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Política
Una nube de gases tóxicos que se desprendió de la planta de la compañía Union Carbide al amanecer del 3 de diciembre de 1984 mató en el acto a miles de personas y ocasionó con el paso de los años miles de fallecimientos y de enfermedades.
Siete personas fueron declaradas culpables de "muerte por negligencia", incluido Keshub Mahindra, el ex presidente de la rama india del grupo estadounidense Union Carbide y actual propietario del fabricante de automóviles Mahindra y Mahindra.
Los culpables fueron todos condenados a dos años de cárcel y a una multa de 100.000 rupias (2.100 dólares), una pena considerada demasiado ligera por las víctimas.
"Hemos esperado 25 años y ahora después de dos horas esta mañana todos estos hombres han salido libres", dijo Savitiri Mahe, que se encontraba frente al tribunal mostrando una fotografía de su hija, que murió en el accidente.
Se espera que los condenados recurran la sentencia y no sean encarcelados de inmediato.
La acusación consideró que había defectos en la fábrica, al igual que otras negligencias operativas que eran conocidas por el equipo gestor pero ignoradas por motivos comerciales.
La empresa subsidaria de Union Carbide, la Union Carbide India Limited (UCIL) de la que poseía el 51% el grupo estadounidense en el momento del accidente, también fue condenada a una multa de 500.000 rupias.
El ex presidente de la casa matriz estadounidense, Warren Anderson, figuraba entre los acusados, pero no fue mencionado en el veredicto por estar prófugo.
Todos fueron acusados de homicidio en 1987 pero el Tribunal Supremo recalificó los cargos de la acusación en 1996 por "muerte por negligencia", con una pena de cárcel máxima de dos años.
En las afueras del tribunal, las víctimas y los activistas de grupos de defensa de derechos humanos estuvieron esperando el lunes el veredicto. Algunos gritaron que éste era un "insulto" y otros reclamaban que se "¡ahorque a los culpables!"
Según las cifras del gobierno, 3.500 personas murieron en los tres primeros días que siguieron a la tragedia. Pero según el Centro Público de Investigación Médica (ICMR) hubo entre 8.000 y 10.000 muertos entre la población.
Según el ICMR, la catástrofe y sus consecuencias habían matado a 25.000 personas hasta 1994.
Las estadísticas del gobierno recogidas después de 1994 establecen que de los 100.000 vecinos de la fábrica que sufrían enfermedades crónicas, más de 30.000 vivían en zonas donde las capas freáticas fueron contaminadas.
El estadounidense Dow Chemical, que compró Union Carbide en 1999, estima que las responsabilidades quedaron borradas tras un acuerdo de 1989 con el gobierno indio para el pago de 470 millones de dólares de indemnizaciones, con el abandono de las investigaciones penales.
En un comunicado, el grupo dijo que "todas las personas apropiadas de UCIL -los responsables y los que gestionaron la fábrica a diario- han comparecido ante el tribunal".
Añadió que los directivos de la empresa matriz Union Carbide no formaban parte del juicio y no estaban sujetos a la jurisdicción india.
El primer ministro indio, Manmohan Singh, calificó en diciembre de 2009 el accidente de tragedia "que corroe la conciencia colectiva" y declaró querer seguir con los esfuerzos para la descontaminación del lugar, donde todavía hay numerosos desechos químicos que contaminan los suelos y las capas freáticas.
Siete personas fueron declaradas culpables de "muerte por negligencia", incluido Keshub Mahindra, el ex presidente de la rama india del grupo estadounidense Union Carbide y actual propietario del fabricante de automóviles Mahindra y Mahindra.
Los culpables fueron todos condenados a dos años de cárcel y a una multa de 100.000 rupias (2.100 dólares), una pena considerada demasiado ligera por las víctimas.
"Hemos esperado 25 años y ahora después de dos horas esta mañana todos estos hombres han salido libres", dijo Savitiri Mahe, que se encontraba frente al tribunal mostrando una fotografía de su hija, que murió en el accidente.
Se espera que los condenados recurran la sentencia y no sean encarcelados de inmediato.
La acusación consideró que había defectos en la fábrica, al igual que otras negligencias operativas que eran conocidas por el equipo gestor pero ignoradas por motivos comerciales.
La empresa subsidaria de Union Carbide, la Union Carbide India Limited (UCIL) de la que poseía el 51% el grupo estadounidense en el momento del accidente, también fue condenada a una multa de 500.000 rupias.
El ex presidente de la casa matriz estadounidense, Warren Anderson, figuraba entre los acusados, pero no fue mencionado en el veredicto por estar prófugo.
Todos fueron acusados de homicidio en 1987 pero el Tribunal Supremo recalificó los cargos de la acusación en 1996 por "muerte por negligencia", con una pena de cárcel máxima de dos años.
En las afueras del tribunal, las víctimas y los activistas de grupos de defensa de derechos humanos estuvieron esperando el lunes el veredicto. Algunos gritaron que éste era un "insulto" y otros reclamaban que se "¡ahorque a los culpables!"
Según las cifras del gobierno, 3.500 personas murieron en los tres primeros días que siguieron a la tragedia. Pero según el Centro Público de Investigación Médica (ICMR) hubo entre 8.000 y 10.000 muertos entre la población.
Según el ICMR, la catástrofe y sus consecuencias habían matado a 25.000 personas hasta 1994.
Las estadísticas del gobierno recogidas después de 1994 establecen que de los 100.000 vecinos de la fábrica que sufrían enfermedades crónicas, más de 30.000 vivían en zonas donde las capas freáticas fueron contaminadas.
El estadounidense Dow Chemical, que compró Union Carbide en 1999, estima que las responsabilidades quedaron borradas tras un acuerdo de 1989 con el gobierno indio para el pago de 470 millones de dólares de indemnizaciones, con el abandono de las investigaciones penales.
En un comunicado, el grupo dijo que "todas las personas apropiadas de UCIL -los responsables y los que gestionaron la fábrica a diario- han comparecido ante el tribunal".
Añadió que los directivos de la empresa matriz Union Carbide no formaban parte del juicio y no estaban sujetos a la jurisdicción india.
El primer ministro indio, Manmohan Singh, calificó en diciembre de 2009 el accidente de tragedia "que corroe la conciencia colectiva" y declaró querer seguir con los esfuerzos para la descontaminación del lugar, donde todavía hay numerosos desechos químicos que contaminan los suelos y las capas freáticas.
