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Manifestación en Madrid contra los recortes en educación.
La petición del Consejo Escolar es un varapalo a la negativa del Gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid a negociar con los sindicatos el recorte en más de 3.200 profesores de la plantilla de interinos. "Los recortes presupuestarios, traducidos en aumento del número de alumnos por clase, reducción o desaparición de los servicios de apoyo al alumnado con dificultades, desatención a la tutoría y orientación de los alumnos..., están afectando de lleno a la enseñanza pública", señala la resolución.
El pluralismo ideológico del Consejo Escolar del Estado está garantizado por su composición. Toda la comunidad educativa, de la pública y de la privada, está representada en este organismo que renueva a sus miembros cada dos años. La Comisión Permanente del Consejo, que firma la resolución del pasado 11 de octubre, está formada por un 25% de todos sus miembros excepto los representantes de los consejos escolares autonómicos.
En una reunión del pasado 12 de abril, el Consejo ya advertía de su "preocupación" por los recortes. Una vez aplicados, la comisión cree que han derivado en "conflictos que, sumados a los recortes que los motivaban, hacen augurar un curso problemático". El Consejo manifiesta su preocupación por la "no renovación de los contratos de muchos profesores".
En su opinión, estas medidas ponen "en peligro" el artículo 139 de la Constitución que exige la igualdad de derechos y obligaciones "en cualquier parte del territorio del Estado". Según el Consejo, la "desigual incidencia" de los recortes en las diferentes comunidades autónomas, "ahondan la diferencia de trato al alumnado".
Mientras, los responsables del Ejecutivo madrileño mantienen viva la bronca. "El único conflicto educativo que hay es que los alumnos están siendo privados de su derecho a la educación por las cinco huelgas políticas que usted y su grupo promueven", espetó ayer la presidenta, Esperanza Aguirre, al líder de la oposición, Tomás Gómez, en la Asamblea.
González criticó que el diputado Salvador Victoria (PP) no acudiera a una comisión parlamentaria para presentar la demanda "partidista" por las camisetas verdes. "Tiene mucha capacidad de trabajo, no necesita ser liberado sindical como fue usted y cobrar por no trabajar", defendió Figar.
El pluralismo ideológico del Consejo Escolar del Estado está garantizado por su composición. Toda la comunidad educativa, de la pública y de la privada, está representada en este organismo que renueva a sus miembros cada dos años. La Comisión Permanente del Consejo, que firma la resolución del pasado 11 de octubre, está formada por un 25% de todos sus miembros excepto los representantes de los consejos escolares autonómicos.
En una reunión del pasado 12 de abril, el Consejo ya advertía de su "preocupación" por los recortes. Una vez aplicados, la comisión cree que han derivado en "conflictos que, sumados a los recortes que los motivaban, hacen augurar un curso problemático". El Consejo manifiesta su preocupación por la "no renovación de los contratos de muchos profesores".
En su opinión, estas medidas ponen "en peligro" el artículo 139 de la Constitución que exige la igualdad de derechos y obligaciones "en cualquier parte del territorio del Estado". Según el Consejo, la "desigual incidencia" de los recortes en las diferentes comunidades autónomas, "ahondan la diferencia de trato al alumnado".
Mientras, los responsables del Ejecutivo madrileño mantienen viva la bronca. "El único conflicto educativo que hay es que los alumnos están siendo privados de su derecho a la educación por las cinco huelgas políticas que usted y su grupo promueven", espetó ayer la presidenta, Esperanza Aguirre, al líder de la oposición, Tomás Gómez, en la Asamblea.
Sin negociación
"No vamos a convocar la Mesa sectorial de Educación, porque la orden de elevar de 18 a 20 las horas lectivas es necesaria y razonable en un país con cinco millones de parados", argumentó la consejera de Educación, Lucía Figar, al diputado socialista Eusebio González.González criticó que el diputado Salvador Victoria (PP) no acudiera a una comisión parlamentaria para presentar la demanda "partidista" por las camisetas verdes. "Tiene mucha capacidad de trabajo, no necesita ser liberado sindical como fue usted y cobrar por no trabajar", defendió Figar.
