Los sectores conservadores han retomado la ofensiva en las últimas semanas en medios de comunicación y en el Congreso para intentar parar el proyecto legislativo más ambicioso en este momento del gobierno de Barack Obama.
En el apasionado debate sobre la reforma migratoria, los sectores más duros del Partido Republicano aducen dos argumentos: que hay que garantizar que la frontera sur está totalmente sellada, y que el debate debe en todo caso ser cortado por partes.
Para ello su primera iniciativa fue la aprobación este martes de un proyecto de ley en la comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, que criminaliza la inmigración ilegal y que permite que las policías en los estados comprueben el estatuto migratorio de una persona.
"Aplicar la ley me parece que es un punto razonable para empezar", declaró el autor del texto legislativo "Safe" (seguro, en inglés), el republicano Trey Gowdy.
La estrategia es presentar enmiendas y proyectos que se crucen con la masiva reforma integral de más de 1.000 páginas redactada por un grupo bipartidista en el Senado, para endurecer así claramente el tono de los debates finales en ambas cámaras.
La Corte Suprema convalidó el año pasado la decisión del estado de Arizona (suroeste) de darle poderes a su policía estatal para controlar la documentación de sospechosos, aunque la Corte recordó que sólo el gobierno federal tiene potestad en materia de inmigración.
El jefe de la comisión, Robert Goodlatte, señaló que "una reforma migratoria real necesita tener mecanismos que garanticen que el presidente no puede simplemente ignorar la aplicación de las leyes migratorias".
La reforma migratoria es uno de los objetivos legislativos más apremiantes para Obama, quien ha emitido decretos para suavizar la situación de los indocumentados en el país, tras batir récords de deportación en los últimos cuatro años.
El proyecto "Safe", de Gowdy y Goodlatte, retoma una ley que fracasó en el Congreso en 2005, por lo que su futuro legislativo aparece muy incierto.
Pero el proyecto pasará ahora al pleno de la Cámara de Representantes, que ya aprobó hace dos semanas una controvertida enmienda presupuestaria que impide gastar dinero en un programa para dar un estatuto legal temporal a centenares de miles de jóvenes indocumentados.
El debate en la comisión de Asuntos Judiciales se vio perturbado por activistas, que interrumpieron a gritos la sesión antes de ser desalojados.
"Quiero que mis colegas del otro partido entiendan que esos a los que ustedes quieren criminalizar comparten un banco en la iglesia conmigo; son mis vecinos", advirtió durante el debate el demócrata Luis Gutiérrez, que votó en contra de la propuesta.
Este legislador intenta desde hace meses presentar en la Cámara de Representantes un proyecto de reforma integral junto a otros demócratas y republicanos, sin éxito hasta ahora.
El presidente de la Cámara, el republicano John Boehner, advirtió en rueda de prensa que por ahora el proyecto en el Senado es débil en materia de seguridad en la frontera.
"Cualquier proyecto de ley debe contar con la mayoría de ambos partidos", indicó Boehner.
En cambio económicamente la ley sí parece contar con buenos augurios: la reforma migratoria integral reduciría el déficit público estadounidense en 175.000 millones de dólares en la próxima década, y provocaría un aumento de la población de poco más de 10 millones de personas, estimó este martes la Oficina del Presupuesto del Congreso.
Dos enmiendas republicanas que hubieran endurecido considerablemente el proyecto bipartidista fueron rechazadas en sendos votos en el pleno de la Cámara, que continúa el debate a lo largo de la semana.
En el apasionado debate sobre la reforma migratoria, los sectores más duros del Partido Republicano aducen dos argumentos: que hay que garantizar que la frontera sur está totalmente sellada, y que el debate debe en todo caso ser cortado por partes.
Para ello su primera iniciativa fue la aprobación este martes de un proyecto de ley en la comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, que criminaliza la inmigración ilegal y que permite que las policías en los estados comprueben el estatuto migratorio de una persona.
"Aplicar la ley me parece que es un punto razonable para empezar", declaró el autor del texto legislativo "Safe" (seguro, en inglés), el republicano Trey Gowdy.
La estrategia es presentar enmiendas y proyectos que se crucen con la masiva reforma integral de más de 1.000 páginas redactada por un grupo bipartidista en el Senado, para endurecer así claramente el tono de los debates finales en ambas cámaras.
La Corte Suprema convalidó el año pasado la decisión del estado de Arizona (suroeste) de darle poderes a su policía estatal para controlar la documentación de sospechosos, aunque la Corte recordó que sólo el gobierno federal tiene potestad en materia de inmigración.
El jefe de la comisión, Robert Goodlatte, señaló que "una reforma migratoria real necesita tener mecanismos que garanticen que el presidente no puede simplemente ignorar la aplicación de las leyes migratorias".
La reforma migratoria es uno de los objetivos legislativos más apremiantes para Obama, quien ha emitido decretos para suavizar la situación de los indocumentados en el país, tras batir récords de deportación en los últimos cuatro años.
El proyecto "Safe", de Gowdy y Goodlatte, retoma una ley que fracasó en el Congreso en 2005, por lo que su futuro legislativo aparece muy incierto.
Pero el proyecto pasará ahora al pleno de la Cámara de Representantes, que ya aprobó hace dos semanas una controvertida enmienda presupuestaria que impide gastar dinero en un programa para dar un estatuto legal temporal a centenares de miles de jóvenes indocumentados.
El debate en la comisión de Asuntos Judiciales se vio perturbado por activistas, que interrumpieron a gritos la sesión antes de ser desalojados.
"Quiero que mis colegas del otro partido entiendan que esos a los que ustedes quieren criminalizar comparten un banco en la iglesia conmigo; son mis vecinos", advirtió durante el debate el demócrata Luis Gutiérrez, que votó en contra de la propuesta.
Este legislador intenta desde hace meses presentar en la Cámara de Representantes un proyecto de reforma integral junto a otros demócratas y republicanos, sin éxito hasta ahora.
El presidente de la Cámara, el republicano John Boehner, advirtió en rueda de prensa que por ahora el proyecto en el Senado es débil en materia de seguridad en la frontera.
"Cualquier proyecto de ley debe contar con la mayoría de ambos partidos", indicó Boehner.
En cambio económicamente la ley sí parece contar con buenos augurios: la reforma migratoria integral reduciría el déficit público estadounidense en 175.000 millones de dólares en la próxima década, y provocaría un aumento de la población de poco más de 10 millones de personas, estimó este martes la Oficina del Presupuesto del Congreso.
Dos enmiendas republicanas que hubieran endurecido considerablemente el proyecto bipartidista fueron rechazadas en sendos votos en el pleno de la Cámara, que continúa el debate a lo largo de la semana.