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"La situación es la de un impasse", ya que no se mueven ni el gobierno, ni la ETA, considera el catedrático Mikel Buesa de la Universidad complutense de Madrid, doctor en Economía y autor de publicaciones sobre el terrorismo aunque, añade este especialista cercano a la Fundación de víctimas del terrorismo, en esos tres últimos años, "se ha confirmado la derrota militar de la ETA" y el grupo está muy debilitado.
ETA, a la que se le atribuye la muerte de 829 personas, renunció a la violencia el 20 de octubre de 2011, tras 40 años de atentados por la independencia del País Vasco y Navarra. Posteriormente anunció el inicio de un proceso de desarme unilateral.
En Francia "quedaban dos o tres comandos que allí permanecían para la eventualidad de una acción", pero han sido disueltos, afirma también Jean Chalvidant, autor en este país de varios libros sobre ETA.
Ahora, el combate se ha movido hacia el escenario político, añade. En el País Vasco español, la coalición independentista Euskal Herria Bildu (EH Bildu) pasó a ser la segunda fuerza política regional en las elecciones de octubre de 2012, con un 25% de los votos y 21 de los 75 diputados autonómicos.
La coalición ganó además la alcaldía de San Sebastián y dirige la provincia de Guipúzcoa, por lo cual nunca gozó de tanta influencia electoral.
Mientras, la organización clandestina ha perdido peso y trata de resolver su principal problema: el futuro de sus presos. Según la asociación de familiares y amigos de presos Etxerat, siguen siendo 469, dispersados en 76 cárceles, cien de ellos en cárceles francesas.
La ETA reclama, como parte del proceso, una negociación sobre el futuro de estos prisioneros. Y para tratar de avanzar, ha dado dos pasos: los presos admiten "la legalidad española", y el "dolor" causado por el "conflicto armado", inclusive, a sus víctimas.
Sin embargo no ha dado ninguno paso creíble hacia el desarme y Madrid sigue rehuyendo toda "negocación con terroristas" y mantiene que la única vía es la "disolución".
Su único avance en tres años en este campo, la organización separatista lo ha conseguido en Estrasburgo, cuando en 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), condenó la llamada Doctrina Parot, que permitió desde 2006 a las autoridades españolas alargar la estancia en la cárcel de decenas de presos, principalmente de la organización armada ETA, al limitar las posibilidades de rebaja de penas.
El gobierno conservador de Mariano Rajoy también se niega a concederle la mas mínima legitimidad a la Comisión internacional de verificación compuesta por seis especialistas internacionales en resolución de conflictos que se ha propuesto para supervisar un eventual desarme.
Para Mikel Buesa, un camino para el gobierno podría ser "optar por una ley del estilo de la italiana" que permitió a partir de 1987 a miembros de las Brigadas rojas conseguir mejor tratamiento si se disociaban abiertamente de la organización, sin tener que ser delatores.
El presidente del gobierno vasco Iñigo Urkullu, del PNV, trata desde hace meses de convencer a Mariano Rajoy de aceptar una salida negociada y lo que llama un "final ordenado de ETA", a través de una política de reinserción de los presos que aceptarían comprometerse con una "consolidación de la paz".
"La situación ha cambiado y el Gobierno debe acompañar este cambio para evitar que las cosas se pongan más difíciles", argumentó a principios de octubre en una entrevista con el diario El País, citando, entre otras cosas gestos simbólicos como "la presencia de representantes de Bildu en actos de homenaje a víctimas del terrorismo".
