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Una fosa de izquierdistas ejecutados por el franquismo
"Los Jueces y Tribunales (españoles) instruyen y juzgan todas las denuncias sobre desapariciones que ante ellos se formulan" con "sometimiento exclusivo a la Ley y el Derecho", señaló el embajador de España, Javier Garrigues, al justificar su rechazo, en una aparente referencia a la Ley de Aministía de 1977, que impide juzgar los crímenes del régimen franquista.
La recomendación de México se produjo en el debate del Examen Periódico Universal (EPU) de España en mayo pasado, un mecanismo de la ONU destinado a vigilar el respeto de los derechos humanos y al que sus Estados miembros deben someterse una vez cada cuatro años.
En su respuesta a México, España afirmó el martes querer investigar los "crímenes contra la humanidad", de acuerdo a lo "que nuestra Constitución reconoce y ampara", pero sin aludir a las desapariciones del periodo 1936-1975, ni a la Ley de Amnistía aún vigente.
México le había pedido a España "investigar y sancionar los delitos de desaparición forzada y prever la reparación de los mismos, independientemente de cuando se hayan producido, habida cuenta del carácter imprescriptible de ese delito y de conformidad con sus obligaciones internacionales".
La ONG Human Rights Watch lamentó que España enjuiciara a Baltasar Garzón, "el juez que trató de investigar esos crímenes", relativos a "la dictadura de Franco y a la Guerra Civil Española".
Esta ONG recordó que Garzón se enfrenta a un juicio "por investigar los presuntos casos de desapariciones forzadas que causaron más de 100.000 víctimas" y que "los tribunales españoles han cerrado sistemáticamente las investigaciones (...) por invocación de una ley de amnistía de 1977, que cubre todos los delitos de 'naturaleza política' cometidos con anterioridad a diciembre de 1976".
A su vez, Amnistía Internacional distribuyó un comunicado en el que hacía un llamado a España a "investigar los crímenes cometidos durante la guerra civil (1936-39) y en la época de Franco, y a asegurar que la ley de amnistía no se aplica a crímenes contra la humanidad".
Esta ONG también dijo objetar "los cargos contra el juez que ha investigado las desapariciones de más de 114.000 personas", en relación con el magistrado Baltasar Garzón y los desaparecidos durante el franquismo.
Por otra parte, España rechazó también 12 recomendaciones que en el mismo examen le hicieron Indonesia, Burkina Faso, Azerbaiyán, Bolivia, Guatemala, Paraguay, Nicaragua, Palestina, Pakistán, Argentina, Perú, Nigeria y Argelia, para que ratifique la Convención que protege a los trabajadores migratorios y sus familias.
Asimismo, España declinó otra recomendación, de Eslovenia, para que prohíba "expresamente la venta de armas cuyo destino final sea un país en el que puedan reclutarse niños o utilizarlos en las hostilidades".
La recomendación de México se produjo en el debate del Examen Periódico Universal (EPU) de España en mayo pasado, un mecanismo de la ONU destinado a vigilar el respeto de los derechos humanos y al que sus Estados miembros deben someterse una vez cada cuatro años.
En su respuesta a México, España afirmó el martes querer investigar los "crímenes contra la humanidad", de acuerdo a lo "que nuestra Constitución reconoce y ampara", pero sin aludir a las desapariciones del periodo 1936-1975, ni a la Ley de Amnistía aún vigente.
México le había pedido a España "investigar y sancionar los delitos de desaparición forzada y prever la reparación de los mismos, independientemente de cuando se hayan producido, habida cuenta del carácter imprescriptible de ese delito y de conformidad con sus obligaciones internacionales".
La ONG Human Rights Watch lamentó que España enjuiciara a Baltasar Garzón, "el juez que trató de investigar esos crímenes", relativos a "la dictadura de Franco y a la Guerra Civil Española".
Esta ONG recordó que Garzón se enfrenta a un juicio "por investigar los presuntos casos de desapariciones forzadas que causaron más de 100.000 víctimas" y que "los tribunales españoles han cerrado sistemáticamente las investigaciones (...) por invocación de una ley de amnistía de 1977, que cubre todos los delitos de 'naturaleza política' cometidos con anterioridad a diciembre de 1976".
A su vez, Amnistía Internacional distribuyó un comunicado en el que hacía un llamado a España a "investigar los crímenes cometidos durante la guerra civil (1936-39) y en la época de Franco, y a asegurar que la ley de amnistía no se aplica a crímenes contra la humanidad".
Esta ONG también dijo objetar "los cargos contra el juez que ha investigado las desapariciones de más de 114.000 personas", en relación con el magistrado Baltasar Garzón y los desaparecidos durante el franquismo.
Por otra parte, España rechazó también 12 recomendaciones que en el mismo examen le hicieron Indonesia, Burkina Faso, Azerbaiyán, Bolivia, Guatemala, Paraguay, Nicaragua, Palestina, Pakistán, Argentina, Perú, Nigeria y Argelia, para que ratifique la Convención que protege a los trabajadores migratorios y sus familias.
Asimismo, España declinó otra recomendación, de Eslovenia, para que prohíba "expresamente la venta de armas cuyo destino final sea un país en el que puedan reclutarse niños o utilizarlos en las hostilidades".
