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El nuevo formato de votación fue anunciado el 14 de octubre por el presidente catalán, el nacionalista Artur Mas, después de desistir en sus intentos de celebrar una consulta de carácter casi refrendario sobre la secesión que había sido recurrida por Madrid y suspendida cautelarmente por el alto tribunal.
El gobierno español del conservador Mariano Rajoy celebró la cancelación del proyecto inicial pero no indicó abiertamente si actuaría judicialmente ante este voto simbólico, bautizado como proceso de participación y que no cuenta ni con junta electoral ni censo previo de participantes.
Pero este lunes, el gobierno pidió a un consejo consultivo un informe previo necesario para "la impugnación ante el Tribunal Constitucional del conjunto de actuaciones que ha puesto en marcha la Generalitat (el ejecutivo catalán, ndlr) para la celebración el 9 de noviembre de una consulta bajo la denominación de +proceso de participación ciudadana+", anunció en un comunicado.
De haber seguido adelante con el escrutinio inicial, suspendido cautelarmente desde el 29 de septiembre por el Tribunal Constitucional tras un recurso de Rajoy, el gobierno catalán habría entrado en la ilegalidad y podría haber puesto en riesgo a los funcionarios públicos que participaran en su organización.
Por ello, Mas impulsó esta consulta alternativa, no convocada oficialmente, en la que podrán participar 5,4 millones de catalanes mayores de 16 años.
Pero Rajoy, que defiende que una región española no puede decidir unilateralmente su futuro, parece dispuesto a bloquear también esta iniciativa y reclamó que el informe "sea emitido con carácter de urgencia para que se pueda autorizar, en su caso, el acuerdo de impugnación en el próximo Consejo de Ministros", programado para el viernes, a solo diez días de la votación, precisa el comunicado.
