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Política
Emilio Palacio.
Un juez de primera instancia sentenció el miércoles a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares al director del periódico, César Pérez, a los subdirectores Carlos y Nicolás Pérez, y al ex editor de opinión Emilio Palacio, a raíz de una columna escrita por este último el 6 de febrero.
Ambas partes anunciaron el jueves que apelarán el fallo, por lo que quedó en suspenso la orden de prisión y el pago del dinero: 30 millones de dólares por parte de los condenados y 10 millones a cargo del rotativo.
Correa apelará para reclamar los 80 millones de dólares que exigió inicialmente, aunque aseguró que no se quedará con "un centavo" de esa plata, que destinará a fines no personales.
"Es un hito histórico, se derrumbó el mito de la prensa omnipotente que se cree con patente de corso para hacer lo que le da la gana", dijo Correa, y añadió que también se acabó la "estrategia de permitir que un descalificado injurie y la culpa no es de los directivos sino de los sicarios de tinta", añadió.
César Pérez, director del cotididiano de Guayaquil -capital económica de Ecuador y la ciudad más poblada con 3,6 millones de habitantes-, fundado hace 90 años, aseveró que la sentencia, rechazada por varias organizaciones internacionales, "es para callarnos".
El juez "quiere que nos tiemble la mano cuando escribamos de un acto de corrupción o caer en lo peor, la autocensura", afirmó.
La pugna entre Correa y la prensa ocurre en el marco de un vacío de liderazgo opositor, que ha sido llenado por los medios.
"La mayoría de medios cayó en la red que les tendió el presidente de llevarles al campo político, convirtiéndolos en actores de oposición cuando son solo actores sociales", dijo a la AFP el analista de prensa José Villamarín, catedrático de la Universidad Central (pública).
Para Isabel Ramos, analista de medios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), algunas empresas periodísticas en Ecuador, como en otros países de la región, han copado el espacio que han dejado actores e instituciones políticas "desprestigiados".
"Los medios han empezado a usar políticamente ese espacio, es una tendencia regional que cuestiona a gobiernos contrarios a políticas neoliberales con fuertes políticas redistributivas, como son los de Argentina, Bolivia, Ecuador o Venezuela", indicó a la AFP.
Correa planteó la demanda por un artículo en el que Palacio le acusó de "dictador" y de haber ordenado abrir fuego contra un hospital el 30 de septiembre de 2010 durante una rebelión policial por reclamos salariales, cuestionando así su afirmación de que en esa oportunidad los opositores intentaron derrocarlo.
"El dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente", escribió el periodista.
Desde su llegada al poder en 2007, Correa, un economista de izquierda de 48 años formado en Estados Unidos, se planteó combatir a un sector de la prensa, al que tilda de "poder fáctico, mediocre y corrupto", y que hace política soterradamente.
En ese marco, el 7 de mayo de este año logró que un referendo diera luz verde para que el Congreso expida una ley de comunicación y cree un órgano que regule los contenidos de la prensa, lo que los gremios periodísticos denuncian como un intento de censura.
La consulta también prohibió que los bancos y los medios tengan inversiones fuera de sus sectores. La Constitución de corte socialista promulgada en 2008 ya había prohibido a los banqueros poseer medios de comunicación.
Con anterioridad, en febrero pasado, Correa demandó por "daño moral" a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro "El gran hermano", que reveló contratos con el Estado de su hermano Fabricio por 100 millones de dólares. Correa anuló inmediatamente esos contratos e inició el juicio en el que reclama una reparación de 10 millones de dolares.
Ambas partes anunciaron el jueves que apelarán el fallo, por lo que quedó en suspenso la orden de prisión y el pago del dinero: 30 millones de dólares por parte de los condenados y 10 millones a cargo del rotativo.
Correa apelará para reclamar los 80 millones de dólares que exigió inicialmente, aunque aseguró que no se quedará con "un centavo" de esa plata, que destinará a fines no personales.
"Es un hito histórico, se derrumbó el mito de la prensa omnipotente que se cree con patente de corso para hacer lo que le da la gana", dijo Correa, y añadió que también se acabó la "estrategia de permitir que un descalificado injurie y la culpa no es de los directivos sino de los sicarios de tinta", añadió.
César Pérez, director del cotididiano de Guayaquil -capital económica de Ecuador y la ciudad más poblada con 3,6 millones de habitantes-, fundado hace 90 años, aseveró que la sentencia, rechazada por varias organizaciones internacionales, "es para callarnos".
El juez "quiere que nos tiemble la mano cuando escribamos de un acto de corrupción o caer en lo peor, la autocensura", afirmó.
La pugna entre Correa y la prensa ocurre en el marco de un vacío de liderazgo opositor, que ha sido llenado por los medios.
"La mayoría de medios cayó en la red que les tendió el presidente de llevarles al campo político, convirtiéndolos en actores de oposición cuando son solo actores sociales", dijo a la AFP el analista de prensa José Villamarín, catedrático de la Universidad Central (pública).
Para Isabel Ramos, analista de medios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), algunas empresas periodísticas en Ecuador, como en otros países de la región, han copado el espacio que han dejado actores e instituciones políticas "desprestigiados".
"Los medios han empezado a usar políticamente ese espacio, es una tendencia regional que cuestiona a gobiernos contrarios a políticas neoliberales con fuertes políticas redistributivas, como son los de Argentina, Bolivia, Ecuador o Venezuela", indicó a la AFP.
Correa planteó la demanda por un artículo en el que Palacio le acusó de "dictador" y de haber ordenado abrir fuego contra un hospital el 30 de septiembre de 2010 durante una rebelión policial por reclamos salariales, cuestionando así su afirmación de que en esa oportunidad los opositores intentaron derrocarlo.
"El dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente", escribió el periodista.
Desde su llegada al poder en 2007, Correa, un economista de izquierda de 48 años formado en Estados Unidos, se planteó combatir a un sector de la prensa, al que tilda de "poder fáctico, mediocre y corrupto", y que hace política soterradamente.
En ese marco, el 7 de mayo de este año logró que un referendo diera luz verde para que el Congreso expida una ley de comunicación y cree un órgano que regule los contenidos de la prensa, lo que los gremios periodísticos denuncian como un intento de censura.
La consulta también prohibió que los bancos y los medios tengan inversiones fuera de sus sectores. La Constitución de corte socialista promulgada en 2008 ya había prohibido a los banqueros poseer medios de comunicación.
Con anterioridad, en febrero pasado, Correa demandó por "daño moral" a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro "El gran hermano", que reveló contratos con el Estado de su hermano Fabricio por 100 millones de dólares. Correa anuló inmediatamente esos contratos e inició el juicio en el que reclama una reparación de 10 millones de dolares.
