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Política
"Lo importante es que hay un debate, ese debate se va a extender hasta que la ley se apruebe en el Parlamento y va a seguir después porque después va a tener que ser reglamentada", dijo el miércoles a periodistas Julio Calzada, secretario de la Junta Nacional de Drogas, oficina encargada de redactar la iniciativa que despertó tanto respaldos como críticas a nivel local e internacional.
Este miércoles la ONU advirtió a Uruguay que la legalización de la marihuana significaría una "violación" a la Convención de Naciones Unidas sobre Estupefacientes.
"Si pasase, violaría la Convención Única, de la cual Uruguay forma parte", dijo el director de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, en su denominación en inglés), Yuri Fedotov, en Nueva York.
El martes Fedotov había indicado que "si se confirma (el anuncio uruguayo), se trataría de un cambio decepcionante".
Actualmente el consumo y la tenencia para uso personal de marihuana no están penalizados en Uruguay, aunque sí la comercialización.
El proyecto del gobierno implica que la droga sea producida y vendida bajo control estatal, aunque la forma en la que se realizará esto aún no está clara, en medio de versiones distintas y a menudo contradictorias de parte del gobierno.
Si se venderá en cigarrillos o a granel, de cuánto será el límite mensual para los consumidores, si será el Estado el que plantará y venderá el cannabis, si habrá una producción tercerizada controlada por el gobierno son algunas de las interrogantes que despierta el proyecto.
Además, aunque en los últimos días el presidente José Mujica había descartado que se permita el autocultivo, Calzada dejó abierta la puerta a esa posibilidad, aclarando que "cualquier iniciativa, ya sea controlada enteramente por el Estado o donde se produzcan otro tipo de articulaciones, donde pueda haber autocultivo o no, tiene que tener una fuerte regulación del Estado".
El proyecto del Ejecutivo dejaría por el camino dos proyectos de ley que ya existían en el Parlamento para legalizar el autocultivo de cannabis, uno presentado por el diputado Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, y otro consensuado entre el diputado del oficialista Frente Amplio Sebastián Sabini y el legislador del Partido Independiente Daniel Radío.
Pero esto no garantiza el respaldo legislativo a la iniciativa del Ejecutivo, ya que algunos legisladores oficialistas -mayoría en el Parlamento- se han manifestado contrarios a la iniciativa.
Yerú Pardiñas, secretario general del Partido Socialista, dijo al diario El País que ven la legalización del cannabis como una "medida riesgosa por los compromisos que tiene Uruguay a nivel internacional en el combate al narcotráfico y a la drogadicción".
Desde el Partido Independiente, Radío dijo a la AFP que la forma en la que el gobierno planteó la propuesta de la legalización es "muy desprolija" y "casi irresponsable".
"Corremos el riesgo de quedarnos sin nada, sin legalización y sin autocultivo", indicó, lamentando que "en las redes sociales se han tomado el tema para la broma o se ha generado una reacción en contrario; se centró el debate en si la marihuana es una droga inocua, que no es el tema que deberíamos estar discutiendo".
No obstante, Calzada confió en que haya "voluntad política en el Parlamento de avanzar en este tema".
En la sociedad -donde se estima que el 8,3% de la población consumió marihuana en el último año- tampoco parece haber unanimidad.
Según una encuesta realizada por Interconsult y difundida el miércoles por el diario UNoticias, el 60% de los consultados está en contra de legalizar la tenencia y venta de cannabis regulada por el Estado. Quienes más se resisten a la legalización son los mayores de 63 años, con un 72% en contra de la misma, mientras que entre los más jóvenes (16 a 27 años) el 51% aprueba el plan.
Para el 69% de los entrevistados, la medida no reducirá el tráfico de drogas en general, de los cuales el 21% cree que incrementará el consumo de las mismas.
El proyecto de "legalización controlada" de la marihuana fue presentado en el marco de 15 medidas para combatir el aumento de la violencia y que incluyen el agravamiento de las penas de prisión para el tráfico de pasta base, e incremento de las penas a menores delincuentes, entre otras medidas que también requerirán debate parlamentario.
Según Calzada, la meta de la legalización es "separar los mercados y a futuro eliminar o atacar fuertemente el 'efecto góndola'", que implica que cuando un usuario va a comprar marihuana en el mercado ilegal y no hay, le ofrecerán drogas más duras como la pasta base de cocaína, vinculada con el incremento de la violencia en los delitos.
Este miércoles la ONU advirtió a Uruguay que la legalización de la marihuana significaría una "violación" a la Convención de Naciones Unidas sobre Estupefacientes.
"Si pasase, violaría la Convención Única, de la cual Uruguay forma parte", dijo el director de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, en su denominación en inglés), Yuri Fedotov, en Nueva York.
El martes Fedotov había indicado que "si se confirma (el anuncio uruguayo), se trataría de un cambio decepcionante".
Actualmente el consumo y la tenencia para uso personal de marihuana no están penalizados en Uruguay, aunque sí la comercialización.
El proyecto del gobierno implica que la droga sea producida y vendida bajo control estatal, aunque la forma en la que se realizará esto aún no está clara, en medio de versiones distintas y a menudo contradictorias de parte del gobierno.
Si se venderá en cigarrillos o a granel, de cuánto será el límite mensual para los consumidores, si será el Estado el que plantará y venderá el cannabis, si habrá una producción tercerizada controlada por el gobierno son algunas de las interrogantes que despierta el proyecto.
Además, aunque en los últimos días el presidente José Mujica había descartado que se permita el autocultivo, Calzada dejó abierta la puerta a esa posibilidad, aclarando que "cualquier iniciativa, ya sea controlada enteramente por el Estado o donde se produzcan otro tipo de articulaciones, donde pueda haber autocultivo o no, tiene que tener una fuerte regulación del Estado".
El proyecto del Ejecutivo dejaría por el camino dos proyectos de ley que ya existían en el Parlamento para legalizar el autocultivo de cannabis, uno presentado por el diputado Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, y otro consensuado entre el diputado del oficialista Frente Amplio Sebastián Sabini y el legislador del Partido Independiente Daniel Radío.
Pero esto no garantiza el respaldo legislativo a la iniciativa del Ejecutivo, ya que algunos legisladores oficialistas -mayoría en el Parlamento- se han manifestado contrarios a la iniciativa.
Yerú Pardiñas, secretario general del Partido Socialista, dijo al diario El País que ven la legalización del cannabis como una "medida riesgosa por los compromisos que tiene Uruguay a nivel internacional en el combate al narcotráfico y a la drogadicción".
Desde el Partido Independiente, Radío dijo a la AFP que la forma en la que el gobierno planteó la propuesta de la legalización es "muy desprolija" y "casi irresponsable".
"Corremos el riesgo de quedarnos sin nada, sin legalización y sin autocultivo", indicó, lamentando que "en las redes sociales se han tomado el tema para la broma o se ha generado una reacción en contrario; se centró el debate en si la marihuana es una droga inocua, que no es el tema que deberíamos estar discutiendo".
No obstante, Calzada confió en que haya "voluntad política en el Parlamento de avanzar en este tema".
En la sociedad -donde se estima que el 8,3% de la población consumió marihuana en el último año- tampoco parece haber unanimidad.
Según una encuesta realizada por Interconsult y difundida el miércoles por el diario UNoticias, el 60% de los consultados está en contra de legalizar la tenencia y venta de cannabis regulada por el Estado. Quienes más se resisten a la legalización son los mayores de 63 años, con un 72% en contra de la misma, mientras que entre los más jóvenes (16 a 27 años) el 51% aprueba el plan.
Para el 69% de los entrevistados, la medida no reducirá el tráfico de drogas en general, de los cuales el 21% cree que incrementará el consumo de las mismas.
El proyecto de "legalización controlada" de la marihuana fue presentado en el marco de 15 medidas para combatir el aumento de la violencia y que incluyen el agravamiento de las penas de prisión para el tráfico de pasta base, e incremento de las penas a menores delincuentes, entre otras medidas que también requerirán debate parlamentario.
Según Calzada, la meta de la legalización es "separar los mercados y a futuro eliminar o atacar fuertemente el 'efecto góndola'", que implica que cuando un usuario va a comprar marihuana en el mercado ilegal y no hay, le ofrecerán drogas más duras como la pasta base de cocaína, vinculada con el incremento de la violencia en los delitos.
