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Política
Dwight Eisenhower-izquierda-, y Francisco Franco.
"El desamparo de las víctimas es absolutamente clamoroso", afirmó Garzón en el evento, celebrado al margen de la segunda sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tiene lugar estos días en Ginebra.
Y "porque no se está llevando adelante la investigación", agregó Garzón a la AFP tras finalizar la reunión. Aludía de esa manera a que el presunto desamparo se estaría dando después que se interrumpieran las diligencias con miras a esclarecer las desapariciones del franquismo, que coincidió con su apartamiento del juzgado que las instruía.
En efecto, el 14 de mayo de 2010 Baltasar Garzón fue suspendido en sus funciones de magistrado de la Audiencia Nacional de España, y se le abrió un procedimiento penal acusado de prevaricación por haber incoado en 2008 un sumario judicial para dilucidar los crímenes de la represión franquista.
Debido a una cuestión de competencia entre su juzgado y otros para hacerse cargo de ese expediente, "esa cuestión la tiene que decidir la Sala Segunda del Tribunal Supremo y en vez de decidirla en su momento (mayo de 2010), tomó la decisión de paralizar esa decisión hasta que se resuelva el caso contra mi", explicó Garzón a la AFP.
"Parece que no tiene relación una cosa con la otra y mientras tanto las víctimas no están siendo atendidas en sus demandas de investigación de esos hechos ni en un juzgado ni en otro, en ninguno de los dos, por tanto debería de haberse resuelto ese caso", fundamentó así Garzón su valoración de que las víctimas de la dictadura española de 1939 a 1975 sufren desamparo.
"Ese es uno de los argumentos que hemos planteado también en la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", recordó Garzón a la AFP, iniciativa elevada el 25 de marzo de 2011, la cual pone en crisis el cierre de facto de la causa contra el régimen de Francisco Franco.
"Esto que puede ser objeto de discrepancia se había solucionado con la remisión del caso para que fuera investigado por cada uno de los juzgados, que en los distintos territorios de España, serían competentes porque existían exhumaciones, o existían datos sobre desapariciones masivas de personas que estarían enterradas en esas zonas", expuso Garzón en su discurso pronunciado en una de las salas de la ONU.
"Pero lo curioso es que, posteriormente, al admitirse a trámite la querella contra el juez (Garzón) por investigar estos hechos, el Tribunal Supremo toma una decisión inverosímil y desde luego altamente llamativa, y es suspender la tramitación de la cuestión principal y someterla al resultado de la investigación sobre el juez", subrayó entonces.
Así las cosas, para el juez las víctimas "han quedado, de momento, en una especie de limbo, que no es posible entender cuál es la razón última para ello".
Por otra parte, "el principio de igualdad y el principio de defensa ha sido muy limitado porque han sido rechazadas prácticamente todas las pruebas que hemos planteado", respondió Garzón a la pregunta de la AFP sobre si estimaba que se le estaba sometiendo a un juicio justo en España.
"Estamos a la espera de que se decida sobre la composición del tribunal, de modo que ya son dos años los que llevamos con este procedimiento y creo que debería de tener una perspectiva mucho más definida que la que ahora mismo hay", añadió Garzón en referencia a su recusación de varios jueces del tribunal que se encargaría de juzgarlo, apelación que todavía no ha sido resuelta.
Y "porque no se está llevando adelante la investigación", agregó Garzón a la AFP tras finalizar la reunión. Aludía de esa manera a que el presunto desamparo se estaría dando después que se interrumpieran las diligencias con miras a esclarecer las desapariciones del franquismo, que coincidió con su apartamiento del juzgado que las instruía.
En efecto, el 14 de mayo de 2010 Baltasar Garzón fue suspendido en sus funciones de magistrado de la Audiencia Nacional de España, y se le abrió un procedimiento penal acusado de prevaricación por haber incoado en 2008 un sumario judicial para dilucidar los crímenes de la represión franquista.
Debido a una cuestión de competencia entre su juzgado y otros para hacerse cargo de ese expediente, "esa cuestión la tiene que decidir la Sala Segunda del Tribunal Supremo y en vez de decidirla en su momento (mayo de 2010), tomó la decisión de paralizar esa decisión hasta que se resuelva el caso contra mi", explicó Garzón a la AFP.
"Parece que no tiene relación una cosa con la otra y mientras tanto las víctimas no están siendo atendidas en sus demandas de investigación de esos hechos ni en un juzgado ni en otro, en ninguno de los dos, por tanto debería de haberse resuelto ese caso", fundamentó así Garzón su valoración de que las víctimas de la dictadura española de 1939 a 1975 sufren desamparo.
"Ese es uno de los argumentos que hemos planteado también en la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", recordó Garzón a la AFP, iniciativa elevada el 25 de marzo de 2011, la cual pone en crisis el cierre de facto de la causa contra el régimen de Francisco Franco.
"Esto que puede ser objeto de discrepancia se había solucionado con la remisión del caso para que fuera investigado por cada uno de los juzgados, que en los distintos territorios de España, serían competentes porque existían exhumaciones, o existían datos sobre desapariciones masivas de personas que estarían enterradas en esas zonas", expuso Garzón en su discurso pronunciado en una de las salas de la ONU.
"Pero lo curioso es que, posteriormente, al admitirse a trámite la querella contra el juez (Garzón) por investigar estos hechos, el Tribunal Supremo toma una decisión inverosímil y desde luego altamente llamativa, y es suspender la tramitación de la cuestión principal y someterla al resultado de la investigación sobre el juez", subrayó entonces.
Así las cosas, para el juez las víctimas "han quedado, de momento, en una especie de limbo, que no es posible entender cuál es la razón última para ello".
Por otra parte, "el principio de igualdad y el principio de defensa ha sido muy limitado porque han sido rechazadas prácticamente todas las pruebas que hemos planteado", respondió Garzón a la pregunta de la AFP sobre si estimaba que se le estaba sometiendo a un juicio justo en España.
"Estamos a la espera de que se decida sobre la composición del tribunal, de modo que ya son dos años los que llevamos con este procedimiento y creo que debería de tener una perspectiva mucho más definida que la que ahora mismo hay", añadió Garzón en referencia a su recusación de varios jueces del tribunal que se encargaría de juzgarlo, apelación que todavía no ha sido resuelta.
