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Política
El juez titular del Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid, José Sierra, ha abierto diligencias previas por un supuesto delito de revelación de secretos para esclarecer los hechos denunciados el 20 de enero por el secretario general del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria Bolívar. El objeto de la denuncia, según consta en el auto del juez, es el presunto caso de espionaje político a altos cargos del PP de Madrid publicado por EL PAÍS. En concreto, se refiere a la primera víctima de la trama de la que dio cuenta este diario, el vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que fue objeto de "distintos seguimientos parapoliciales en los últimos ocho meses durante una serie de viajes públicos y privados" según reza la denuncia.
Igualmente, en la denuncia se afirma que en los seguimientos a los que se ha sometido a González han sido utilizadas cámaras ocultas y se han elaborado informes a los que se han incorporado fotografías y documentos privados, con utilización de información reservada. También subraya el texto de la denuncia que de la información reseñada se deriva la posibilidad de que estas conductas se hubieran podido producir respecto a otros altos cargos de la Comunidad de Madrid, por lo que se entiende que concurre un interés general en la averiguación y el esclarecimiento de los hechos, así como de sus responsables.
Con carácter previo a ordenar diligencias de investigación, el juez insta al denunciante a que manifieste al Juzgado en el término de cinco días el carácter de su intervención, y si lo hace únicamente en razón de su cargo en nombre de la Comunidad de Madrid, o igualmente en nombre y representación de la persona agraviada, a los efectos de lo establecido en el artículo 201 del Código Penal.
La investigación de la Fiscalía
Este artículo 201, aclara el auto, establece que una vez comprobada la comisión de indicios de delito, debe tener lugar una condición previa para la averiguación de estos, como es la "necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal". De los términos y el contenido de la denuncia se desprende que la persona agraviada resulta ser el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, siendo él, destaca el auto del juez, quien necesariamente debió interponer la denuncia. Por lo tanto, continúa el auto, "se hace necesario, cuando los hechos presentan caracteres que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, la incoación de diligencias previas y con carácter previo, requerir al denunciante a fin de que manifieste en el Juzgado el carácter de su intervención".
Tras las primera noticias de la trama, González presentó una denuncia ante la Fiscalía de Madrid y el Gobierno regional otra ante el juzgado de guardia -esta segunda es sobre la que ha abierto ahora diligencias el juez Sierra-. También presentaron denuncia por hechos similares el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia, Alfredo Prada. El pasado miércoles, la Fiscalía abrió una investigación por los casos de González y Cobo.
Ahora, el magistrado trasladará a la Fiscalía de Madrid para que se pronuncie sobre si remite o no las indagaciones realizadas hasta ahora a raíz de las diligencias incoadas. El Ministerio Público enviará sus actuaciones, siempre y cuando se basen en los mismos hechos que la denuncia de la Comunidad de Madrid. En el marco de estas diligencias, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, citó a declarar al periodista de EL PAÍS Francisco Mercado, quien aportó el pasado viernes los partes de seguimientos realizados a Cobo y Prada y un dossier de las vigilancias hechas a González.
Con carácter previo a ordenar diligencias de investigación, el juez insta al denunciante a que manifieste al Juzgado en el término de cinco días el carácter de su intervención, y si lo hace únicamente en razón de su cargo en nombre de la Comunidad de Madrid, o igualmente en nombre y representación de la persona agraviada, a los efectos de lo establecido en el artículo 201 del Código Penal.
La investigación de la Fiscalía
Este artículo 201, aclara el auto, establece que una vez comprobada la comisión de indicios de delito, debe tener lugar una condición previa para la averiguación de estos, como es la "necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal". De los términos y el contenido de la denuncia se desprende que la persona agraviada resulta ser el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, siendo él, destaca el auto del juez, quien necesariamente debió interponer la denuncia. Por lo tanto, continúa el auto, "se hace necesario, cuando los hechos presentan caracteres que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, la incoación de diligencias previas y con carácter previo, requerir al denunciante a fin de que manifieste en el Juzgado el carácter de su intervención".
Tras las primera noticias de la trama, González presentó una denuncia ante la Fiscalía de Madrid y el Gobierno regional otra ante el juzgado de guardia -esta segunda es sobre la que ha abierto ahora diligencias el juez Sierra-. También presentaron denuncia por hechos similares el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia, Alfredo Prada. El pasado miércoles, la Fiscalía abrió una investigación por los casos de González y Cobo.
Ahora, el magistrado trasladará a la Fiscalía de Madrid para que se pronuncie sobre si remite o no las indagaciones realizadas hasta ahora a raíz de las diligencias incoadas. El Ministerio Público enviará sus actuaciones, siempre y cuando se basen en los mismos hechos que la denuncia de la Comunidad de Madrid. En el marco de estas diligencias, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, citó a declarar al periodista de EL PAÍS Francisco Mercado, quien aportó el pasado viernes los partes de seguimientos realizados a Cobo y Prada y un dossier de las vigilancias hechas a González.
