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Las compañías holandesas Stiho y LTL Woodproucts, así como la francesa Rougier Sylvaco dejaron de trabajar con Rainbow Trading en el estado amazónico de Pará (norte) hasta que la empresa no sea investigada, según informó la ONG en un comunicado enviado a la AFP este jueves.
En Suecia, el importador Interwood afirmó que no comprará más madera a Rainbow y que dejará también de importar la valiosa "Ipe" amazónica -muy codiciada en Europa sobre todo para los decks de piscina, y cuyo valor puede alcanzar los 3.200 dólares el metro cuadrado-, ya que no consigue verificar la legalidad del producto.
De la misma manera, "seis contenedores de Rainbow Trading fueron bloqueados por las autoridades belgas. La entrada de su madera está prohibida en el mercado hasta que las autoridades competentes investiguen a fondo el cargamento", según informó Greenpeace, que subrayó igualmente que Rainbow Trading acumula una deuda de 500.000 reales (unos 193.000 dólares) a los organismos ambientales brasileños.
"Suspendiendo la compra de madera de la Amazonía, los mercados envían un mensaje muy claro de que toda la cadena está contaminada, ya que el riesgo de ilegalidad es demasiado elevado", se felicita Greenpeace en el escrito, donde también pide a Brasilia que realice "una sólida reforma del sistema de control".
El 15 de octubre Greenpeace/Brasil denunció que árboles cortados de forma clandestina en la región de Santarem (estado de Pará) son transportados durante la noche a los aserradores que tratan y exportan la madera hacia Europa como si su origen fuera legal.
Santarem concentra el principal polo de la industria maderera de Pará, el estado que produce y exporta más madera de Amazonía.
La investigación de Greenpeace -que escondió aparatos de GPS bajo los camiones que transportan madera para vigilar su trayecto- reveló asimismo "que los documentos oficiales no son ni siquiera capaces de garantizar el origen legal de la madera".
"Al mantener sus puertas abiertas a la madera ilegal, el mercado se torna cómplice de la destrucción en Amazonía", estimó entonces la ONG.
Según datos del instituto brasileño Imazon, entre agosto de 2011 y julio de 2012, 78% de las zonas de actividad forestal en Pará no tenían autorización para talar madera.
Por su parte, Greenpeace lanzó en mayo la campaña "Crisis silenciosa en Amazonía" y denunció que de 20% a 40% de la madera importada a Europa es de origen ilegal.
