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Política El secretario general de la CC, Martín Guzmán, explicó en rueda de prensa que el máximo tribunal pidió a la jueza Primera de Mayor Riesgo A, Patricia Flores, una nueva resolución en la que detalle las razones por las cuales rechazó una solicitud de la defensa que pedía frenar el proceso contra el exdictador.
En el fallo, emitido la noche del martes, la CC solicita a la jueza un razonamiento pormenorizado sobre su decisión de no aplicar un decreto de amnistía que data de 1986.
Guzmán aclaró que la resolución de la CC no está ordenando la aplicación de la amnistía ya que la jueza puede volver a denegar la solicitud de Ríos Montt, sino que la medida se produce porque el rechazo de la solicitud de amnistía "no está debidamente fundamentado".
Sin embargo, la resolución de la CC ya empezó a ser criticada este miércoles por grupos de derechos humanos y aplaudida por sectores conservadores.
El funcionario indicó que el fallo de la CC ratifica una resolución anterior de la Corte Suprema de Justicia, que ya había aceptado el recurso de la defensa, pero había sido apelado por la Fiscalía.
"Lo que se busca es que esa resolución esté debidamente razonada. Lo que encuentran ambas Cortes fue una resolución donde no hay una fundamentación o razonamiento debido del por qué se excluye del caso concreto la aplicación de ese decreto ley", aseveró.
Guzmán comentó que ahora la jueza tiene cinco días hábiles, a partir de la notificación, para emitir una nueva sentencia.
El decreto de amnistía que la defensa está solicitando aplicar fue firmado en 1986 por el también exdictador Óscar Mejía (1983-1986), quien a su vez, dio un golpe de Estado contra Ríos Montt.
El pasado 10 de mayo, un tribunal condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, por la matanza de 1.771 indígenas ixiles perpetrada durante su gobierno de facto.
Sin embargo, el fallo fue anulado 10 días después por la misma CC que alegó errores procesales y ordenó retrotraer el proceso, aunque se desconoce la fecha de su reanudación.
El gobierno de facto de Ríos Montt, entre marzo de 1982 y agosto de 1983, fue uno de los más cruentos de la guerra civil en Guatemala, que dejó 200.000 muertos y desaparecidos, según un informe de la ONU.
