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Una semana después de haber ordenado el fin del bloqueo de Twitter, la principal instancia judicial del país declaró inconstitucionales los nuevos poderes otorgados al ministro de Justicia sobre el Alto Consejo de los Jueces y Fiscales (HSYK), que le permitían, entre otras cosas, nombrar a los magistrados.
Un diputado del principal partido de la oposición recurrió al Tribunal Constitucional para denunciar lo que, en su opinión, violaba los principios de separación de poderes.
"Esta ley tenía tantos elementos inconstitucionales que hubiera sido sorprendente que el Tribunal hubiera emitido un dictamen diferente", comentó un vicepresidente del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Sezgin Tanrikulu, en la oposición.
"El Tribunal Constitucional ejerce como contrapoder del régimen", se congratula Tanrikulu en declaraciones a la AFP.
El ministro de Justicia, Bekir Bozdag lamentó por su parte la anulación de parte del texto y dijo que aunque "la legislación era conforme a la Constitución" el gobierno acataría el fallo.
"Esta sentencia dice que, según la Constitución, no puede haber una ley que contradiga la independencia y la neutralidad de los jueces y de los fiscales", afirmó el presidente de la asociación de colegios de abogados de Turquía, Metin Feyzioglu.
El jefe del gobierno turco, Recep Tayyip Erdogan, en el poder desde 2002, presentó el proyecto de ley después de que a mediados de diciembre saliera a la luz un escándalo de corrupción sin precedentes que salpica a decenas de sus colaboradores.
La oposición lo interpretó como un intento del poder por controlar la justicia para acallar las acusaciones.
Además de esta reforma, Erdogan ordenó una oleada de purgas en la policía y la justicia por considerar que estas instituciones están manipuladas por sus antiguos aliados de la organización del predicador musulmán Fetulá Gülen como parte de un complot en su contra.
Gran vencedor de las elecciones municipales del 30 de marzo, Erdogan prometió que ajustaría cuentas con Gülen y se plantea presentarse a las elecciones presidenciales de agosto.
La polémica fue tal que degeneró en peleas en el parlamento y traspasó fronteras cuando numerosos aliados de Turquía, empezando por la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, advirtieron a Ankara que evitase una deriva autoritaria.
El gobierno hizo caso omiso de las críticas y el ministro de Justicia, Bekir Bozdag, llevó a cabo una oleada de nombramientos en todo el aparato judicial.
"Estos magistrados deben asumir su responsabilidad moral y dimitir inmediatamente", exigió este viernes el opositor Tanrikulu.
La sentencia del Tribunal Constitucional llega nueve días después de otra que obligó al gobierno a suspender el bloqueo impuesto a Twitter para impedir la difusión de escuchas telefónicas en las redes sociales.
Furioso, Erdogan tuvo que dar marcha atrás pero dejó claro públicamente que "no respetaba" la sentencia del Tribunal Constitucional.
El presidente del tribunal, Hasim Kiliç, reaccionó irónicamente al comentario del primer ministro, diciendo que había sido "impulsivo". Además el Tribunal abrió este viernes su propia cuenta en Twitter en nombre de la "libertad de expresión" y consiguió cerca de 25.000 seguidores en pocas horas.
Todo apunta a que el pulso entre la principal instancia judicial turca y el hombre fuerte del país continuará, ya que el tribunal se pronunciará en breve sobre otra prohibición decretada por el gobierno, la de la plataforma de vídeos YouTube.
Con todo, las autoridades turcas insistieron el jueves en que tienen la intención de mantener el bloqueo de YouTube hasta que la empresa estadounidense propietaria de Google no retire algunas grabaciones, sobre todo las referidas a una intervención militar turca en Siria.
