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La amnistía, decretada inicialmente en abril por un periodo de tres meses y después prolongada cuatro más, ha permitido a unos 4,045 millones de extranjeros indocumentados regularizarse con la ayuda de un padrino empleador, anunció a la prensa Ahmed al Humaidan, un responsable del ministerio de Trabajo.
El ministerio ha advertido que no se prolongará la amnistía pese a los pedidos oficiales de algunos países asiáticos, entre ellos Pakistán y Filipinas, para que se prolongue por lo menos hasta el 31 de enero.
"No tenemos intención de prolongar la amnistía que expira el domingo", dijo el portavoz del ministerio saudí de Trabajo, Hattab al-Anzi, citado el jueves por la agencia oficial Spa.
Un extranjero solo puede permanecer en el país si tiene un padrino, un empleador cuyo acuerdo escrito es necesario para cambiar de empleo o abandonar el país.
La amnistía ha permitido a los extranjeros ilegales presentarse a las autoridades para hacerse apadrinar por un empleador y obtener un permiso de residencia. De lo contrario, están obligados a abandonar el país para evitar figurar en una lista negra o correr el riesgo de ser condenados a una pena que podía suponer dos años de cárcel y una multa de 100.000 riales (27.000 dólares).
Unos "900.000 extranjeros abandonaron el reino tras obtener un visado de salida", informó el portavoz del departamento de pasaportes, Ahmed Al Lahyadan.
Tras la amnistía, la represión
Las autoridades saudíes han anunciado que actuarán "con firmeza" contra los centenares de miles de inmigrantes que no han podido acogerse a esta amnistía.
Equipos de inspectores, acompañados por patrullas policiales, empezarán a partir del lunes una campaña de represión contra los ilegales, entre los que destacan los registros inopinados en los lugares de trabajo en busca de extranjeros en situación irregular, según los ministerios de Trabajo y de Interior.
Estas amenazas han dejado prácticamente vacíos en las últimas semanas los lugares públicos de Riad donde se solían reunir los trabajadores jornaleros en espera de un hipotético empleador.
"Aquí solíamos esperar centenares de personas. Hoy solo somos unos veinte", dice Hafez Eddin Shah, que espera en la plaza Al Salmaniyá, en un barrio del oeste de Riad.
Este chófer paquistaní dice que ha logrado cambiar de padrino, una operación que le ha costado, según él, 10.000 riales (2.700 dólares).
Sin embargo, para el etíope Suleiman Ahmed, el sueño está a punto de romperse. "He pagado 20.000 riales (5.400 dólares) a un padrino que se ha evaporado. Me ha arruinado. Y me tengo que ir", lamenta este hombre que ha tratado dos veces de instalarse en el reino petrolero.
En julio, Human Rights Watch instó a Riad a que aboliera el sistema de apadrinamiento de los trabajadores extranjeros, fuente de "múltiples abusos y explotación, en condiciones a menudo similares a la esclavitud".
Las autoridades esperan que la amnistía reduzca el número de inmigrantes, que se estima en unos 9 millones de personas, de los 27 millones de habitantes, para favorecer el trabajo de los saudíes en el reino donde la tasa de desempleo se eleva al 12,5%.
Los economistas saudíes han minimizado el impacto en la economía local de la salida de los trabajadores ilegales, a menudo jornaleros o temporeros, empleados para trabajos sin ninguna cualificación. "Es una mano de obra excedentaria", dijo a la AFP Abdelwahab Abu Dahesh.
"La salida de un millón de inmigrantes ilegales, que será seguida por otros 500.000 después de la amnistía no tendrá (a largo plazo) consecuencias en la economía saudí", sostuvo.
Por su parte, el también economista Ihsan Bu Hulaiga ha pedido a las autoridades que prioricen "la competencia y la experiencia" para reestructurar el mercado de trabajo.
