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"El gobierno de Michel Temer sí quiere legalizar las demarcaciones (de tierras)", afirmó el ministro de Justicia, Osmar Serraglio, de quien depende la Fundación Nacional del Indígena (Funai), el órgano público encargado del proceso de reconocimiento de territorios indígenas.
"Lo que haremos es identificar por qué los procesos están tan lentos, trabados, incluso dificultados", añadió Serraglio, exlegislador ligado al agronegocio que ha sido fuertemente criticado por organizaciones afines a la causa indígena.
Las declaraciones fueron motivadas por un nuevo episodio de violencia en el estado de Maranhao (noreste), donde indígenas de la etnia Gamela fueron atacados el domingo por unos 200 hombres armados cuando abandonaban una tierra que habían ocupado por mano propia la semana pasada.
Tres de los indígenas heridos permanecían internados en un hospital este miércoles, informó la prensa local, que reportó asimismo que una mujer denunció ante la policía haber sido secuestrada por los gamela antes del enfrentamiento.
El Consejo Indígena Misionero (Cimi), ligado a la Iglesia católica, asegura que un total de 13 indígenas fueron heridos en el ataque.
La tierra en cuestión aún no fue sometida a estudio de la Funai para evaluar si puede ser reconocida como tierra indígena.
El presidente del organismo, Antonio Costa, admitió el martes que la Funai se encuentra desbordada debido a que "la mano de obra escasa" con la que cuenta desde hace varios años impide un correcto estudio de las solicitudes de nuevas demarcaciones.
Esto se agravó con un recorte de 44% del presupuesto de la Funai para este año, como parte de la contención de gastos impulsada por el gobierno para ajustar las cuentas públicas, informó Costa.
El ministro de Justicia aseguró que el recorte aplicado a la Funai es exactamente el mismo que el del resto de los organismos de su cartera: "No se destinó ni un centavo más o menos a la Funai", resaltó.
Los Gamela alegan que las tierras en disputa les fueron donadas durante la época colonial, pero que fueron expulsados de allí a partir de 1970 debido a la expansión de las actividades agropecuarias.
Desde 2015 los indígenas han decidido "re-ocupar" algunas regiones por cuenta propia, lo que ha generado enfrentamientos con los productores instalados en las tierras.
"Lo que haremos es identificar por qué los procesos están tan lentos, trabados, incluso dificultados", añadió Serraglio, exlegislador ligado al agronegocio que ha sido fuertemente criticado por organizaciones afines a la causa indígena.
Las declaraciones fueron motivadas por un nuevo episodio de violencia en el estado de Maranhao (noreste), donde indígenas de la etnia Gamela fueron atacados el domingo por unos 200 hombres armados cuando abandonaban una tierra que habían ocupado por mano propia la semana pasada.
Tres de los indígenas heridos permanecían internados en un hospital este miércoles, informó la prensa local, que reportó asimismo que una mujer denunció ante la policía haber sido secuestrada por los gamela antes del enfrentamiento.
El Consejo Indígena Misionero (Cimi), ligado a la Iglesia católica, asegura que un total de 13 indígenas fueron heridos en el ataque.
La tierra en cuestión aún no fue sometida a estudio de la Funai para evaluar si puede ser reconocida como tierra indígena.
El presidente del organismo, Antonio Costa, admitió el martes que la Funai se encuentra desbordada debido a que "la mano de obra escasa" con la que cuenta desde hace varios años impide un correcto estudio de las solicitudes de nuevas demarcaciones.
Esto se agravó con un recorte de 44% del presupuesto de la Funai para este año, como parte de la contención de gastos impulsada por el gobierno para ajustar las cuentas públicas, informó Costa.
El ministro de Justicia aseguró que el recorte aplicado a la Funai es exactamente el mismo que el del resto de los organismos de su cartera: "No se destinó ni un centavo más o menos a la Funai", resaltó.
Los Gamela alegan que las tierras en disputa les fueron donadas durante la época colonial, pero que fueron expulsados de allí a partir de 1970 debido a la expansión de las actividades agropecuarias.
Desde 2015 los indígenas han decidido "re-ocupar" algunas regiones por cuenta propia, lo que ha generado enfrentamientos con los productores instalados en las tierras.
