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Política
En los últimos 13 años las asociaciones de víctimas exhumaron los restos de unas 6.300 personas enterradas en fosas comunes, 2.500 de las cuales fueron identificadas, pero "la justicia no emprendió acciones penales en ninguno de los casos", explica a la AFP Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
En 2008, un total de 36 asociaciones presentaron cientos de denuncias, sumando 114.000 desaparecidos, ante el juez Baltasar Garzón, quien presionado por la fiscalía, las acabó trasfiriendo a los juzgados provinciales antes de ser juzgado en 2012 por vulnerar la ley de amnistía.
Desde entonces "los juzgados han archivado las denuncias (...) sin realizar ningún tipo de investigación judicial", subraya Esteban Beltrán, director en España de la ONG Amnistía Internacional.
"Cuando se nos cerraron las puertas aquí, pensamos en el principio de justicia universal y acudimos a Argentina", afirma Silva, en el origen de la investigación abierta en 2010 por la jueza de ese país María Servini de Cubría.
Sin embargo, "el gobierno español tampoco colabora con las autoridades argentinas", lamenta Beltrán.
Tres semanas después que Servini pidiese la detención de cuatro expolicías del régimen de Francisco Franco, los dos que siguen vivos permanecían en libertad: el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, de 74 años, y Juan Antonio González Pacheco, de 67, calificado como el "inspector más temido de la policía política de Franco" por el diario conservador El Mundo, que publicaba una foto del jubilado corriendo en un reciente maratón.
Un juez español decidió que solo sean interrogados si Argentina pide formalmente su extradición después que la fiscalía estimase los cargos que les imputa Servini --"homicidio agravado, privación ilegal de la libertad", "aplicación de torturas y sustracción de menores"-- posiblemente cubiertos por la ley de amnistía.
Aprobada en 1977, en un esfuerzo por allanar el camino hacia la democracia, esta ley amnistió "todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado", anteriores a ese año.
Casi cuatro décadas después, tanto el gubernamental Partido Popular (PP, derecha) como el opositor Partido Socialista rechazan derogarla, como hizo Argentina con sus leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
"Nosotros no somos partidarios de modificar aquel compromiso que estableció un acuerdo político de no reclamarnos mutuamente responsabilidades del pasado", explica el exministro socialista Ramón Jáuregui, aludiendo al "peligro de devolver al país a una controversia fratricida".
Sin embargo, la derogación de esta ley es reclamada por la propia ONU.
La amnistía "no puede servir como una barrera a la investigación de graves violaciones a los derechos humanos", afirmó Ariel Dulitzky, miembro del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas con motivo de una misión a España en septiembre.
"Creemos que el Estado español, a través de su judicatura, debe juzgar las desapariciones forzadas", conminó.
Garzón, ahora inhabilitado como juez, siempre defendió que estos desapariciones pueden ser perseguidas pese a la ley de amnistía ya que ésta "se refiere a delitos de contenido político" y no a crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, el ejecutivo del PP se resiste a actuar, en opinión del sociólogo Fermín Bouza de la Universidad Complutense de Madrid, debido a sus vínculos históricos con el franquismo.
"El gobierno de la derecha es el gobierno que procede de ese régimen, en ese sentido es normal que tengan esa reticencia", afirma, recordando que el PP tuvo su origen en Alianza Popular, partido fundado en 1976 por el exministro franquista Manuel Fraga.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, hizo recientemente una vehemente defensa de la ley de amnistía ante el Parlamento, calificándola como "la única (política) consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y cruzadas".
El suegro de Ruiz-Gallardón, el exministro franquista José Utrera Molina, figura entre los nueve exresponsables nombrados en la causa abierta en Argentina, que incluye el robo de 30.000 niños de familias republicanas.
