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Política
La ley de educación de Catalunya (LEC), aprobada el 1 de julio tras un laborioso acuerdo a tres bandas entre CiU, el PSC y ERC, supone, a juicio de los convergentes, el «más importante» logro de toda la legislatura, y así lo recordó ayer una vez más el portavoz parlamentario de la federación nacionalista, Oriol Pujol. Muy consciente de que la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la LEC sería interpretada por CiU como una afrenta difícilmente reparable, el PP optó en su día por no mover ficha y esperar a que el Tribunal Constitucional resolviera antes sobre el Estatut, que al fin y al cabo es la ley orgánica de la que emana la LEC. Pero la sentencia sobre el Estatut no llega y ayer acababa el plazo para recurrir la ley de educación, de modo que el PP se vio forzado a dar el paso. Y presentó el recurso.
«Nadie podrá decir que somos oportunistas», señaló ayer el portavoz de educación del PPC, Rafael López. Los populares saben que el recurso es todo menos oportuno. De hecho, confiaban en no tener que asumir el desgaste que supone llevar una ley tan importante ante el Constitucional; su estrategia pasaba por dejar que el Gobierno central recurriera la LEC (avivando así las tensiones entre el PSOE y el PSC) y sustentar su propio recurso en los criterios que acerca del capítulo lingüístico fijara el Constitucional en su pronunciamiento sobre el Estatut, un fallo que esperaban tener sobre la mesa a finales de julio o principios de agosto.
DISCREPANCIA / Pero ni una cosa ni la otra. El Gobierno socialista mantiene serias discrepancias con el contenido de la ley catalana (que ningunea, por ejemplo, el decreto que impone las tres horas de enseñanza en castellano), pero confía en hallar vías para «conciliar» la legislación española y la norma catalana, de modo que desestimó finalmente la opción del recurso. Así lo anunció el jueves, 24 horas de que expirara el plazo, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que afirmó que «mientras no se diga lo contrario», la LEC «tiene toda la legitimidad».
Los populares no piensan lo mismo. El grupo parlamentario del PP en el Congreso registró a mediodía de ayer el recurso contra una treintena de artículos de la LEC ante el Tribunal Constitucional. Lo hizo a instancias del PP catalán, que considera que la norma «limita» los derechos lingüísticos de los catalanes, vulnera la Constitución en lo que respecta al currículo educativo común, la unidad de los cuerpos docentes y la tercera hora de castellano y, en definitiva, establece un sistema educativo propio «al margen del sistema educativo español».
INHIBICIÓN/ La portavoz del grupo popular en el Parlament, Dolors Montserrat, declaró que el objetivo del recurso es «garantizar que las familias, los alumnos y los profesores catalanes tengan los mismos derechos que los del resto de España» y acusó al Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero de «inhibirse» y de ser «incapaz de ejercer sus propias competencias». Rafael López, por su parte, subrayó que el recurso «no va contra nadie, sino a favor de un modelo de sociedad abierta», y agregó: «No queremos la sociedad intervencionista del tripartito ni la Catalunya cerrada del nacionalismo».
Las declaraciones de López no ayudaron a templar los ánimos de los nacionalistas, que encajaron el recurso del PP como un nuevo casus belli que obstaculiza aún más cualquier posible vía de entendimiento futuro. El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, lo dijo explícitamente: «Es una barrera más que el PP se pone para cualquier tipo de colaboración con fuerzas políticas como CiU». Duran señaló que el PPC «debería avergonzarse», porque hay que remontarse a los tiempos de la segunda república «para encontrar un antecedente» de un recurso apoyado por un partido catalán contra una ley aprobada por el Parlament de Catalunya.
«No admitiremos cambios ni en la letra ni en el espíritu de la ley», aseguró el convergente Oriol Pujol, que denunció que el recurso forma parte de «un pacto no escrito entre el PSOE y el PP para cargarse el modelo lingüístico catalán».
«Nadie podrá decir que somos oportunistas», señaló ayer el portavoz de educación del PPC, Rafael López. Los populares saben que el recurso es todo menos oportuno. De hecho, confiaban en no tener que asumir el desgaste que supone llevar una ley tan importante ante el Constitucional; su estrategia pasaba por dejar que el Gobierno central recurriera la LEC (avivando así las tensiones entre el PSOE y el PSC) y sustentar su propio recurso en los criterios que acerca del capítulo lingüístico fijara el Constitucional en su pronunciamiento sobre el Estatut, un fallo que esperaban tener sobre la mesa a finales de julio o principios de agosto.
DISCREPANCIA / Pero ni una cosa ni la otra. El Gobierno socialista mantiene serias discrepancias con el contenido de la ley catalana (que ningunea, por ejemplo, el decreto que impone las tres horas de enseñanza en castellano), pero confía en hallar vías para «conciliar» la legislación española y la norma catalana, de modo que desestimó finalmente la opción del recurso. Así lo anunció el jueves, 24 horas de que expirara el plazo, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que afirmó que «mientras no se diga lo contrario», la LEC «tiene toda la legitimidad».
Los populares no piensan lo mismo. El grupo parlamentario del PP en el Congreso registró a mediodía de ayer el recurso contra una treintena de artículos de la LEC ante el Tribunal Constitucional. Lo hizo a instancias del PP catalán, que considera que la norma «limita» los derechos lingüísticos de los catalanes, vulnera la Constitución en lo que respecta al currículo educativo común, la unidad de los cuerpos docentes y la tercera hora de castellano y, en definitiva, establece un sistema educativo propio «al margen del sistema educativo español».
INHIBICIÓN/ La portavoz del grupo popular en el Parlament, Dolors Montserrat, declaró que el objetivo del recurso es «garantizar que las familias, los alumnos y los profesores catalanes tengan los mismos derechos que los del resto de España» y acusó al Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero de «inhibirse» y de ser «incapaz de ejercer sus propias competencias». Rafael López, por su parte, subrayó que el recurso «no va contra nadie, sino a favor de un modelo de sociedad abierta», y agregó: «No queremos la sociedad intervencionista del tripartito ni la Catalunya cerrada del nacionalismo».
Las declaraciones de López no ayudaron a templar los ánimos de los nacionalistas, que encajaron el recurso del PP como un nuevo casus belli que obstaculiza aún más cualquier posible vía de entendimiento futuro. El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, lo dijo explícitamente: «Es una barrera más que el PP se pone para cualquier tipo de colaboración con fuerzas políticas como CiU». Duran señaló que el PPC «debería avergonzarse», porque hay que remontarse a los tiempos de la segunda república «para encontrar un antecedente» de un recurso apoyado por un partido catalán contra una ley aprobada por el Parlament de Catalunya.
«No admitiremos cambios ni en la letra ni en el espíritu de la ley», aseguró el convergente Oriol Pujol, que denunció que el recurso forma parte de «un pacto no escrito entre el PSOE y el PP para cargarse el modelo lingüístico catalán».
