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Política
La controversia se centra en cuatro de los veinte métodos anticonceptivos amparados por la reforma de salud del presidente Barack Obama -dos tipos de píldoras del día después y dos tipos de dispositivos intrauterinos-, que los empresarios se niegan a proveer a sus empleados amparados en su fe.
En las puertas de la corte, decenas de personas se manifestaban pese a la nieve y al fuerte viento: militantes feministas coreaban consignas proclamando "El control de la natalidad no es asunto de mi jefe", mientras del otro lado un gran grupo anti-aborto defendía "la fe y la familia".
En la primera acción contra la reforma sanitaria de Barack Obama, validada por el alto tribunal hace dos años, los nueve jueces escucharon los argumentos de una empresa familiar de materiales de artes decorativas, Hobby Lobby -con unos 28.000 empleados-, y de un pequeño fabricante de armarios, Conestoga, que se rehúsan, bajo pena de multa, a pagar por estos métodos de anticoncepción, que consideran abortivos.
Uno de los empresarios se ampara en su fe cristiana y el otro en su confesión menonita, y fueron representados por los mismos dos abogados que se opusieron hace dos años a la ley de cobertura sanitaria de Obama.
Tres juezas conocidas por sus posiciones progresistas abrieron el juicio defendiendo la obligación para los empleadores de correr con los gastos de los veinte métodos anticonceptivos previstos en la norma.
Entre ellas, la jueza Elena Kagan esgrimió el riesgo de encontrarse "sobre una pendiente resbaladiza" si la corte daba la razón a los empresarios.
Desde por la vacunación hasta por las transfusiones de sangre, "ustedes verán todo tipo de objetores salir del armario invocando su religión", dijo Kagan al abogado de los empresarios, Paul Clement.
Por su parte, el juez conservador Samuel Alito preguntó al abogado del gobierno, Donald Verrilli, qué había de "inconsistente" entre una empresa con fines de lucro y la libertad de religión.
El gobierno de Obama, que ya eximió a congregaciones religiosas de la cláusula "anticoncepción" de la ley, considera que una empresa con fines de lucro no puede gozar del mismo derecho constitucional a la libertad religiosa que una persona.
La corte dará su veredicto a finales de junio.
