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Los cinco hombres, identificados solo con su nombre -Celikgogus, Sen, Mert, Hasan y Mohamed- estuvieron encarcelados de dos a cuatro años en Kandahar y/o en Bagram (Afganistán) antes de ser llevados a Guantánamo (Cuba), sin haber sido nunca calificados como "combatiente enemigo", para finalmente ser liberados en Turquía y Albania, entre 2003 y 2006.
"Desde sus primeras interacciones con los soldados estadounidenses y los interrogadores", los cinco detenidos "fueron objeto de abuso físico, psicológico y religioso llevado a cabo por soldados estadounidenses y/o civiles bajo el mando de la autoridad oficial en el Departamento de Defensa", indicó su abogado defensor, Russell Cohen, que presentó la apelación ante la corte federal de Washington.
Durante los interrogatorios sufrieron privación de sueño, aislamiento y exposición a temperaturas extremas, según Cohen, que aseguró que los cinco "todavía tienen el estigma" de lo que fue considerado "tratamiento inhumano y degradante" de sus carceleros.
El abogado señaló además que tres de ellos pasaron dos años adicionales en Guantánamo, donde fueron sometidos a "diferentes formas de abusos religiosos y culturales" como la confiscación de sus coranes.
"Estos actos fueron guiados por un odio personal", dijo el abogado a la audiencia, en la que reclamó una indemnización del gobierno estadounidense, en particular del ex ministro de Defensa, Donald Rumsfeld, así como un listado de militares que estaban entonces bajo su autoridad.
Apoyado en anteriores decisiones de la justicia estadounidense, el fiscal Sydney Foster pidió a la corte desestimar la petición, al considerar que ni el derecho estadounidense ni el derecho internacional se aplica en este caso.
"Los demandantes no tienen derechos constitucionales, ya que son extranjeros que residen fuera del territorio soberano de Estados Unidos", argumentó el gobierno en su respuesta al tribunal de apelación.
Su solicitud en virtud de las convenciones de Ginebra y de Viena no es admisible, según el gobierno de Estados Unidos porque "no son textos que permiten obtener una indemnización de un empleado federal".
Sin embargo, "el trabajo (de empleados militares y civiles bajo la dirección del Pentágono) era proteger a los detenidos contra el abuso y fracasaron" en esta misión, dijo a la audiencia uno de los tres jueces del tribunal de apelación, David Tatel.
La decisión se tomará en las próximas semanas.
