
El decreto presidencial prevé "la organización de elecciones anticipadas para la Cámara, 60 días después de la aprobación por referéndum de la nueva Constitución del país, y la adopción de una nueva ley que reglamenta el Parlamento", según Mena.
El Parlamento egipcio fue disuelto por la aplicación de un dictamen judicial que lo declaraba ilegal, una medida cuestionada por los Hermanos Musulmanes, primera fuerza política de la Asamblea.
En su sentencia, la Alta Corte constitucional invalidó las elecciones legislativas que terminaron en enero, a causa de un vicio jurídico en la ley electoral por la que se regían los comicios.
Estas elecciones se saldaron con un triunfo de los islamistas, con cerca de la mitad de los escaños para los Hermanos musulmanes, y casi una cuarta parte para los fundamentalistas salafistas.
A falta de Parlamento, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) asumió el poder legislativo.
Los detractores del CSFA lo acusaron de haber orquestado esta decisión judicial para arrogarse el poder legislativo y los Hermanos Musulmanes denunciaron un "golpe de Estado" y pidieron un referendo sobre este asunto.