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Reunidos durante más de tres horas con el presidente regional, Artur Mas, los partidos proconsulta acordaron "mantener la convocatoria con la voluntad de que la ciudadanía pueda participar y ejercer su derecho a voto el 9 de noviembre", anunció el portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs.
El encuentro, convocado para forjar una posición unitaria, proseguirá por la tarde o incluso durante el fin de la semana, precisó.
Su comparecencia llegaba pocos minutos después de que el gobierno español de Mariano Rajoy anunciara su intención de llevar a la justicia el último paso hacia la consulta del gobierno catalán: la creación de una comisión electoral desobedeciendo la sentencia del alto tribunal.
La vicepresidenta y portavoz del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, lo denunció como un "incumplimiento de la ley" que llevarán ante los tribunales.
A diferencia del gobierno británico, que el 18 de septiembre permitió el referéndum en que Escocia optó por el "no" a la independencia, Madrid se opone firmemente a la celebración de este referéndum consultivo sin consecuencias jurídicas.
En su opinión, esta región nororiental de 7,5 millones de habitantes no puede pronunciarse unilateralmente sobre esta cuestión ya que la soberanía nacional recae sobre el conjunto de la población española.
"No nos pueden robar a los 47 millones de españoles que decidamos el presente y el futuro de nuestra gran nación", dijo este viernes la líder en Cataluña del Partido Popular de Rajoy, Alicia Sánchez Camacho.
La cuestión deberá ser resuelta por el Tribunal Constitucional, que suspendió la consulta y todo acto preparatorio mientras decide su posición.
- Entrando en la ilegalidad -
Nacionalista moderado en sus inicios, Mas pareció acatar la decisión judicial a principios de semana, congelando la campaña institucional de este referéndum consultivo.
Esta medida levantó discrepancias en el bloque proconsulta, especialmente en Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), independentistas genuinos convertidos en segunda fuerza regional, que reclamó reanudarla inmediatamente dado el poco margen de tiempo hasta el 9 de noviembre.
Antes de empezar la reunión con sus incómodos aliados, el gobierno catalán respondía a estas críticas con la publicación oficial del decreto firmado por Mas para crear la comisión de control, un paso que podría arrastrar a España a la mayor crisis institucional de las últimas décadas.
"Ya se ha entrado en el terreno de la ilegalidad", considera Antonio Torres del Moral, catedrático de derecho constitucional de la UNED, para quien esta firma constituye "un delito de sedición, quizá en un grado mínimo por las motivaciones políticas que se pueden entender como siendo atenuantes, pero sedición".
Javier Pérez Royo, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Sevilla, discrepa: "Esto es muy vidrioso y se puede interpretar en diferentes sentidos". "El derecho permite jugar con las palabras", advierte.
Rebeldes ante un tribunal que en 2010 privó a Cataluña de su estatus de "nación", ERC y las influyentes asociaciones independentistas civiles, que el martes movilizaron a miles de personas en contra de la sentencia, pueden presionar para ir más allá.
Sucumbir a estas presiones podría fracturar el partido de Mas, la coalición CiU, donde algunos han abierto la puerta a retrasar la votación si no se puede hacer legalmente.
"Si pese a hacer todo lo posible por nuestra parte, no se pudiera, se deberá votar otro día", escribió Josep Antoni Duran i Lleida, líder del bando más moderado de la coalición.
Hasta el momento, la posición del gobierno catalán parece ser la de mantener los actos de preparación que no pongan en riesgo a los 4.834 funcionarios y 9.200 policías implicados en la organización.
Mientras, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, muy crítico con el proceso independentista, denunció en su cuenta de Twitter que "el inmovilismo de Rajoy es gasolina para el independentismo".
A cambio, propone una reforma constitucional para convertir España en un Estado federal que por el momento no convence ni al gobierno español ni al catalán.
