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Manifestantes protestan, hoy, en Arizona, contra la aprobación de la nueva ley
LOS ANGELES, Paula Bustamante, (AFP) - Con su firma, la gobernadora Jan Brewer promulgó una ley que indignó a organizaciones defensoras de los inmigrantes sin papeles, alegró a grupos ultra conservadores y generó rechazo del gobierno de México, que, según prometió, "utilizará todos los recursos a su alcance para defender los derechos y dignidad de los mexicanos en Arizona".
La gobernadora de Arizona (suroeste) estampó su firma mientras miles de manifestantes en las puertas de la sede de Gobierno estatal en Phoenix alzaban pancartas y gritos contra la ley que supone un claro desafío al gobierno del presidente Barack Obama.
La ley convierte en delito residir en el país sin documentos y permite a la policía confirmar el estatuto migratorio en base a "sospechas razonables".
"La ley que voy a firmar, el proyecto del Senado 1070, es otra medida de nuestro estado que trabaja por resolver una crisis que no hemos creado y el gobierno federal se ha negado a solucionar", dijo la Gobernadora.
"Durante semanas, esta legislación ha sido objeto de un intenso debate e intensa crítica. Mi decisión de firmar no fue de ninguna manera tomada a la ligera. He escuchado pacientemente a ambos lados", aseguró Brewer.
El presidente Obama había calificado de "irresponsable" este intento de ley en Arizona, horas antes de su promulgación el viernes.
"Decidí firmar la ley porque, aunque mucha gente está en desacuerdo, creo firmemente que representa lo mejor para Arizona", apuntó Brewer al mencionar los problemas de violencia y criminalidad que sufre la población a raíz de "una frontera porosa".
"No podemos sacrificar nuestra seguridad ante la codicia criminal de los carteles de la droga. No podemos permanecer de brazos cruzados mientras los secuestros y la violencia comprometen nuestra calidad de vida", agregó Brewer.
La indignación por la promulgación de la ley no se hizo esperar por parte de las organizaciones defensoras de los inmigrantes indocumentados, unos 11 millones a nivel nacional, que viven y trabajan en el país con documentación para los empleadores pero sin visas.
"La promulgación de la nueva ley migratoria por parte de la gobernadora de Arizona es otro ejemplo de por qué necesitamos arreglar nuestro averiado sistema de inmigración", dijo el líder de la mayoría demócrata en el Senado estadounidense, Harry Reid, en Washington.
"Estamos muy decepcionados" por la decisión de la gobernadora Brewer, dijo en un comunicado Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), la organización defensora de los derechos civiles de la minoría hispana más grande en Estados Unidos.
Según Murguía, "Brewer se une a una larga lista de políticos de Arizona que están tratando de asegurar su propia supervivencia política a expensas del pueblo que dicen representar y servir".
Aunque Arizona no es uno de los Estados con mayor cantidad de indocumentados en el país, es la segunda jurisdicción -después de Nevada-, con mayor proporción de inmigrantes ilegales respecto a su población: casi medio millón en relación a 6 millones de habitantes, según datos del Centro Hispano Pew.
Para Angela M. Kelley, Vicepresidenta del Instituto de Immigration Policy and Advocacy, esta "ley legaliza la detención y el arresto de personas que podrían parecer inmigrantes indocumentados, basándose simplemente en su apariencia".
Brewer aseguró que "no tolerará la discriminación racial". Una vez promulgada la ley, un periodista le preguntó qué características tenían para ella los indocumentados: "Yo no sé cómo es un inmigrante ilegal", respondió.
La gobernadora de Arizona (suroeste) estampó su firma mientras miles de manifestantes en las puertas de la sede de Gobierno estatal en Phoenix alzaban pancartas y gritos contra la ley que supone un claro desafío al gobierno del presidente Barack Obama.
La ley convierte en delito residir en el país sin documentos y permite a la policía confirmar el estatuto migratorio en base a "sospechas razonables".
"La ley que voy a firmar, el proyecto del Senado 1070, es otra medida de nuestro estado que trabaja por resolver una crisis que no hemos creado y el gobierno federal se ha negado a solucionar", dijo la Gobernadora.
"Durante semanas, esta legislación ha sido objeto de un intenso debate e intensa crítica. Mi decisión de firmar no fue de ninguna manera tomada a la ligera. He escuchado pacientemente a ambos lados", aseguró Brewer.
El presidente Obama había calificado de "irresponsable" este intento de ley en Arizona, horas antes de su promulgación el viernes.
"Decidí firmar la ley porque, aunque mucha gente está en desacuerdo, creo firmemente que representa lo mejor para Arizona", apuntó Brewer al mencionar los problemas de violencia y criminalidad que sufre la población a raíz de "una frontera porosa".
"No podemos sacrificar nuestra seguridad ante la codicia criminal de los carteles de la droga. No podemos permanecer de brazos cruzados mientras los secuestros y la violencia comprometen nuestra calidad de vida", agregó Brewer.
La indignación por la promulgación de la ley no se hizo esperar por parte de las organizaciones defensoras de los inmigrantes indocumentados, unos 11 millones a nivel nacional, que viven y trabajan en el país con documentación para los empleadores pero sin visas.
"La promulgación de la nueva ley migratoria por parte de la gobernadora de Arizona es otro ejemplo de por qué necesitamos arreglar nuestro averiado sistema de inmigración", dijo el líder de la mayoría demócrata en el Senado estadounidense, Harry Reid, en Washington.
"Estamos muy decepcionados" por la decisión de la gobernadora Brewer, dijo en un comunicado Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), la organización defensora de los derechos civiles de la minoría hispana más grande en Estados Unidos.
Según Murguía, "Brewer se une a una larga lista de políticos de Arizona que están tratando de asegurar su propia supervivencia política a expensas del pueblo que dicen representar y servir".
Aunque Arizona no es uno de los Estados con mayor cantidad de indocumentados en el país, es la segunda jurisdicción -después de Nevada-, con mayor proporción de inmigrantes ilegales respecto a su población: casi medio millón en relación a 6 millones de habitantes, según datos del Centro Hispano Pew.
Para Angela M. Kelley, Vicepresidenta del Instituto de Immigration Policy and Advocacy, esta "ley legaliza la detención y el arresto de personas que podrían parecer inmigrantes indocumentados, basándose simplemente en su apariencia".
Brewer aseguró que "no tolerará la discriminación racial". Una vez promulgada la ley, un periodista le preguntó qué características tenían para ella los indocumentados: "Yo no sé cómo es un inmigrante ilegal", respondió.
