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Fosa de Calzada de Oropesa
"Esto se está haciendo muy lentamente y con pocos medios", dice a la AFP Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
La búsqueda y exhumación de los cuerpos se lleva a cabo con los medios de cada asociación, mientras el Estado sólo prevé reparaciones simbólicas para las víctimas y subvenciones para las actividades de las asociaciones, hasta un máximo de 60.000 euros (81.030 dólares) por organización, merced a la denominada Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007.
Desde 2006, el gobierno socialista español ha destinado un total de 19,4 millones de euros al desarrollo de la ley, de los que 5,9 millones de euros se destinaron a exhumaciones y el resto a homenajes, exposiciones, estudios, etc.
La ley "sirve para (reconocer) nacionalidades, para los brigadistas internacionales, para garantizarles los mismos derechos que a cualquier combatiente español, para arreglar algún tema de los hijos y nietos del exilio (a 93.344 de ellos se ha concedido la nacionalidad española) y dar un certificado de víctimas", según Macías, que critica su escasa operatividad práctica en las exhumaciones.
La ARMH fue pionera hace diez años en la apertura de fosas y desde entonces ha abierto más de 150 y exhumado más de 1.500 cadáveres, los últimos esta semana, cuando el sábado se cumplen 35 años de la muerte del dictador Francisco Franco.
"Entre todas las asociaciones se habrán sacado unos 5.000 cuerpos", explica el arqueólogo de la ARMH René Pacheco, que dirige la exhumación de siete asesinados en noviembre de 1936, apenas cuatro meses después del inicio de la contienda española en Calzada de Oropesa (centro).
"No habremos sacado ni un 10% de las (personas) que están enterradas. Se calcula que hay entre 105.000 y 130.000 desaparecidos" en fosas en España, añadió Pacheco, de 27 años, que dirige a un grupo de voluntarios que buscan con cuidado los cuerpos.
Los restos de Alberto García Simón, Manuel Gutiérrez Castaño, Antolín Gutiérrez Castaño, Germán Sarro García, Francisco Herreruela Arroyo, Lorenzo Polo Hernández y Enemesio Hernández Alvarez, vecinos del pueblo de Las Ventas de San Julián, van saliendo a la luz ante la emoción de algunos familiares.
"Estoy contenta, aunque apenas lo recuerdo. Ahora vamos a poder sepultarlos", dice a la AFP Paula Polo González, de 78 años, que tenía cuatro cuando mataron a su padre, Lorenzo Polo.
Al igual que en la mayoría de los casos, el proceso de búsqueda se inició con algún familiar, que se suele dirigir a la ARMH enviándole información que se completa con investigación en archivos, entrevistas personales, etc, pero sin ayuda oficial o judicial.
Pocos jueces se personan en el lugar cuando se descubre una fosa, pese a que, según la legislación, un magistrado debe estar presente "cuando hay signos evidentes de violencia en unos restos encontrados en medio del campo", critica Macías.
Cada vez que se encuentran unos restos, la ARMH cursa la correspondiente denuncia ante las autoridades, pero "los jueces habrán venido unas cinco veces tras más de 150 fosas abiertas", afirma.
La incertidumbre todavía existente sobre el órgano judicial competente y el caso del juez Baltasar Garzón podría explicar en alguna medida las reticencias judiciales.
"Es bochornoso que la única persona perseguida en relación a los crímenes más graves que se han cometido nunca en este país sea el juez que intentó abrir el proceso", aseguró recientemente el magistrado de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), Ramón Sáez Valcárcel.
Garzón está en espera de juicio por prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es, ndlr) por haber querido investigar sobre los desaparecidos de la Guerra Civil (1936-39).
Sin embargo, pese a estas dificultades, Macías cree que la recuperación de desaparecidos es un fenómeno imparable porque muchos de los que inician la búsqueda son jóvenes "y no es que se muera con la generación de sus abuelos o de sus padres, sino que pasa a ellos, y sus hijos van a querer hacerlo. No se puede estar como si no hubiera pasado nada", sentenció.
"Le dijeron a mi padre: vete que te van a matar"
"Le dijeron a mi padre: vete que te van a matar", recuerda con los ojos húmedos, Heliberto Gutiérrez, hijo de Manuel Gutiérrez, cuyos restos han visto la luz tras setenta años enterrados y casi olvidados en una fosa común junto a otras seis personas fusiladas por los franquistas al inicio de la Guerra Civil.
En medio de un erial de La Calzada de Oropesa (centro de España), entre un parque de paneles solares y una autopista, un grupo de voluntarios de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) se afana en recuperar estos siete cuerpos.
Con mucho cuidado, con pinceles y pequeños punzones, los "arqueólogos" van descubriendo unos huesos que llevan setenta años enterrados desde que en noviembre de 1936, apenas cuatro meses después del inicio de la contienda española, fueron asesinados.
"Estaban en el Rosarito haciendo carbón de brezo cuando se los llevaron para matarlos", relata a la AFP Heliberto Gutiérrez, que entonces tenía diez años.
Sentado en su casa de Las Ventas de San Julián, el pequeño pueblo de apenas 250 habitantes situado a 13 km de la fosa, de donde eran originarios los hombres asesinados, Heliberto, recuerda como en la fosa están además de su padre, su suegro Alberto García y su tío Antolín.
"No sé, no sé por qué les mataron", dice el penúltimo de siete hermanos, aunque cree que pudo ser porque "cuando estuvo aquí la izquierda fueron a por algo de ganado para comer y cogieron una vaca o dos de una finca y, en cuanto que revolvió la cosa, pues a por ellos fueron".
Heliberto, que todavía recuerda que unos milicianos republicanos advirtieron a su padre de que se fuera, que lo podían matar, ha visitado prácticamente todos los días la fosa, descubierta en gran medida gracias al testimonio de Lucio, de 93 años, que señaló aproximadamente el lugar.
"Se decía que ahí estaban los venteros", dijo a la AFP Lucio, que tras acabar la Guerra Civil, vivió durante años a apenas 200 metros del lugar donde se encuentra la fosa, que los miembros de la ARMH lograron situar tras localizar con el detector de metales una concentración de balas.
"Conseguimos encontrar un punto donde había sobre todo proyectiles, aparecieron todos juntos y algunos son tiros de gracia", dice René Pacheco, el arqueólogo que dirige la exhumación, mientras muestra unos proyectiles completamente aplastados, como si hubieran sido disparados a poca distancia del suelo.
Sin embargo, los restos, enterrados durante décadas en una tierra arcillosa, están en un estado pésimo y Pacheco está prácticamente seguro que será imposible identificarlos.
"Los familiares ya lo saben y posiblemente lo que se haga será enterrarlos todos juntos en un nicho en el cementerio de San Julián", dice, antes de atender a un grupo que ha llegado desde Avila, a unos 125 km, para visitar la fosa.
Ayudada por sus nietas, Paula Polo González, de 78 años, se acerca a la fosa donde reposa su padre, Lorenzo Polo.
Vestida de negro y muy emocionada, Polo, que tenía tres años cuando mataron a su padre recuerda que "venía con mi madre y mi hermana aquí todos los domingos y sólo veía a mi madre llorar, pero cuando le preguntaba por qué lloraba, me decía: ya te lo diré".
"Me parece que los van a enterrar juntos", añadió Polo, mientras sus nietas Patricia y Ana María Jiménez, que iniciaron la búsqueda de su bisabuelo hace seis años, aseguran que ahora "tendrán un sitio donde llevarle unas flores".
Antes, los restos viajarán al laboratorio de la ARMH en Ponferrada (noroeste) para ser analizados y después volverán a los familiares, que, posiblemente los dejarán en el cementerio de las Ventas de San Julián.
"Se quedarán todos en el pueblo, que es donde tenían que haber estado desde el principio, y haremos alguna placa o pondremos alguna calle a su nombre, lo que decidamos", sentenció el actual alcalde de San Julián, Fernando Carrera.
Un laboratorio para recuperar la identidad de olvidados de la Guerra Civil
El pequeño laboratorio que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) tiene en Ponferrada (noroeste) apenas es suficiente para tratar de devolver su identidad a las decenas de ejecutados por franquistas durante la Guerra Civil (1936-1939) que cada año recuperan de fosas comunes.
"Ahora mismo tendremos unos ochenta cuerpos de todas partes de España, de Cantabria, de Galicia, de Castilla y León", dice a la AFP el vicepresidente de la ARHM, Santiago Macías, mientras muestra cajas con restos, cada una marcada con el lugar donde ha sido recogida.
Situado en el campus de la Universidad de León en Ponferrada, el pequeño recinto está empapelado con portadas de periódicos que hablan sobre la memoria histórica y en uno de sus lados, un armario está lleno con miles de fichas de casos de desaparecidos investigados y por investigar.
Una vez que se ha investigado, localizado la fosa y sacado los restos, estos son trasladados a este laboratorio para su identificación por forenses voluntarios, lo que ralentiza el proceso.
"Vengo cuando me llaman y puedo. Ahora estoy diez días", dice a la AFP Helena Vergara, bióloga y antropológa forense, mientras mide un hueso, de un esqueleto que está examinando.
Sobre una mesa, Vergara tiene expuesto unos huesos en posición anatómica para su examen: piernas, caderas y extremidades superiores.
"Primero se hace un estudio básico, se miden los huesos, para saber la talla, por ejemplo. Después se miran las características y si hay patologías, por ejemplo, para saber ver la edad miramos si tiene artrosis, como tiene los dientes...", explica la científica.
"Por último, se mira la causa de la muerte, si hay fracturas, si hay tiros" para lo que se reconstruyen los huesos, especialmente, los cráneos, dos de los cuales reposan sobre una mesa mostrando claramente unos orificios de bala.
A veces, la ARMH también recurre a los análisis genéticos para lo que acude a otros laboratorios más equipados, sin embargo también puede ocurrir que los restos estén tan mal, que la identificación es imposible.
Una vez completada la identificación "se hace un informe, tratándolo como si fuera un caso judicial, por si en un futuro pudiera servir", añade Vergara, cuya asociación ha abierto en diez años más de 150 fosas y recuperado más de 1.500 cuerpos de personas ejecutadas durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista.
La última parte es devolver los restos a los familiares para que dispongan de ellos como quieran tras una larga espera de más de 70 años.
La búsqueda y exhumación de los cuerpos se lleva a cabo con los medios de cada asociación, mientras el Estado sólo prevé reparaciones simbólicas para las víctimas y subvenciones para las actividades de las asociaciones, hasta un máximo de 60.000 euros (81.030 dólares) por organización, merced a la denominada Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007.
Desde 2006, el gobierno socialista español ha destinado un total de 19,4 millones de euros al desarrollo de la ley, de los que 5,9 millones de euros se destinaron a exhumaciones y el resto a homenajes, exposiciones, estudios, etc.
La ley "sirve para (reconocer) nacionalidades, para los brigadistas internacionales, para garantizarles los mismos derechos que a cualquier combatiente español, para arreglar algún tema de los hijos y nietos del exilio (a 93.344 de ellos se ha concedido la nacionalidad española) y dar un certificado de víctimas", según Macías, que critica su escasa operatividad práctica en las exhumaciones.
La ARMH fue pionera hace diez años en la apertura de fosas y desde entonces ha abierto más de 150 y exhumado más de 1.500 cadáveres, los últimos esta semana, cuando el sábado se cumplen 35 años de la muerte del dictador Francisco Franco.
"Entre todas las asociaciones se habrán sacado unos 5.000 cuerpos", explica el arqueólogo de la ARMH René Pacheco, que dirige la exhumación de siete asesinados en noviembre de 1936, apenas cuatro meses después del inicio de la contienda española en Calzada de Oropesa (centro).
"No habremos sacado ni un 10% de las (personas) que están enterradas. Se calcula que hay entre 105.000 y 130.000 desaparecidos" en fosas en España, añadió Pacheco, de 27 años, que dirige a un grupo de voluntarios que buscan con cuidado los cuerpos.
Los restos de Alberto García Simón, Manuel Gutiérrez Castaño, Antolín Gutiérrez Castaño, Germán Sarro García, Francisco Herreruela Arroyo, Lorenzo Polo Hernández y Enemesio Hernández Alvarez, vecinos del pueblo de Las Ventas de San Julián, van saliendo a la luz ante la emoción de algunos familiares.
"Estoy contenta, aunque apenas lo recuerdo. Ahora vamos a poder sepultarlos", dice a la AFP Paula Polo González, de 78 años, que tenía cuatro cuando mataron a su padre, Lorenzo Polo.
Al igual que en la mayoría de los casos, el proceso de búsqueda se inició con algún familiar, que se suele dirigir a la ARMH enviándole información que se completa con investigación en archivos, entrevistas personales, etc, pero sin ayuda oficial o judicial.
Pocos jueces se personan en el lugar cuando se descubre una fosa, pese a que, según la legislación, un magistrado debe estar presente "cuando hay signos evidentes de violencia en unos restos encontrados en medio del campo", critica Macías.
Cada vez que se encuentran unos restos, la ARMH cursa la correspondiente denuncia ante las autoridades, pero "los jueces habrán venido unas cinco veces tras más de 150 fosas abiertas", afirma.
La incertidumbre todavía existente sobre el órgano judicial competente y el caso del juez Baltasar Garzón podría explicar en alguna medida las reticencias judiciales.
"Es bochornoso que la única persona perseguida en relación a los crímenes más graves que se han cometido nunca en este país sea el juez que intentó abrir el proceso", aseguró recientemente el magistrado de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), Ramón Sáez Valcárcel.
Garzón está en espera de juicio por prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es, ndlr) por haber querido investigar sobre los desaparecidos de la Guerra Civil (1936-39).
Sin embargo, pese a estas dificultades, Macías cree que la recuperación de desaparecidos es un fenómeno imparable porque muchos de los que inician la búsqueda son jóvenes "y no es que se muera con la generación de sus abuelos o de sus padres, sino que pasa a ellos, y sus hijos van a querer hacerlo. No se puede estar como si no hubiera pasado nada", sentenció.
"Le dijeron a mi padre: vete que te van a matar"
"Le dijeron a mi padre: vete que te van a matar", recuerda con los ojos húmedos, Heliberto Gutiérrez, hijo de Manuel Gutiérrez, cuyos restos han visto la luz tras setenta años enterrados y casi olvidados en una fosa común junto a otras seis personas fusiladas por los franquistas al inicio de la Guerra Civil.
En medio de un erial de La Calzada de Oropesa (centro de España), entre un parque de paneles solares y una autopista, un grupo de voluntarios de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) se afana en recuperar estos siete cuerpos.
Con mucho cuidado, con pinceles y pequeños punzones, los "arqueólogos" van descubriendo unos huesos que llevan setenta años enterrados desde que en noviembre de 1936, apenas cuatro meses después del inicio de la contienda española, fueron asesinados.
"Estaban en el Rosarito haciendo carbón de brezo cuando se los llevaron para matarlos", relata a la AFP Heliberto Gutiérrez, que entonces tenía diez años.
Sentado en su casa de Las Ventas de San Julián, el pequeño pueblo de apenas 250 habitantes situado a 13 km de la fosa, de donde eran originarios los hombres asesinados, Heliberto, recuerda como en la fosa están además de su padre, su suegro Alberto García y su tío Antolín.
"No sé, no sé por qué les mataron", dice el penúltimo de siete hermanos, aunque cree que pudo ser porque "cuando estuvo aquí la izquierda fueron a por algo de ganado para comer y cogieron una vaca o dos de una finca y, en cuanto que revolvió la cosa, pues a por ellos fueron".
Heliberto, que todavía recuerda que unos milicianos republicanos advirtieron a su padre de que se fuera, que lo podían matar, ha visitado prácticamente todos los días la fosa, descubierta en gran medida gracias al testimonio de Lucio, de 93 años, que señaló aproximadamente el lugar.
"Se decía que ahí estaban los venteros", dijo a la AFP Lucio, que tras acabar la Guerra Civil, vivió durante años a apenas 200 metros del lugar donde se encuentra la fosa, que los miembros de la ARMH lograron situar tras localizar con el detector de metales una concentración de balas.
"Conseguimos encontrar un punto donde había sobre todo proyectiles, aparecieron todos juntos y algunos son tiros de gracia", dice René Pacheco, el arqueólogo que dirige la exhumación, mientras muestra unos proyectiles completamente aplastados, como si hubieran sido disparados a poca distancia del suelo.
Sin embargo, los restos, enterrados durante décadas en una tierra arcillosa, están en un estado pésimo y Pacheco está prácticamente seguro que será imposible identificarlos.
"Los familiares ya lo saben y posiblemente lo que se haga será enterrarlos todos juntos en un nicho en el cementerio de San Julián", dice, antes de atender a un grupo que ha llegado desde Avila, a unos 125 km, para visitar la fosa.
Ayudada por sus nietas, Paula Polo González, de 78 años, se acerca a la fosa donde reposa su padre, Lorenzo Polo.
Vestida de negro y muy emocionada, Polo, que tenía tres años cuando mataron a su padre recuerda que "venía con mi madre y mi hermana aquí todos los domingos y sólo veía a mi madre llorar, pero cuando le preguntaba por qué lloraba, me decía: ya te lo diré".
"Me parece que los van a enterrar juntos", añadió Polo, mientras sus nietas Patricia y Ana María Jiménez, que iniciaron la búsqueda de su bisabuelo hace seis años, aseguran que ahora "tendrán un sitio donde llevarle unas flores".
Antes, los restos viajarán al laboratorio de la ARMH en Ponferrada (noroeste) para ser analizados y después volverán a los familiares, que, posiblemente los dejarán en el cementerio de las Ventas de San Julián.
"Se quedarán todos en el pueblo, que es donde tenían que haber estado desde el principio, y haremos alguna placa o pondremos alguna calle a su nombre, lo que decidamos", sentenció el actual alcalde de San Julián, Fernando Carrera.
Un laboratorio para recuperar la identidad de olvidados de la Guerra Civil
El pequeño laboratorio que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) tiene en Ponferrada (noroeste) apenas es suficiente para tratar de devolver su identidad a las decenas de ejecutados por franquistas durante la Guerra Civil (1936-1939) que cada año recuperan de fosas comunes.
"Ahora mismo tendremos unos ochenta cuerpos de todas partes de España, de Cantabria, de Galicia, de Castilla y León", dice a la AFP el vicepresidente de la ARHM, Santiago Macías, mientras muestra cajas con restos, cada una marcada con el lugar donde ha sido recogida.
Situado en el campus de la Universidad de León en Ponferrada, el pequeño recinto está empapelado con portadas de periódicos que hablan sobre la memoria histórica y en uno de sus lados, un armario está lleno con miles de fichas de casos de desaparecidos investigados y por investigar.
Una vez que se ha investigado, localizado la fosa y sacado los restos, estos son trasladados a este laboratorio para su identificación por forenses voluntarios, lo que ralentiza el proceso.
"Vengo cuando me llaman y puedo. Ahora estoy diez días", dice a la AFP Helena Vergara, bióloga y antropológa forense, mientras mide un hueso, de un esqueleto que está examinando.
Sobre una mesa, Vergara tiene expuesto unos huesos en posición anatómica para su examen: piernas, caderas y extremidades superiores.
"Primero se hace un estudio básico, se miden los huesos, para saber la talla, por ejemplo. Después se miran las características y si hay patologías, por ejemplo, para saber ver la edad miramos si tiene artrosis, como tiene los dientes...", explica la científica.
"Por último, se mira la causa de la muerte, si hay fracturas, si hay tiros" para lo que se reconstruyen los huesos, especialmente, los cráneos, dos de los cuales reposan sobre una mesa mostrando claramente unos orificios de bala.
A veces, la ARMH también recurre a los análisis genéticos para lo que acude a otros laboratorios más equipados, sin embargo también puede ocurrir que los restos estén tan mal, que la identificación es imposible.
Una vez completada la identificación "se hace un informe, tratándolo como si fuera un caso judicial, por si en un futuro pudiera servir", añade Vergara, cuya asociación ha abierto en diez años más de 150 fosas y recuperado más de 1.500 cuerpos de personas ejecutadas durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista.
La última parte es devolver los restos a los familiares para que dispongan de ellos como quieran tras una larga espera de más de 70 años.
