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Mujeres indígenas del Perú
Esa forma de pensar considera a todo lo relacionado a los pueblos indígenas "como algo atrasado y salvaje, que además ve al indígena como sospechoso de terrorismo", declaró este sábado a la AFP Mirna Cunningham, miembro del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU. "La criminalización que hacen los gobiernos latinoamericanos sobre las acciones y protestas de los pueblos originarios y de ver al indígena como terrorista refleja las concepciones racistas que trajeron los colonizadores hace más de cinco siglos", subrayó Cunningham. Esa percepción radica en que "el indígena no tiene entre sus prioridades la acumulación de riquezas, muy común en la sociedad occidental, porque también piensa que se deben proteger los bosques y el medio ambiente, además de tratar de preservar su identidad cultural, lo que lo convierte en sospechoso", reflexionó. Cunningham, de nacionalidad nicaragüense, participó en la Jornada Internacional "Pueblos Indígenas y Derechos", organizada por la asociación Chirapaq (Centro de Culturas Indígenas del Perú), como uno de los pasos previos a la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas que celebrará Naciones Unidas en 2014. La reunión, con asistencia de líderes de pueblos autóctonos de América Latina y el Caribe, concluyó la noche del viernes con el acuerdo de asumir la defensa de sus territorios ante la depredación de empresas extractivas. Racismo histórico
En el evento Tarcila Rivera, Coordinadora Continental del Enlace de Mujeres Indígenas de las Américas y presidenta de Chirapaq, estimó que "el racismo es una cuestión estructural e histórica, que se ha convertido en una ideología que considera a los indígenas como ciudadanos de tercera categoría". Cunningham observó que aunque hay instrumentos internacionales a favor de la defensa de las naciones originarias, como la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en muchas partes de Latinoamérica la situación de discriminación hacia estos colectivos se ha acentuado. Uno de esos instrumentos es el Convenio 169 de la OIT sobre la necesidad de la consulta previa a los pueblos indígenas cuando una empresa quiere entrar a sus territorios. Ese convenio ha sido ratificado por 14 países latinoamericanos. "Pero la mayoría de gobiernos firma acuerdos internacionales y luego los incumple; eso es firmar por firmar", anotó. Como secuela de esa actitud los gobiernos siguen otorgando concesiones a empresas mineras en territorios indígenas: "Las transnacionales se muestran poderosas y cuentan con el respaldo de los gobiernos, algunos de ellos son débiles ante las presiones de esas empresas". La representante del Foro Permanente de la ONU aclaró que las naciones originarias no se oponen al desarrollo, pero "planteamos que ese desarrollo debe respetar todas las formas de vida y debe ser sostenible".
Cunningham remarcó que las naciones indígenas tienen un modelo de desarrollo propio que debe ser respetado y que se basa en la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales, especialmente del agua.
El papel de los movimientos indígenas es encontrar mecanismos de control para monitorear que los gobiernos cumplan las normas internacionales, dijo al señalar que el objetivo es que la conferencia de pueblos indígenas del próximo año incorpore nuevos acuerdos para aplicar de manera efectiva las normas en defensa de sus pueblos.
En el evento Tarcila Rivera, Coordinadora Continental del Enlace de Mujeres Indígenas de las Américas y presidenta de Chirapaq, estimó que "el racismo es una cuestión estructural e histórica, que se ha convertido en una ideología que considera a los indígenas como ciudadanos de tercera categoría". Cunningham observó que aunque hay instrumentos internacionales a favor de la defensa de las naciones originarias, como la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en muchas partes de Latinoamérica la situación de discriminación hacia estos colectivos se ha acentuado. Uno de esos instrumentos es el Convenio 169 de la OIT sobre la necesidad de la consulta previa a los pueblos indígenas cuando una empresa quiere entrar a sus territorios. Ese convenio ha sido ratificado por 14 países latinoamericanos. "Pero la mayoría de gobiernos firma acuerdos internacionales y luego los incumple; eso es firmar por firmar", anotó. Como secuela de esa actitud los gobiernos siguen otorgando concesiones a empresas mineras en territorios indígenas: "Las transnacionales se muestran poderosas y cuentan con el respaldo de los gobiernos, algunos de ellos son débiles ante las presiones de esas empresas". La representante del Foro Permanente de la ONU aclaró que las naciones originarias no se oponen al desarrollo, pero "planteamos que ese desarrollo debe respetar todas las formas de vida y debe ser sostenible".
Cunningham remarcó que las naciones indígenas tienen un modelo de desarrollo propio que debe ser respetado y que se basa en la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales, especialmente del agua.
El papel de los movimientos indígenas es encontrar mecanismos de control para monitorear que los gobiernos cumplan las normas internacionales, dijo al señalar que el objetivo es que la conferencia de pueblos indígenas del próximo año incorpore nuevos acuerdos para aplicar de manera efectiva las normas en defensa de sus pueblos.
