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Los cadáveres abandonados, en Veracruz, México.
El fiscal del estado de Veracruz, Reynaldo Escobar, dijo este miércoles a la cadena Televisa que se ha identificado el 95% de los muertos y que uno de ellos era un oficial activo de la policía de la zona metropolitana de Veracruz.
La fiscalía determinó que "casi todos tienen antecedentes penales vinculados al crimen organizado, como secuestro, extorsión, homicidio, narcomenudeo (venta de drogas a pequeña escala), robo de autos", señaló Escobar, quien no aclaró la situación del policía.
El funcionario añadió que hay dos cadáveres de personas sin antecedentes que habían sido reportadas como desaparecidas.
Los cuerpos fueron abandonados, a plena luz del día, en dos vehículos bajo un puente vehícular del municipio de Boca del Río, cerca de un hotel donde está programada una reunión de los fiscales de las 32 entidades (31 estados y el distrito capital) este miércoles y jueves.
Escobar y otras autoridades locales señalaron que no hay relación entre ambos hechos y mantuvieron sin cambios la agenda del evento.
El fiscal veracruzano detalló que los asesinatos fueron en su mayoría por asfixia. "Se ve que hubo tortura, sadismo en la ejecución de estas personas", afirmó.
Esta matanza es el segundo acto que más víctimas ha provocado en México en menos de un mes, tras el incendio intencional, atribuido al cartel de Los Zetas, el pasado 25 de agosto de un casino de Monterrey (norte), con un saldo de 52 muertos.
Junto a los cuerpos se encontraron mensajes que apuntan a que los muertos son miembros del cartel de Los Zetas, señalaron en forma coincidente varios medios de prensa, aunque la fiscalía no corroboró públicamente esa información.
El fiscal de Veracruz afirmó que no hay elementos para señalar a alguna organización por la masacre y que se analizan los videos grabados por unas cámaras de vigilancia cercanas al puente.
La Secretaría de Gobernación (ministerio del Interior) indicó que la matanza podría estar relacionada con un ajuste de cuentas. "Los datos que se tienen son suficientes para estimar que se trata de un tema entre bandas", señaló en Ciudad de México Juan Marcos Gutiérrez, subsecretario de Gobernación.
Gutiérrez no identificó qué grupos podrían estar involucrados. La violencia en el estado de Veracruz es atribuida a células de Los Zetas que han sido desplazadas por los operativos militares y policiales en el vecino estado de Tamaulipas (noreste), ubicado un poco más al norte y fronterizo con Estados Unidos.
La zona metropolitana del puerto de Veracruz, uno de los más activos de México, se ha convertido los últimos meses en escenario de balaceras, quemas de taxis, ataques a civiles y el asesinato de al menos tres periodistas, transformándose en un nuevo foco rojo en un país donde la violencia relacionada con el crimen organizado ha dejado más de 41.000 muertos desde 2006.
Los Zetas fueron creados por militares de élite que desertaron a fines de los años noventa para trabajar con el cartel del Golfo, al que ahora se enfrentan.
Están extendidos por la costa este mexicana desde la frontera con Estados Unidos hasta Guatemala, donde han sido acusados de varias masacres.
La organización se financia, además del narcotráfico, con el secuestro de emigrantes, la extorsión de comercios y el robo de combustible, según el gobierno mexicano.
La fiscalía determinó que "casi todos tienen antecedentes penales vinculados al crimen organizado, como secuestro, extorsión, homicidio, narcomenudeo (venta de drogas a pequeña escala), robo de autos", señaló Escobar, quien no aclaró la situación del policía.
El funcionario añadió que hay dos cadáveres de personas sin antecedentes que habían sido reportadas como desaparecidas.
Los cuerpos fueron abandonados, a plena luz del día, en dos vehículos bajo un puente vehícular del municipio de Boca del Río, cerca de un hotel donde está programada una reunión de los fiscales de las 32 entidades (31 estados y el distrito capital) este miércoles y jueves.
Escobar y otras autoridades locales señalaron que no hay relación entre ambos hechos y mantuvieron sin cambios la agenda del evento.
El fiscal veracruzano detalló que los asesinatos fueron en su mayoría por asfixia. "Se ve que hubo tortura, sadismo en la ejecución de estas personas", afirmó.
Esta matanza es el segundo acto que más víctimas ha provocado en México en menos de un mes, tras el incendio intencional, atribuido al cartel de Los Zetas, el pasado 25 de agosto de un casino de Monterrey (norte), con un saldo de 52 muertos.
Junto a los cuerpos se encontraron mensajes que apuntan a que los muertos son miembros del cartel de Los Zetas, señalaron en forma coincidente varios medios de prensa, aunque la fiscalía no corroboró públicamente esa información.
El fiscal de Veracruz afirmó que no hay elementos para señalar a alguna organización por la masacre y que se analizan los videos grabados por unas cámaras de vigilancia cercanas al puente.
La Secretaría de Gobernación (ministerio del Interior) indicó que la matanza podría estar relacionada con un ajuste de cuentas. "Los datos que se tienen son suficientes para estimar que se trata de un tema entre bandas", señaló en Ciudad de México Juan Marcos Gutiérrez, subsecretario de Gobernación.
Gutiérrez no identificó qué grupos podrían estar involucrados. La violencia en el estado de Veracruz es atribuida a células de Los Zetas que han sido desplazadas por los operativos militares y policiales en el vecino estado de Tamaulipas (noreste), ubicado un poco más al norte y fronterizo con Estados Unidos.
La zona metropolitana del puerto de Veracruz, uno de los más activos de México, se ha convertido los últimos meses en escenario de balaceras, quemas de taxis, ataques a civiles y el asesinato de al menos tres periodistas, transformándose en un nuevo foco rojo en un país donde la violencia relacionada con el crimen organizado ha dejado más de 41.000 muertos desde 2006.
Los Zetas fueron creados por militares de élite que desertaron a fines de los años noventa para trabajar con el cartel del Golfo, al que ahora se enfrentan.
Están extendidos por la costa este mexicana desde la frontera con Estados Unidos hasta Guatemala, donde han sido acusados de varias masacres.
La organización se financia, además del narcotráfico, con el secuestro de emigrantes, la extorsión de comercios y el robo de combustible, según el gobierno mexicano.
