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"Los enmascarados rodearon el bus y empezaron a gritar. Ya nos preparábamos para que subiera alguien con un cuchillo o un arma", relató al diario "Daily Mail" Andrew Carey, un turista británico de 39 años, sobre una experiencia que calificó de "aterradora". "Pensé que era un ataque terrorista y que había llegado mi hora".
Los encapuchados no eran terroristas, sino miembros del grupo juvenil antisistema Arran. La organización afín al partido independentista CUP, socio del Gobierno regional de Cataluña, dejó constancia de sus motivos con el mensaje que pintó en la luneta del autobús: "El turismo mata a los barrios".
Desde entonces no cesaron las noticias de incidentes que la prensa coincidió en calificar de "turismofobia": activistas de Arran se filmaron pinchando ruedas de bicicletas de alquiler en Barcelona o asaltando yates en Palma de Mallorca con bengalas y pancartas con lemas como "El turismo mata a Mallorca" o "Palma no se vende".
En las calles de las ciudades más visitadas pueden verse pintadas como "Tourism go home", "Fuck tourism" o "Tourists-Terrorists". Según la prensa, solo este año en Barcelona siete hoteles sufrieron actos vandálicos por parte de grupos radicales de izquierda anticapitalista que denuncian el turismo masivo y la sobreexplotación.
Las agresiones saltaron esta semana a los medios de todo el mundo, una imagen internacional preocupante para un país que tiene en el turismo su principal industria. "Turismofobia: el peor mensaje en el peor momento", tituló hoy un comentario el diario "El Mundo".
El Gobierno intentó contrarrestar ese efecto y argumentó que los incidentes son una excepción. "Los autores de los ataques a turistas son grupos minoritarios no representativos", aseguraron a la agencia dpa fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
"En algunas ciudades se ha abierto un debate sobre la capacidad de carga de los destinos y sobre el modelo turístico que se desea. Pero no se puede decir que exista un clima general contrario a la actividad turística. Es más, el turismo se percibe como una actividad importante que genera empleo y riqueza".
La explicación refleja las dos caras del turismo en España, uno de los destinos turísticos más populares del mundo y uno de los mejor valorados por los visitantes.
El país recibió 36,3 millones de visitantes en la primera mitad de 2017, un 11,6 por ciento más que en el mismo periodo de un 2016 récord. El "boom" turístico es uno de los factores que ha acelerado la recuperación de la cuarta economía del euro tras la debacle financiera de 2008.
"No se puede menospreciar a una industria que es motor de la economía", señalaron las fuentes del Ministerio. Según sus cifras, el turismo supone un 11,1 por ciento del producto bruto interno (PIB) de España, crea más de un 13,2 por ciento del empleo y emplea a casi 2,5 millones de personas.
Pero el fenómeno tiene también sus facetas sombrías. La principal: el alquiler de viviendas a turistas a través de plataformas como Airbnb no solo puede incomodar a vecinos, sino que también infla los precios en ciudades como Palma o Barcelona, reduce la oferta de departamentos en alquiler y termina gentrificando el centro urbano.
Además, la imagen del turismo viene sufriendo en España por las noticias cada vez más frecuentes sobre su vertiente más salvaje encarnada sobre todo por jóvenes alemanes o británicos en zonas de costa o en las islas Baleares: peleas callejeras, accidentes, borracheras, sexo en público, disturbios.
Es por eso que, si bien la "turismofobia" puede restringirse a grupos radicales, la preocupación por la masificación del turismo es generalizada: según un sondeo del Ayuntamiento de Barcelona, en el primer semestre pasó a ser el primer problema de los barceloneses relegando otros como el desempleo, la contaminación o la inseguridad.
Las autoridades llevan tiempo buscando soluciones para mejorar la situación. Esta semana entró en vigor en Baleares una nueva ley que restringe la concesión de licencias para alquileres vacacionales. Otras ciudades estudian medidas para limitar el impacto de Airbnb.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, frenó la construcción de hoteles e impuso varias multas de hasta 600.000 euros a Airbnb y otras plataformas como Homeaway por alquiler ilegal.
La propia política de izquierdas, sin embargo, fijó un límite claro al condenar los incidentes de Arran: "Protestar por el turismo no puede pasar nunca por intimidar a personas ni dañar equipamientos", advirtió. Una frontera peligrosa que esta semana quedó superada.
