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Política
Al no haber sido avalado por el Legislativo, "el acuerdo no puede surtir efectos en el ordenamiento interno de Colombia hasta tanto no satisfaga dicha exigencia", declaró el presidente de la Corte, Mauricio González.
Por lo tanto la Corte -que vigila la observancia de la Constitución- decidió devolver el acuerdo al presidente Juan Manuel Santos, por entender que existen vicios de procedimiento.
En caso de que sea enviado a y aprobado por el Congreso, de mayoría oficialista, deberá ser sometido a un nuevo examen del tribunal.
El Ejecutivo, a través del ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, anunció que acata la decisión y "estudiará detalladamente dicha decisión a la luz de las normas del derecho internacional, los acuerdos vigentes y las demás normas aplicables".
El acuerdo, cuya negociación concluyó a finales de junio de 2009 y fue firmado en octubre, desató en su momento una crisis diplomática con Venezuela y fue demandado ante la Corte por una ONG, que lo consideró inconstitucional porque entre otros elementos, otorgaba inmunidad a los militares estadounidenses.
El acuerdo permite la utilización por parte de Estados Unidos de siete guarniciones militares colombianas para sus actividades antidrogas y contra grupos armados ilegales.
Asimismo, autorizaba un máximo de 800 militares y 600 contratistas civiles. En su sentencia, la Corte consideró que el uso de bases por parte de tropas extranjeras debe estar amparado por un tratado internacional, y no por los acuerdos de cooperación existentes entre los dos países.
La negociación del acuerdo, en el que tuvo incidencia el entonces ministro de Defensa y ahora mandatario en ejercicio, Juan Manuel Santos, originó el rechazo también de países de la región, entre ellos Venezuela y Bolivia, especialmente.
Como consecuencia de la negociación, el presidente venezolano Hugo Chávez, 'congeló' las relaciones con Colombia, alegando que el convenio era una amenaza para la seguridad de la región.
Washington ha descartado cualquier acción contra Venezuela amparado en su alianza con Colombia, así como aumentar el número de personal militar en el país sudamericano.
"La intención de los Estados Unidos es seguir haciendo exactamente y precisamente las mismas actividades, las mismas misiones, con los mismos aviones y los mismos buques, como lo hemos hecho durante los últimos 10, 20 ó 30 años", dijo hace algunas semanas el embajador en Bogotá, William Brownfield.
En su decisión de este martes, la Corte aclaró que su fallo "no incluye pronunciamiento alguno sobre la validez o eficacia de otros acuerdos de cooperación y asistencia en seguridad y defensa, "pactados anteriormente con Estados Unidos o con otros países".
Por lo mismo, agregó "que las relaciones de ayuda, asistencia y cooperación entre Colombia y Estados Unidos, podrán regirse por los tratados, convenios y acuerdos simplificados o complementarios vigentes que los desarrollen y que con anterioridad al 30 de octubre de 2009, se han venido aplicando".
En su pronunciamiento, el gobierno destacó que la decisión de la Corte, "no afecta los acuerdos previamente suscritos y vigentes con Estados Unidos", los cuales, dijo, "se han venido cumpliendo y se seguirán cumpliendo de buena fé".
Las bases colombianas que podrían ser utilizadas por los estadounidenses incluían las unidades aéreas de Malambo, en el Caribe;, Palanquero, sobre el Magdalena Medio (centro) y Apiay, en el departamento de Meta (centro-este). Dos más de la Armada (Marina de Guerra) en el Atlántico y el Pacífico, así como los centros de entrenamiento de Tolemaida (centro) y de Larandia (sur).
Por lo tanto la Corte -que vigila la observancia de la Constitución- decidió devolver el acuerdo al presidente Juan Manuel Santos, por entender que existen vicios de procedimiento.
En caso de que sea enviado a y aprobado por el Congreso, de mayoría oficialista, deberá ser sometido a un nuevo examen del tribunal.
El Ejecutivo, a través del ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, anunció que acata la decisión y "estudiará detalladamente dicha decisión a la luz de las normas del derecho internacional, los acuerdos vigentes y las demás normas aplicables".
El acuerdo, cuya negociación concluyó a finales de junio de 2009 y fue firmado en octubre, desató en su momento una crisis diplomática con Venezuela y fue demandado ante la Corte por una ONG, que lo consideró inconstitucional porque entre otros elementos, otorgaba inmunidad a los militares estadounidenses.
El acuerdo permite la utilización por parte de Estados Unidos de siete guarniciones militares colombianas para sus actividades antidrogas y contra grupos armados ilegales.
Asimismo, autorizaba un máximo de 800 militares y 600 contratistas civiles. En su sentencia, la Corte consideró que el uso de bases por parte de tropas extranjeras debe estar amparado por un tratado internacional, y no por los acuerdos de cooperación existentes entre los dos países.
La negociación del acuerdo, en el que tuvo incidencia el entonces ministro de Defensa y ahora mandatario en ejercicio, Juan Manuel Santos, originó el rechazo también de países de la región, entre ellos Venezuela y Bolivia, especialmente.
Como consecuencia de la negociación, el presidente venezolano Hugo Chávez, 'congeló' las relaciones con Colombia, alegando que el convenio era una amenaza para la seguridad de la región.
Washington ha descartado cualquier acción contra Venezuela amparado en su alianza con Colombia, así como aumentar el número de personal militar en el país sudamericano.
"La intención de los Estados Unidos es seguir haciendo exactamente y precisamente las mismas actividades, las mismas misiones, con los mismos aviones y los mismos buques, como lo hemos hecho durante los últimos 10, 20 ó 30 años", dijo hace algunas semanas el embajador en Bogotá, William Brownfield.
En su decisión de este martes, la Corte aclaró que su fallo "no incluye pronunciamiento alguno sobre la validez o eficacia de otros acuerdos de cooperación y asistencia en seguridad y defensa, "pactados anteriormente con Estados Unidos o con otros países".
Por lo mismo, agregó "que las relaciones de ayuda, asistencia y cooperación entre Colombia y Estados Unidos, podrán regirse por los tratados, convenios y acuerdos simplificados o complementarios vigentes que los desarrollen y que con anterioridad al 30 de octubre de 2009, se han venido aplicando".
En su pronunciamiento, el gobierno destacó que la decisión de la Corte, "no afecta los acuerdos previamente suscritos y vigentes con Estados Unidos", los cuales, dijo, "se han venido cumpliendo y se seguirán cumpliendo de buena fé".
Las bases colombianas que podrían ser utilizadas por los estadounidenses incluían las unidades aéreas de Malambo, en el Caribe;, Palanquero, sobre el Magdalena Medio (centro) y Apiay, en el departamento de Meta (centro-este). Dos más de la Armada (Marina de Guerra) en el Atlántico y el Pacífico, así como los centros de entrenamiento de Tolemaida (centro) y de Larandia (sur).
