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La denominada Comisión Internacional de Verificación (CIV) del alto el fuego, un grupo de expertos no reconocidos por Madrid, anunció durante una visita al País Vasco haber constatado que ETA "ha sellado y ha puesto fuera de uso operativo una cantidad determinada de armas, munición y explosivos".
Poco después, las páginas web de la televisión británica BBC y el diario vasco Gara divulgaban un vídeo, grabado en enero de 2014 en un lugar desconocido, en el que se podía ver a dos activistas de ETA, encapuchados, mostrando una serie de armas a dos expertos de la comisión.
Las imágenes muestran una pequeña cantidad de armamento, compuesto por un subfusil, una pistola y dos revólveres, así como 300 balas y cerca de 17 kilos de explosivos, según el inventario publicado por la comisión.
El anuncio de los expertos llega después que el 7 de febrero la organización anunciara que "sin tardar" haría "aportaciones significativas" para consolidar la paz en esta región del norte de España.
La inutilización de una primera cantidad de armas es un paso "creíble y significativo", afirmó el líder la CIV, el srilankés Ram Manikkalingam. "Creemos que esto conducirá a la puesta de fuera de uso operativo de todas las armas, munición y explosivos de ETA", añadió.
- Un pequeño paso -
"Es un pequeño paso, no suficiente, pero que cubre una primera y necesaria etapa para el desarme completo", afirmó tras el anuncio el presidente regional vasco, el nacionalista moderado Iñigo Urkullu del PNV.
Muy debilitada en los últimos años por los golpes policiales, ETA rechazaba hasta ahora hablar de desarme, mientras no se tomaran en cuenta sus reivindicaciones, principalmente una mejora de las condiciones penitenciarias para sus presos, más de 500 dispersos por las cárceles de España y Francia.
Los empresarios vascos, durante décadas extorsionados por la organización, también celebraron este "paso", pero señalaron que "la sociedad vasca lo que quiere es que ETA se desarme, desaparezca y haga un reconocimiento del daño que ha causado durante tantos años", según su secretaria general, Nuria López de Guereñu.
Por su parte el gobierno conservador de Mariano Rajoy siguió reclamando la disolución incondicional del grupo y subrayó que la única verificación debe venir de la policía española.
"Si de verdad quiere desprenderse de unas armas, con la Guardia Civil y la Policía nos basta", dijo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
No obstante, reconoció que "todo lo que sea avanzar en el camino de la desaparición de ETA es positivo y todo lo que sea entregar las armas es positivo".
El partido independentista vasco Sortu lamentó que sea "imposible realizar un desarme efectivo porque a día de hoy el gobierno español no quiere que se produzca e interpone todos los obstáculos posibles".
- Avances en el País Vasco -
Pese al aparente bloqueo, en los últimos meses había habido movimientos en el País Vasco.
El 28 de diciembre un comunicado del colectivo de presos EPPK respaldó el abandono de la violencia y, por primera vez, no aludió a una amnistía colectiva, una reinvindicación histórica de ETA.
Este anuncio fue interpretado como una flexibilización de la postura del grupo, considerado responsable de la muerte de 829 personas en más de 40 años de atentados por la independencia del País Vasco y Navarra.
Simultáneamente llegaron otras señales de la sociedad vasca: el 11 de enero, una manifestación reunió a más de 100.000 personas en Bilbao, convocadas, pese a sus divergencias, por la izquierda independentista y el PNV, en reacción a la prohibición de Madrid de otra concentración a favor de los presos de ETA.
Creada en septiembre de 2011, poco antes del histórico anuncio de ETA, y trabajando en la sombra, la comisión está compuesta por expertos en la resolución de conflictos, como el exministro de inteligencia de Sudáfrica Ronnie Kasrils o Chris Maccabe, que participó en el proceso de paz de Irlanda del Norte.
