierda). La CEPB tachó la medida como una "arremetida" contra el sector privado y "sin razón". El MSM señaló que la decisión es "improvisada y coyunturalista" para tapar casos de corrupción.
Mientras se producía la ocupación policial y militar, el dirigente del sindicato de trabajadores de la empresa Elfeo, Rómulo de la Fuente, lamentó la medida oficial "porque siempre hemos sido una empresa privada" y pidió al gobierno "que nos garantice nuestras fuentes laborales".
