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Política
Los jueces del tribunal supremo
La decisión del alto tribunal, que se tomó por cinco votos a favor y tres en contra, revierte así un fallo de 2015 que daba a los inmigrantes el derecho a pedir su libertad bajo fianza en una audiencia judicial cada seis meses. Es un derecho constitucional que sí tienen los estadounidenses.
La decisión del alto tribunal, con sede en Washington, no solo niega este derecho a los inmigrantes en situación ilegal en Estados Unidos, sino también a los que se encuentran legalmente en el país.
El fallo es un golpe para las organizaciones civiles que defienden los derechos de los inmigrantes y adquiere mayor relevancia porque se produce bajo el mandato del presidente Donald Trump, cuya administración ha asumido la mano dura con la inmigración.
El arresto de inmigrantes en el país ha aumentado de hecho desde la llegada del republicano a la Casa Blanca, según han puesto de manifiesto organizaciones civiles como Human Rights Watch.
El magistrado Stephen G. Breyer expresó públicamente su desacuerdo con la decisión, tomada por la mayoría conservadora de la Corte Suprema, en una reacción poco habitual en la Corte Suprema.
"Solo necesitamos recordar las palabras de la Declaración de Independencia, su insistencia en que todos los hombres y mujeres tienen 'determinados derechos inalienables'. Solo necesitamos recordar que entre ellos está el derecho a la 'libertad'", manifestó desde el estrado.
ACLU, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, criticó con dureza el fallo.
"Impactará en las vidas de miles de personas, incluidos residentes permanentes legales, peticionarios de asilo y supervivientes de torturas", manifestó la organización, una de las más importantes del país en la defensa de los derechos civiles.
"Muchos ganarán al final sus casos de deportación, pero habrán sido forzados primero a sufrir injustamente", añadió.
La decisión del alto tribunal, con sede en Washington, no solo niega este derecho a los inmigrantes en situación ilegal en Estados Unidos, sino también a los que se encuentran legalmente en el país.
El fallo es un golpe para las organizaciones civiles que defienden los derechos de los inmigrantes y adquiere mayor relevancia porque se produce bajo el mandato del presidente Donald Trump, cuya administración ha asumido la mano dura con la inmigración.
El arresto de inmigrantes en el país ha aumentado de hecho desde la llegada del republicano a la Casa Blanca, según han puesto de manifiesto organizaciones civiles como Human Rights Watch.
El magistrado Stephen G. Breyer expresó públicamente su desacuerdo con la decisión, tomada por la mayoría conservadora de la Corte Suprema, en una reacción poco habitual en la Corte Suprema.
"Solo necesitamos recordar las palabras de la Declaración de Independencia, su insistencia en que todos los hombres y mujeres tienen 'determinados derechos inalienables'. Solo necesitamos recordar que entre ellos está el derecho a la 'libertad'", manifestó desde el estrado.
ACLU, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, criticó con dureza el fallo.
"Impactará en las vidas de miles de personas, incluidos residentes permanentes legales, peticionarios de asilo y supervivientes de torturas", manifestó la organización, una de las más importantes del país en la defensa de los derechos civiles.
"Muchos ganarán al final sus casos de deportación, pero habrán sido forzados primero a sufrir injustamente", añadió.
